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La otra guerra de Uribe: los estudiantes y las universidades públicas por CILEP.

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CILEP - Red Libertaria Popular Mateo Kramer

Introducción
Desde hace unos años, la guerra sucia que atraviesa Colombia se ha trasladado a los recintos universitarios, donde estudiantes, trabajadores y profesores han sufrido amenazas, persecución y asesinatos. Esto, en medio de una bien orquestada campaña mediática que busca crear un ambiente de histeria, la cual llegó a su clímax con los famosos videos de la senadora uribista Gina Parody y las acusaciones de la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),

con los cuales se pretendía señalar al movimiento estudiantil organizado como una mera fachada de la insurgencia. No es necesario insistir en que este ambiente de histeria colectiva es el que busca justificar el uso de la fuerza bruta, que bajo la política de Seguridad Democrática del presidente Uribe Vélez se traduce en la militarización de todas las esferas de la vida social.

Al contrario de la imagen que se pretende entregar desde el oficialismo de que los hechos de violencia que han sacudido a las universidades públicas serían de carácter aislado, sin conexión entre sí, y al margen de motivaciones políticas, un estudio sistemático de estas agresiones nos revela que estamos ante una estrategia global de represión, control e intervención a las universidades públicas. Esta estrategia consta de diferentes aspectos en los que, como ha sido la respuesta característica de las clases dominantes a la protesta social, se mezcla la acción de las instituciones oficiales con la acción de actores para-institucionales (ie. el paramilitarismo).

Mediante esta estrategia se busca imponer un modelo elitista de educación, profundizar la mercantilización de las universidades públicas y del concepto mismo de educación (convirtiéndolo en un jugoso negocio en lugar de un derecho) e intervenir existentes y potenciales centros de crítica al régimen autoritario que se impone mediante el proyecto uribista. La represión y criminalización al movimiento estudiantil, a los académicos críticos y a los trabajadores universitarios sindicalizados busca, a su vez, aplastar la resistencia a este proyecto impulsado por el gobierno de Uribe Vélez.

Este documento de carácter colectivo es a la vez una denuncia y una reflexión que pretende, mediante la revelación de los mecanismos por los cuales avanza la intervención institucional y paramilitar, ayudar a fortalecer esa resistencia que se quiere suprimir y así poder, junto a ella, avanzar a la derrota de este proyecto autoritario.

1. El Neoliberalismo Pedagógico

Desde hace ya varios años, la educación superior colombiana, y en especial la educación pública, viene sufriendo cambios sustanciales relacionados con lo que mundialmente se ha conocido como el “neoliberalismo pedagógico”[1]. Dicho tipo de neoliberalismo tiene principalmente su génesis en el “Plan Atcon” de 1963 y en las propuestas impulsadas por Milton Friedman en 1980[2]. El “neoliberalismo pedagógico” se inscribe dentro de la tendencia mundial capitalista de la privatización y consecuente mercantilización de la cultura, la salud, la vivienda y los servicios públicos. Los centros de educación superior, como centros privilegiados para el desarrollo del poder-saber, son herramientas fundamentales para la consolidación del status-quo. La universidad debe ser incluida dentro del proyecto más amplio de las reformas del neoliberalismo y, por ende, se torna necesario que sus principios y contenidos educativos sean ajustados a las reglas del mercado libre.

Como se mencionaba anteriormente, desde 1963 la educación superior colombiana ha seguido en esencia los lineamientos del Plan Atcon. Dicho plan es la síntesis de un informe sobre la universidad latinoamericana que Rudolph Atcon, asesor del Departamento de Estado de los Estados Unidos, presentó en el marco de la llamada “Misión California”. Atcon propone en su informe que la universidad latinoamericana debe ser reformada no sólo para insertarla dentro del panorama neoliberal de la economía mundial, sino para que además ella no sea contraria a los intereses estadounidenses. En sus palabras: “América Latina vive en un anacronismo permanente por lo cual es necesario invadir el organismo social con una élite nativa que simpatice con el modelo y la cultura norteamericana”[3]. Para garantizar la creación de esta élite nativa es imprescindible que el acceso a la universidad sea restringido y que, en general, haya una importante sintonía con el proyecto de vida estadounidense. Con esto claramente se garantiza la continuidad del dominio colonial y la adopción de políticas afines al capitalismo global. Pero, como si no fuera poco, Atcon insiste en que el desarrollo de este modelo educativo debe ir acompañado por la eliminación de las fuerzas negativas que abundan en los centros de educación superior. El estadounidense se refiere principalmente a dos fuerzas. La primera de ellas es la financiación estatal que, según el neoliberalismo, trunca el desarrollo del mercado libre. La segunda, la existencia de un estudiantado rebelde y politizado que puede convertirse en un obstáculo para la implementación de las reformas que exige el nuevo modelo educativo.

Como es notorio, en el Plan Atcon está en ciernes lo que años después recibirá el nombre de “neoliberalismo pedagógico”. Milton Friedman, en su libro Libertad de elegir plantea que los estudiantes y sus padres deben tener justamente la libertad de decidir en qué institución estudiar y que, por ende, lo más consecuente con la democracia liberal y con el libre mercado es que el Estado financie la demanda y no la oferta de educación. En la propuesta de Friedman el estudiante se convierte, entonces, en un cliente que escoge libremente y que, si no tiene dinero para pagar la institución de su elección, debe recurrir a becas, créditos educativos o diversas alternativas de financiación. Así, la atención se desplaza desde el campo de los servicios al ámbito de los clientes y éstos se convierten en el centro de los desarrollos educativos. Esto último va de la mano con la formación de clientes que resulten óptimos para el funcionamiento del mercado. Los clientes no sólo contribuyen a que haya una mayor o menor demanda de determinadas instituciones educativas, sino que además ellos mismos, después de ser educados, se tornan en capital humano ofrecido en el intercambio mercantil. Cada estudiante, al ingresar a una institución, está invirtiendo en sí mismo para cualificar su fuerza de trabajo y hacerla atractiva y competitiva en el mercado. Esta fuerza de trabajo adquiere un precio y el estudiante ya graduado, ahora un profesional, es una mercancía que puede ser tranzada por cualquier otra. Es de esta forma que se pone en marcha la “mercantilización de la educación” y se producen en masa profesionales con ciertas competencias laborales y con un acervo de técnicas eficientes para los procesos productivos.

El neoliberalismo pedagógico que recoge las propuestas de Atcon y Friedman se ha actualizado recientemente en el Plan Bolonia. Este Plan busca la constitución de un Espacio Común Educativo Europeo para el 2010. Su meta principal es unificar los programas educativos para facilitar el intercambio de estudiantes y egresados. Aunque en principio este proyecto de Bolonia parece ser otra de las bondades del capitalismo globalizado, lo cierto es que detrás de sus propósitos se encuentra toda una política de privatización, de estandarización de la educación, de disminución de la calidad de los programas de pregrado y de violación de la autonomía universitaria.

2. La Universidad Pública ante la imposición del neoliberalismo pedagógico

En Colombia, el neoliberalismo pedagógico ha sido impuesto –incluso, como se verá más adelante, a sangre y fuego– desde las orientaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial, la CEPAL y la Unesco. El gobierno colombiano, especialmente el actual, se ha trazado la meta de hacer efectivas las medidas de tales organismos y para realizar dicho objetivo ha tenido en la mira a la universidad pública. Esto no es casual dado que la universidad pública resulta deficiente en la terminología del neoliberalismo y además ha sido hasta la fecha uno de los más importantes bastiones de resistencia a este modelo.

Ahora bien, la imposición del neoliberalismo pedagógico en la educación superior pública de Colombia tiene sus tiempos y estrategias. En primer lugar, ella no se realiza inmediatamente, sino que tiene un ritmo lento que muchas veces contribuye a ocultar los objetivos de fondo. En segundo lugar, la imposición se hace desde diferentes flancos, apuntando en ocasiones a aspectos económicos, sociales y políticos y, en otras, a cuestiones académicas y policivas[4]. Teniendo esto en cuenta, la manera más directa de incluir a la universidad pública dentro del sistema de educación que exige el mercado es ciertamente la privatización. Esta privatización es un proceso demorado que consiste en conducir a las universidades públicas a un peligroso estado de desfinanciación. Esto se viene desarrollando desde la ley 30 de 1992 que si bien dio continuidad a las transferencias de la nación a las universidades públicas, descuidó en gran medida las necesidades de dichas instituciones congelando el aumento de recursos para la renovación de las plantas docentes, el aumento de la cobertura, las nuevas obras de infraestructura, la dotación de bibliotecas y laboratorios y los proyectos de inversión de las universidades. Desde ese momento hasta el día de hoy, las universidades públicas colombianas han experimentado diferentes medidas de desfinanciación que se ha profundizado considerablemente con los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de Uribe Vélez y la inclusión, durante su gobierno, de las instituciones de educación superior en la llamada ley de quiebras. El primer PND del gobierno de Uribe le restó a todas las universidades públicas del país un 12% de su presupuesto, el segundo, a través del famoso artículo 38, determinó que las universidades públicas nacionales debían concurrir con el gobierno para el pago del pasivo pensional[5]. Por su parte, la llamada ley de quiebras hizo posible que la norma de reestructuración empresarial fuera aplicada a las universidades públicas, lo que en pocas palabras significa que lentamente tales instituciones educativas se convierten en empresas y son sometidas a acuerdos promovidos por el Ministerio de Hacienda.

Estas medidas uribistas nos dejan frente a un preocupante escenario de desfalcos presupuestales en varias universidades públicas del país. El caso más sonado es el de la Universidad del Atlántico que experimentó, entre otras cosas, un aumento de matrículas del 330%, el despido de varios trabajadores y la disminución considerable de profesores de planta y docentes ocasionales[6]. Pero además del caso de esta universidad, podemos mencionar el gran déficit presupuestal que están afrontando la Universidad de Pamplona, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, la Universidad de Magdalena y la Universidad Pedagógica Nacional[7]. Según los mismos datos del Ministerio de Educación el gasto público en educación superior se redujo del 1% del PIB en el 2002 al 0,92% en el 2009.

No obstante, aparte de este fundamental componente económico, que poco a poco lleva a la universidad pública a la privatización, está el ataque que se ejerce en el terreno de lo académico, lo político y lo social. La disminución de la calidad de la educación y su estandarización según los modelos estadounidenses o europeos se llevan a cabo por medio de las reformas académicas –como la que intentó Marco Palacios en el 2005 en la Universidad Nacional– y las transformaciones de los estatutos estudiantiles. Por el lado político es claro que los centros de educación superior del país cada vez pierden más su autonomía y, por otro, que las decisiones al interior de ellas son en la mayoría de los casos tomadas de manera antidemocrática. Así, las reformas, sean ellas académicas o económicas, se implantan de la manera más autoritaria posible, imponiendo medidas inconsultas o poco difundidas. En lo social, la universidad cada vez se desentiende más del bienestar universitario y del acceso de los estudiantes de bajos recursos a las instituciones. Las cafeterías y los centros de recreación están pasando a manos privadas y las residencias estudiantiles son casi inexistentes en la mayoría de los campus alrededor de Colombia.

De igual manera, la dimensión social de la universidad pública también está bajo el fuego de las políticas de educación uribistas. Aunque la universidad latinoamericana nació bajo el modelo de corte francés  específicamente napoleónico–, que tenía como propósito preparar a los hijos de los terratenientes, funcionarios y comerciantes para el desempeño en cargos de gobierno y en otros prestigiosos oficios liberales[8], después del Manifiesto de

Córdoba de 1918, dicha universidad experimentó un lento proceso de apertura y democratización que comenzó a asentarse en Latinoamérica varias décadas más tarde. Este Manifiesto, que fundamentalmente postulaba la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, la libertad de cátedra, la educación gratuita costeada por el Estado y la general democratización de la universidad, fue adoptado casi al pie de la letra por el naciente movimiento estudiantil colombiano[9]. Así pues, el Manifiesto de Córdoba visibilizó en los centros de educación superior alrededor del continente un conflicto de clases que estaba latente y que condicionará a partir de ese momento la concepción latinoamericana de la universidad pública. Las universidades, profundamente elitistas y por tanto diseñadas para formar los cuadros técnicos e intelectuales de la burguesía, sufren en su interior una serie de cambios a raíz de las luchas sociales y políticas lideradas por el estudiantado. Ahora bien, son precisamente estas victorias parciales del estudiantado rebelde las que son atacadas a través de la imposición del neoliberalismo pedagógico.

3. El movimiento estudiantil y la resistencia al modelo educativo

Sin embargo, dicha ola de ataques contra las universidades públicas no ha pasado sin respuesta. A partir del 2005 el país ha sido conmocionado en varias oportunidades por importantes movilizaciones y protestas realizadas dentro y fuera de los claustros universitarios. Frente a la reforma académica de Palacios los estudiantes de la Universidad Nacional reaccionaron con el paro más fuerte de la historia de dicha universidad desde 1984. El paro duró varios meses y retornó incluso después de que los estudiantes fueron enviados forzosamente a vacaciones. Frente a dicho paro tuvo que dimitir el rector Palacios y ser reemplazado por Ramón Fayad, quien finalmente se enfrentó a una victoria parcial del movimiento estudiantil. Dos años después, en el 2007, estalló otro paro, esta vez a nivel nacional, a causa del artículo 38 del PND. El paro se hizo por varios meses en diversas universidades nacionales del país y fue acompañado por numerosas y nutridas movilizaciones callejeras e, incluso, por violentas protestas en ciudades como Manizales y Popayán. En Bogotá, todas las universidades públicas, no sólo las de carácter nacional, se sumaron al paro y además recibieron el apoyo de varios estudiantes de colegios distritales. En esta ocasión ciertas universidades del país fueron cerradas, algunos semestres cancelados y varios estudiantes fueron detenidos. En el 2008 la Universidad Nacional, y en especial sus sedes de Manizales, Medellín, Bogotá y Palmira, experimentó una gran protesta estudiantil a causa de la implantación autoritaria de un nuevo Estatuto Estudiantil. Aunque no hubo tantas movilizaciones callejeras, las universidades fueron bloqueadas y ocupadas varios días por los estudiantes. Los rectores intentaron cerrar los campus, pero éstos fueron abiertos día tras día por las personas que se sumaban a la protesta. Además de estos tres grandes momentos, universidades como la Pedagógica de Bogotá, la del Valle, la del Atlántico, la de Antioquia, la del Tolima y la de Tunja, para nombrar sólo algunas, han protestado constantemente por los problemas presupuestales, por las reformas académicas y por la fuerte represión contra el movimiento estudiantil.

4. El control totalitario de los centros de pensamiento crítico

Pero sería un error pensar que un proyecto intrínsecamente autoritario como el de Uribe, que se ha caracterizado por el control de los medios de información y que reposa sobre la instalación forzosa de un pensamiento hegemónico contra-insurgente (que cree ver en las guerrillas la causa y la razón última de todos los males que aquejan a este mundo), por el revisionismo histórico de Colombia y por la instalación de una amnesia colectiva, tendría el interés de atacar al estudiantado solamente por sus movilizaciones reivindicativas.

García, Carlos Arturo. “El movimiento estudiantil en Colombia década del sesenta”, en: Universidad y Sociedad, Revista Argumento, números 14/15, 16/17, Bogotá, 1986, p. 189. Todo régimen autoritario concentra sus ataques en la universidad, en la medida en que ve en ella un enclave de potencial cuestionamiento del sistema. No por nada, otro totalitario, el dictador Pinochet, acuñó una famosa frase que describe a la perfección la visión uribista sobre la educación superior: “a las universidades se viene a estudiar, no a pensar”.

Pero veamos esto en su contexto. Una de las estrategias que caracteriza al pensamiento totalitario del gobierno de Uribe es su preocupación por salvaguardar e intensificar dinámicas de dominación que garanticen la perpetuidad del actual estado de cosas. Esto quiere decir que en los últimos años el gobierno ha hecho uso de un sinfín de artimañas mediáticas, económicas, políticas y represivas para mantenerse en el poder, edificando así un proyecto de derecha que exalta la lógica militarista, la cual, bajo el amparo de la lucha contrainsurgente, ha recibido el apoyo de las élites más conservadoras y retardatarias del país y, especialmente, de grupos paramilitares.

Esta estrategia contra-insurgente encuentra su mayor expresión en la “política de defensa y seguridad democrática”[10] redactada en 2003 y que, en palabras del propio presidente Uribe, busca “recuperar el orden y la seguridad” que ha sido usurpada por el “terrorismo”. A lo largo de dicho documento existe un explícito interés por aclarar que “la seguridad democrática se diferencia de las concepciones de seguridad profesadas por regímenes autoritarios, partidarios de la hegemonía ideológica y la exclusión política” y por precisar que alcanzar la seguridad del país no es incompatible con los procesos democráticos y, mucho menos, con la protección de los derechos humanos. No obstante, aclara que “hay que trazar una línea nítida entre el derecho a disentir y la conducta criminal”, con lo cual no se desecha la posibilidad de relacionar (convenientemente) cualquier acción y pensamiento divergente del régimen actual con terrorismo, frente al cual “sólo puede haber una respuesta: derrotarlo”.

Es importante resaltar que esta política contra-insurgente no sólo lleva consigo una lógica de aniquilamiento de las guerrillas y de aquellos sectores sociales que abiertamente expresan su interés de transformar el presente escenario de desigualdad económica y social, sino además busca incidir sobre las potencialidades disidentes, es decir, sobre todos los espacios donde el pensamiento del régimen no ha logrado un control absoluto, donde el pensamiento discrepante no ha sido opacado por completo y de donde –a los

ojos del pensamiento totalitario– pueden emerger propuestas organizativas que pongan en cuestión el orden imperante y, en últimas, los intereses de la clase dominante del país.

Uno de los sectores que entra dentro de esta categoría de potencialidades disidentes esel sector universitario conformado por estudiantes, profesores y trabajadores. Es decir, dentro del ámbito académico existen intersticios que aún no han podido ser conquistados del todo por la lógica del gobierno, los cuales se convierten en escenarios de conflicto y persecución, donde la delgada línea que diferencia el derecho a disentir (a pensar, a discutir, a cuestionar, a investigar, a criticar) se desvanece rápidamente para abrir paso a la criminalización del sector universitario.

5. Macartismo y criminalización: preámbulo a la violencia

De esta forma, durante el gobierno del presidente Uribe las acusaciones generalizadas y los señalamientos realizados por altos funcionarios para estigmatizar las universidades y otros centros de educación pública (el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, por ejemplo) como escenarios urbanos de adiestramiento subversivo, ha sido una constante. Uno de los primeros en hacer este tipo de declaraciones altisonantes fue el vicepresidenteFrancisco Santos, quien el 20 de octubre de 2006 emitió declaraciones en todos los medios de comunicación solicitando –casi textualmente– la militarización de las universidades públicas, bajo los supuestos de que en ellas operan grupos subversivos y que los activistas estudiantiles son “infiltrados terroristas”[11]. Siguiendo esta línea argumentativa, el 13 de abril de 2007, el entonces Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias (actual candidato presidencial por el Partido Conservador),quien asimismo se considera “un fiel soldado en los caminos del uribismo”[12], aseguró que era necesario infiltrar las principales “guaridas de los terroristas”, es decir las universidades[13]. Dos años después, la senadora Gina Parody del Partido de la U[14] hizo lo suyo con toda una orquesta mediática que resonó con fuerza, abriendo un escenario propicio para el señalamiento del movimiento universitario al afirmar que “las FARC se están infiltrando en las universidades bogotanas”, dando a entender que en estas instituciones se busca “adoctrinar los núcleos con claros objetivos militares”[15].

También durante septiembre de 2008, al mismo tiempo que Parody desataba la histeria por la supuesta “infiltración terrorista” de las universidades públicas de Bogotá, la directora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) María del Pilar Hurtado se sumaba a esta bien orquestada comedia macabra, y acusó a organizaciones estudiantiles de servir de fachada de las FARC-EP[16] y que en la Universidad de Antioquia, estudiantes de bacteriología, física, educación física, zootecnia y grupos estudiantiles como el de medicina social serían “semilleros” de las FARC-EP[17]. A consecuencia de estas acusaciones, dicho sea de paso, al menos 20 estudiantes debieron desplazarse por el recrudecimiento de las amenazas.

Este tipo de declaraciones apuntan a reducir toda forma de organización estudiantil, toda protesta, marcha y expresión de disconformidad universitaria a meras acciones promovidas por la insurgencia, buscando así su respectiva criminalización. Es decir, busca despojar al movimiento estudiantil de todo sentido político propio, tachándolo de ser obra (o a lo sumo cómplice) de grupos “terroristas”, buscando un efecto macartista para así justificar y facilitar el ulterior accionar represivo sobre el mismo[18].

Que estos señalamientos son el preámbulo a la violencia, se desprende de la declaración del jefe paramilitar Salvatore Mancuso en relación a la intervención que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron de la Universidad de Córdoba (Unicor), pues supuestamente ese era un espacio “donde se impartía una ideología tendenciosa hacia el fenómeno guerrillero (…) no podíamos permitir el adoctrinamiento de los muchachos (…) empezamos a intervenir”[19].

6. La violencia represiva: preámbulo a la intervención

La criminalización no pasa desapercibida al Estado. De hecho, son sus propias

instituciones las que –en manos de funcionarios de dudosa reputación con claros nexos con grupos paramilitares– sistematizan e institucionalizan la persecución a estudiantes, trabajadores sindicalistas de la universidad y profesores. Este es el caso presentado a fines de 2008, cuando el entonces fiscal 12 de la Unidad Nacional de Antiterrorismo, Jorge Iván Piedrahita Montoya, ordenó intervenir las bases de datos de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el SENA, desde 1992, con el fin de indagar posibles nexos de grupos armados al margen de la ley con estos centros educativos[20]. Según estimaciones del viceministro de educación superior, las bases de datos solicitadas contenían información de por lo menos 1.450.000 personas[21]. La medida, establecida el 22 de octubre de 2008, dio pie para que el 12 de noviembre se abrieran investigaciones penales y comenzaran a judicializar a integrantes de estas universidades[22]. Uno de ellos fue William Javier Díaz Ramírez, profesor de la Universidad Distrital y coordinador del Taller de Formación Estudiantil Raíces – TJER, detenido el 14 de noviembre de 2008. El mencionado fiscal fue finalmente destituido por la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos, al fallar un proceso que tenía en su contra por abuso de autoridad y otras irregularidades[23] cometidas en el ejercicio de su cargo[24].

Este conglomerado de señalamientos promovió una oleada de detenciones, fortaleciendo con ello la persecución política e institucional contra la universidad pública y las posturas disonantes que no seguían al pie de la letra las reglas definidas por el régimen. Así lo demuestran las capturas de varios profesores y estudiantes de universidades públicas sindicados de “rebelión”, tales como: María Antonia Espitia y Ipayú Reyes López (ambos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia), Cristina Isabel Guzmán (actriz de teatro y estudiante de la Universidad Nacional), Hugo Giovanni Hilarión (integrante de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – FESCOL), Edison Javier Reyes Roa (integrante de Territorio Sur)[25] y otros docentes e investigadores que aún en el exterior son objeto de la persecución: Este es el caso de la detención y deportación arbitraria a Colombia, el 22 de mayo de 2009, de Miguel Ángel Beltrán, reconocido académico colombiano, quien realizaba una estancia posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM (México) que fue acusado de “ser miembro prominente de las FARC”[26].

Al respecto, y en el marco de la coyuntura de paros y protestas estudiantiles acontecidas en 2008 en la Universidad Nacional de Colombia, el presidente Uribe afirmó que son los mismos estudiantes y profesores de las universidades públicas quienes piden que la Policía Judicial y la Fiscalía procedan a judicializar a los integrantes de “grupos subversivos que están haciendo daño al claustro educativo”. El mandatario explicó que el gobierno colombiano es respetuoso de la libertad de cátedra y de pensamiento, pero que “no puede tolerar bandidos penetrando las universidades”. Por lo tanto, es necesario que la policía “judicialice, cuanto antes, a esos bandidos que están haciendo daño en la Universidad Nacional”[27].

7. La paramilitarización de las universidades colombianas

Ahora bien, la guerra de alta intensidad que se vive en varias de las universidades públicas del país no se limita a una persecución institucional y a la represión legal, ni mucho menos a escuetas acusaciones mediáticas y discursivas. Desde la supuesta “desmovilización” del paramilitarismo en el 2006, con el fin formal de las AUC, se constata, por una parte, la continuidad de las estructuras paramilitares bajo nuevas formas organizativas sin un mando unificado a nivel nacional (lo que nos devuelve en cierta medida a una situación análoga a la del paramilitarismo anterior a 1997, como grupos de carácter regional). Pero también, por otra parte, se enmascara y se descontextualiza su accionar llamándoseles “bandas emergentes”, como si no tuvieran nada que ver con la estrategia de dominación de la clase dominante y estuviéramos ante meras expresiones de delincuencia común. Es difícil creer que estos complejos procesos ahora pretendan reducirse a simples y aislados actos delincuenciales, más aún cuando hay indicios que muestran que las agresiones a la comunidad universitaria se llevan a cabo de forma coordinada y metódica.

Con la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares, “reincorporados” a la vida civil y tras la “normalización” de su presencia mediante la existencia de beneficios para que ingresen a programas de capacitación y educación[28], han podido ingresar a los recintos universitarios y armar bloques dentro de ellos con el fin de intervenir un espacio de desarrollo del pensamiento crítico en un país donde estos espacios cada vez se han visto más reducidos mediante la censura, el terror y la cooptación de los medios.

Si bien todo parece indicar que estamos en una coyuntura en la cual el paramilitarismo ha dado especial intensidad a su campaña hacia las universidades a nivel nacional, la cual ha sido facilitada por el escenario político abierto con la Ley de Justicia y Paz, es importante señalar que la infiltración e intervención paramilitar no es un fenómeno nuevo. Este es un proceso que debe tenerse muy presente para analizar casos extremos como el de la Universidad de Córdoba, donde se pueden ver con toda claridad los elementos constituyentes del proceso de paramilitarización de las universidades.

8. La intervención de las AUC en la Universidad de Córdoba (Unicor): un modelo para el paramilitarismo

El caso de la Unicor es, además, uno en los cuales gracias a los testimonios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso hay abundante evidencia de cómo es el modus operandi del paramilitarismo hacia las instituciones universitarias. Esta verdad, dicho sea de paso, está empezando recientemente a salir a la luz, en un ambiente en el cual aún reina el terror, donde la presencia paramilitar es muy fuerte y donde los medios aún “justifican” a los personeros asociados al paramilitarismo en su supuesta “popularidad” lograda a través del terror y en las acciones, reales o imaginarias, de la insurgencia. Como bien comenta

un columnista en la revista Semana, resulta “inaceptable que se siga utilizando para justificar la matanza en este centro universitario el argumento falaz de que éste era un “nido de guerrilleros”[29].

En efecto, en 1995 comenzó la agresión paramilitar con una ola de violencia hacia la comunidad universitaria a la par de la estigmatización de la Unicor como un “nido de guerrilleros”: ese año es asesinado el académico Francisco Aguilar Madera y un año después es asesinado el profesor Alberto Alzate Patiño. En Junio de 1996 se atentó contra la vida del dirigente sindical de la universidad René Cabrales y, en vez de asesinar al dirigente, los paramilitares asesinaron a su nieta de tan sólo dos años. Esto ocurría en un contexto generalizado de violencia y asesinato hacia los profesores en Montería y en todo el departamento de Córdoba.

Luego, desde 1999 comenzó una intervención paramilitar directa, la cual ocurrió por fases:

1. Primero, infiltración mediante el establecimiento de uno de sus contactos en el Consejo de Estudiantes para tareas de “inteligencia” y conformación de las "Autodefensas Universitarias".

2. Mediante amenazas (incluido el secuestro del rector Eduardo González y de algunos estudiantes y el posterior asesinato de uno de los candidatos a rectoría, Hugo Iguarán) logran instalar como rector, en septiembre de 2000, a uno de los suyos, Víctor Hugo Hernández[30]. Cuando éste cae en desgracia de los jefes de las AUC, sencillamente se le reemplaza en 2002 por Claudio Sánchez Parra, rector hasta diciembre de 2008, momento en que fue apresado[31], al cual el presidente Uribe defendió públicamente, siguiendo su tradición de defender todo lo que huela a paramilitarismo[32].

3. Luego, entre el 2000 y el 2002, viene el asesinato selectivo de profesores como Freddy Fuentes, Manuel Segundo Ruiz (ambos dirigentes gremiales de los maestros), René Ríos, James Antonio Pérez, Félix Antonio Ávilez (desmovilizado del Ejército Popular de Liberación - EPL), Iván Antonio Garnica y estudiantes como Francisco José Ayazo, Marlin de la Ossa, Pedro Esteban Manotas, Eduardo Enrique Hernández y Sheila Olascoaga.

4. En febrero de 2003 el rector organiza un encuentro entre los académicos y Mancuso durante el cual éste los amenaza, diciendo que no va a permitir presencia subversiva en la Universidad, con lo cual queda terminado el círculo de intervención paramilitar en la Unicor.

Es importante señalar que en todas estas acciones los paramilitares contaron con la complicidad del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía – CTI (cuya directora Rosalba Negrete era una persona de confianza) y de las Fuerzas Armadas: la Sijin (el agente Wilfredo Ortiz llegó a ser guarda espalda de Mancuso), de la policía (el comandante Raúl Suárez era asiduo colaborador de las AUC) y del Capitán de la Infantería de Marina Jorge Muñoz. Igualmente contaban con el apoyo de las autoridades civiles y del gobernador Jesús María López[33].

Dicho sea de paso, el propio presidente Uribe ha mantenido entrañables nexos con la élite de este departamento, es decir, con los ganaderos, militares, jefes paramilitares, terratenientes[34] e influyentes sectores políticos que, en conjunto, han consolidado en estas tierras un temerario proyecto contrainsurgente tras la realización de cruentas masacres –del cual la intervención paramilitar en la Unicor no es sino un aspecto más. Por eso no sorprende que esta región de claro dominio paramilitar durante los últimos años, que vio germinar el proyecto de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en mano de los hermanos Castaño, y que vio nacer a uno de los personajes más sangrientos de la zona como Salvatore Mancuso[35] –quien no niega su admiración por el actual presidente[36]– sea descrita por Uribe como “uno de los pocos rinconcitos de la patria donde hay paz”[37].

9. Las Universidades colombianas en la mira de los paramilitares

Desde hace tiempo podemos decir que la ola de violencia en contra de la comunidad universitaria se ha vuelto una regla; que en más de un recinto universitario se han establecido grupos vinculados a los “desmovilizados” y al paramilitarismo; y que en ciertos casos, las autoridades académicas están en plena connivencia con estas organizaciones.

A continuación se presentarán algunos de los hechos más destacados de violencia que afectan a la comunidad universitaria y algunos elementos de los que disponemos que nos permiten inferir –en base al modelo de Unicor- que estamos ante una estrategia integral de paramilitarización de las universidades públicas:

A. Infiltración y nexos de autoridades académicas con el paramilitarismo

Universidad Industrial de Santander (UIS): “El Plan Pistola”

El caso de la UIS es un caso evidente de la manera en que el paramilitarismo opera con la connivencia y el apoyo de ciertas autoridades académicas. Jaime Alberto Camacho, rector de la UIS, sostuvo en julio de 2007 conversaciones con un líder paramilitar, alias “Félix”, respecto a la eliminación física de estudiantes de izquierda y de los líderes del movimiento estudiantil que se oponen a las reformas neoliberales por él impulsadas. Algunas de estas conversaciones telefónicas han sido grabadas y fueron hechas públicas el 4 de mayo del presente año[38]. El rector facilita listados de estudiantes para ser “limpiados” y a este plan se le denomina “El Plan Pistola”, al más puro estilo de la mafia[39].

Desde ese mismo momento, comienzan las amenazas de muerte a estudiantes, académicos y funcionarios de la UIS por parte de paramilitares de las “Águilas Negras”[40], y un acoso constante por parte de las autoridades académicas que comienzan procesos disciplinarios a los estudiantes que participen de protestas[41]. Incluso, el departamento del área de comunicaciones de la UIS recibió instrucciones de rectoría de grabar y realizar labores de espionaje en contra de sindicalistas y estudiantes[42].

Recientemente, el 13 de febrero de 2009, circuló una amenaza del Bloque Metropolitano de Bucaramanga “nueva Generación - Águilas Negras” en contra de más de 40 personas de los tres estamentos universitarios, estudiantes, académicos y funcionarios. El comunicado en el que se amenaza a colectivos e individualidades estudiantiles dice claramente: "somos un grupo de estudiantes de la UIS reinsertados de la AUC quienes nos identificamos con la política del presidente ALVARO URIBE VELEZ y estamos con él hasta la victoria final sobre los guerrilleros disfrazados y camuflados de civil como representantes estudiantiles -sindicalistas de Sintraunicol- defensores de derechos humanos de la UIS, etc. Este es un paso en el deseo de nuestro presidente de conseguir la consolidación del estado comunitario y la seguridad democrática"[43].

Es de resaltar que estas revelaciones se hacen en un contexto de incremento de agresiones, amenazas y acoso a la comunidad universitaria por parte de la fuerza pública y de paramilitares[44], algunos de los cuales habrían entrado a la universidad después de su supuesta “desmovilización” mediante la Ley de Justicia y Paz, según se desprende del panfleto de amenaza citado.

B. Conformación de grupos paramilitares y amenazas

Una de las cosas más preocupantes de esta insistente estrategia del gobierno de Uribe de arremeter de manera temeraria en contra de la comunidad universitaria, es que coincide con la emergencia de grupos paramilitares en las ciudades que apoyan esta política de amedrentamiento a militantes de izquierda, conformándose de este modo un escenario bastante favorable para las aspiraciones presidenciales de acallar la voz de las universidades.

El panorama al interior de las universidades públicas resulta ser tan crítico que ya hacia el año 2006 la Defensoría del Pueblo, por medio de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), expidió un informe de riesgo para las universidades públicas de Bogotá, en el cual resaltó que estas comunidades se encontraban en un nivel de riesgo alto por las acciones de grupos “al margen de la ley” y por la criminalización de la cual han venido siendo víctimas, especialmente en los últimos cinco años por parte de miembros del gobierno nacional, orquestado especialmente desde los medios de comunicación[45].

Así, por ejemplo, el miércoles 12 de noviembre de 2008 (el mismo día que se abrieron procesos judiciales contra la comunidad universitaria por orden del fiscal Jorge Iván Piedrahita Montoya) llegó a los correos electrónicos del Departamento de Derecho y del Consejo de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional sede Bogotá, una nota amenazante titulada "última advertencia”. En ésta se señala como objetivo militar de la organización paramilitar “Águilas Negras” a treinta y tres (33) personas, entre las que se encuentran doce (12) estudiantes, cuatro (4) egresados de la Universidad y dos (2) profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Pero además de la declaratoria de estas personas como objetivo militar, se establece por parte de esta organización un "toque de queda" dentro del campus universitario:

"decretamos el toque de queda en la Universidad Nacional a partir del 18 de noviembre, no para los estudiantes sino para los subversivos, no deben permanecer en los predios universitarios entre 6:00 p.m. y 6:00 a.m. pues ya dispusimos de personal para hacer presencia en esta zona"[46]. Además, la nota señala que estos grupos paramilitares han decidido declarar el campus universitario como un campo de batalla y que no volverán a hacer públicas listas negras, ya que aquello es crear "idiotas útiles para la subversión", sino que comenzarán a actuar directamente, sin más advertencias[47]. Vale la pena aclarar que ésta era la quinta amenaza que recibían los estudiantes de la Universidad Nacional después de los señalamientos realizados por funcionarios del gobierno como el caso de la senadora Gina Parody y a raíz de ella varios estudiantes se vieron forzados a salir del país.

Ahora bien, existen indicios que permiten vislumbrar que esta problemática no se presenta sólo en la ciudad de Bogotá, o de forma exclusiva en la Universidad Nacional de Colombia, por el contrario, las amenazas parecen responder a una sistemática arremetida paramilitar contra las universidades públicas del país. Para la muestra dos casos recientes. Por un lado, el pasado viernes 6 de marzo de 2009 llegaron correos intimidatorios vía Internet, firmados por el Bloque Antioqueño de las Autodefensas dirigidos a 30 líderes estudiantes de la Universidad de Antioquia (Medellín) en el que advierten “tienen una semana para desaparecer o los desaparecemos”[48]. Pero esto no es todo, en marzo de 2009 más de 100 estudiantes recibieron amenazas y tres fueron heridos. Además, entre marzo y abril del presente año fueron allanadas por la fuerza pública las Universidades de Antioquia y del Valle, y varios estudiantes y profesores de las Universidades de Caldas, Cauca y La Guajira recibieron amenazas[49].

C. De la amenaza al asesinato

Estos comunicados intimidatorios se reproducen al mismo tiempo que son asesinados estudiantes a lo largo y ancho del país. Tratando de mostrar un balance de la violencia ejercida contra el movimiento estudiantil colombiano entre 2002 y 2006, se registran 120 amenazas, 5 allanamientos, 174 lesiones personales, 28 hostigamientos, 11 incriminaciones judiciales, 204 detenciones arbitrarias, 15 desplazamientos, 11 secuestros/retenciones, 10 torturas y 14 homicidios, para un total de 592 casos[50].

Vale la pena tener en cuenta que, además de los señalamientos por parte de altos funcionarios del gobierno y las amenazas provenientes de grupos paramilitares, uno de los principales momentos donde aflora esta violencia es en el manejo de la protesta estudiantil. Ésta, al día de hoy, se encuentra en manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), a quien el último Informe del Comité Distrital de Derechos Humanos le atribuye la muerte de seis estudiantes en dos años. Es relevante recordar que estos antimotines fueron duramente cuestionados en el Informe Anual de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que señaló a los estudiantes como víctimas de fracturas como consecuencia del impacto de granadas de gas y reseñó la muerte del estudiante Johnny Silva en la protesta contra el TLC realizada en la Universidad del Valle en el año 2005[51].

Porque no podemos permitir que nuestros compañeros asesinados caigan en el olvido, y para demostrar que no se trata aquí de unos cuantos casos aislados, es que consideramos pertinente dar a conocer una lista de algunos de los casos de los cuales tenemos conocimiento, y que muy probablemente no sea más que una lista incompleta:

Univalle:

- El 22 de septiembre de 2005 el ESMAD asesina de un tiro a mansalva al

estudiante de Química, Johnny Silva (21 años) dentro del recinto universitario,

durante una jornada nacional de protesta contra el TLC con los EEUU[52]. Este caso ha sido emblemático pues, aunque se ha determinado la responsabilidad del ESMAD por parte de la Fiscalía 41 de DDHH, no ha habido establecimiento de responsabilidades individuales. Es más, un Fiscal delegado ante el Tribunal Supremo de Cali (Carlos Adolfo Millán) se ha dedicado a tratar de limpiar la cara del ESMAD de este crimen y a garantizar, por todos los medios a su alcance, que este crimen, como casi todos los crímenes de Estado, quede en la impunidad. Por esta razón, la familia del estudiante asesinado ha decidido llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)[53].

- El 10 de abril de 2006 sicarios asesinan en Yumbo al estudiante de ciencias

sociales William Ortiz[54].

- El 4 de octubre de 2006 sicarios asesinan al estudiante de atención prehospitalaria Julián Andrés Hurtado de 30 años de edad. Es importante destacar que Julián Andrés lideraba una comisión investigadora del asesinato de Johnny Silva la cual declaró culpable al ESMAD y era un activo dirigente estudiantil[55].

- El 3 de agosto de 2007 los estudiantes Katerine Soto Ospina y Rolando Quinteros fueron atacados por el Ejército Nacional en la vereda de San Cipriano, un sector turístico de Buenaventura. A consecuencia del ataque, Katerine murió. El ejército, sencillamente, se lavó las manos diciendo que fue una equivocación[56].

- El 26 de marzo de 2009 fue asesinado por sicarios el estudiante de

Administración de Empresas Juan David Jiménez Caballos en las afueras de la

sede de Univalle en Zarzal[57].

Universidad de La Guajira:

- El 9 de marzo de 2009 fue asesinado por sicarios el estudiante de Etno-Educación Eder Enrique Sierra, de 38 años, miembro de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), mientras se dirigía a estudiar[58].

Universidad de Antioquia:

- En marzo de 2009 fue asesinado Jorge Andrés Isaza Velásquez, de 28 años, exestudiante de derecho en pleno recinto universitario[59].

Universidad del Cauca (Unicauca)

- Milton Troyano, estudiante de Biología y destacado dirigente estudiantil, asesinado la noche 18 de octubre de 2006 por sicarios que lo siguieron a la salida de la universidad[60].

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

- Oscar Salas (20 años, estudiante de Humanística y Lenguas) asesinado el 8 de marzo de 2006 por el ESMAD en el marco de una protesta estudiantil[61]. Había recién ganado un premio de poesía en la universidad y su asesinato, de un tiro, impidió que lo recibiera[62].

Universidad del Atlántico

- Una explosión ocurrida el 24 de octubre de 2006, dejó cuatro estudiantes muertos:

Juan Llinás, Dreiber Melo (derecho), Darwin Peñaranda (historia) y Yuri Martínez (historia). Como es costumbre, inmediatamente se dijo que los estudiantes habían estado manipulando explosivos para elaborar papas-bombas, que serían utilizadas en una protesta durante esos días. Incluso, se llegó a decir que estos estudiantes eran miembros de las milicias urbanas del Frente 37 de las FARC-EP[63]. Sin embargo, el 28 de julio, los 4 estudiantes sobrevivientes a la explosión fueron hallados libres de culpa, con lo cual lo ocurrido en esos días aún no se termina de esclarecer, pero pareciera ser que se trataría de una masacre-montaje llevada a efecto por el paramilitarismo: tan sólo 4 días antes de ocurrida la explosión, Francisco Santos pedía la militarización de los recintos universitarios debido a que en ellos operarían grupos subversivos[64]. “Casualmente” la explosión “reforzaría” esta acusación[65].

De más está decir que la regla general en absolutamente todos estos casos es la impunidad.

10. Conclusión: Y del asesinato... ¿al control?

Conociendo la experiencia de la Unicor podemos estar seguros de que lo que se busca mediante toda esta campaña de criminalización, intervención y paramilitarización de las universidades es avanzar hacia el control de las universidades públicas de la misma manera en que se hizo en el departamento de Córdoba hace algunos años.

 

¿Cómo resistir a esta presión que parece venir de todas partes?

- Ante todo, la denuncia de cada agresión tanto en el territorio nacional como

internacional;

- Incrementar los niveles de organización y unidad del estudiantado a nivel nacional;

- Fortalecer los vínculos del movimiento estudiantil colombiano con el movimiento estudiantil en otros países que puedan desarrollar acciones de incidencia, solidaridad y presión;

- Romper el aislamiento de la comunidad universitaria y profundizar los lazos que la unen con otros actores sociales que hoy también oponen resistencia al proyecto;

- No parar las acciones de visibilización y de movilización;

Para finalizar, creemos importante insistir en que lo que hoy se vive en los recintos universitarios es parte de un clima generalizado en toda Colombia de terror, amenazas y violencia cotidiana, realidad que Uribe Vélez trata de ocultar bajo un grueso manto de propaganda que, con estadísticas amañadas y declaraciones fantasiosas, busca hacer creer al mundo que Colombia es un paraíso de libertades democráticas y bienestar social donde no pasa nada.

Este aparato de propaganda no es menor: se estima que solamente durante el 2007 el Estado colombiano gastó, al menos, $12.800.000.000 en propaganda. No causa mayor sorpresa ver que el grueso de este gasto fue realizado por dos de las instituciones del Estado más manchadas por violaciones a derechos humanos y vínculos con el paramilitarismo: el Ministerio de Defensa (42%) y el Parlamento (27%)[66].

Pero no puede taparse el sol con un dedo: pese a la propaganda del régimen, resultan cada vez más evidentes e inaceptables sus vínculos con el paramilitarismo. Y a su vez, cada vez queda más claro que esta alianza no es nada más que una cruzada por establecer un modelo político y social profundamente contrario a los más básicos derechos y necesidades del pueblo de Colombia. Este modelo no podría ser impuesto sino mediante la violencia, sea ésta manifiesta o solapada: la guerra de Uribe es una guerra en contra del conjunto del pueblo y no es otra cosa que la máxima expresión de un modelo social basado en el despojo mediante la violencia del Estado y sus tentáculos para-institucionales que se ha consolidado en décadas de guerra. En manos del pueblo reposa la capacidad de torcer el brazo a esta historia de despojo y violencia. Es hora de despertar esta fuerza.

CILEP - Red Libertaria Popular Mateo Kramer

*José Antonio Gutiérrez D. (investigador asociado del CILEP)

[1] Esta expresión es acuñada por Renán Vega Cantor en su libro Los economistas neoliberales: nuevos criminales de guerra. Bogotá: Centro Bolivariano, 2005, pp. 125-169.

[2] “Universidad y Estatuto Estudiantil”. Comité Académico Red Revuelta. En: Documento de trabajo No.3. Alternativas frente al estatuto estudiantil. Bogotá: Planeta Paz, 2009, pp. 45-55.

[3] Citado en Ibid, p. 50.

[4] Esta fue la tesis que sostuvieron la Red Revuelta y la Red Antorcha en el paro de 2008 en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Existe un documento titulado “La universidad sitiada”. Véase www.redrevuelta.org

[5] A través de este artículo del PND, el gobierno busca obligar a las universidades públicas de orden nacional a asumir parte de la deuda con sus pensionados. Para poner sólo un ejemplo, la deuda de la Universidad Nacional de Colombia es de 3 billones de pesos, lo que equivale a tres años de funcionamiento de la misma.

[6] Cf. http://www.moir.org.co/Opongamonos-a-la-destruccion-de-la.html

[7] En el año 2008 el déficit presupuestal de la Universidad de Pamplona era de 42 mil millones de pesos y de la

Universidad de Magdalena de 8 mil millones. Por su parte, el déficit actual de la UPTC es de 18.000 millones. Cf. http://www.moir.org.co/Opongamonos-a-la-destruccion-de-la.html

[8] Amaya Francoa, Manuel Enrique. “Universidad y Democracia alrededor de la “Reforma de Córdoba”, en: Universidad y Sociedad, Revista Argumento, números 14/15, 16/17, Bogotá, 1986, p. 158.

[9] García, Carlos Arturo. “El movimiento estudiantil en Colombia década del sesenta”, en: Universidad y Sociedad, Revista Argumento, números 14/15, 16/17, Bogotá, 1986, p. 189.

[10] Cf. http://www.presidencia.gov.co/seguridad_democratica.pdf

[11] Cf. http://redes.pradpi.org/article.php?article_id=45

[12] Cf. http://www.vanguardia.com/politica/93-politica/20324-andres-felipe-arias-inicia-carrera-hacia-lapresidencia

[13] Cf. http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/184-edicion-145/4287-ipor-que-amenazan-a-losjovenes- y-los-estudiantes.html

[14] El Partido de la U nació en 2005 de una disidencia del Partido Liberal encabezada por el actual ministro de defensa Juan Manuel Santos, para apoyar la reelección del presidente Álvaro Uribe en los comicios de 2006.

[15] Cf. http://blog.ginaparody.com/2008/09/la-seguridad-en-bogot-entre-el-toque-de.html

[16] http://www.colectivodeabogados.org/FEDERACION-DE-ESTUDIANTES

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-das-revela-estrategia-de-farc-penetrar-colegios

[17] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-das-revela-estrategia-de-farc-penetrar-colegios

[18] A veces esta cacería de brujas no solamente se queda en los señalamientos y se han realizado montajes tipo “falsos positivos”, como el denunciado por los estudiantes de la Universidad del Valle. El 4 de abril del 2009 el ESMAD y la SIJIN ingresaron a los recintos de Univalle a fin de conducir un allanamiento en el cual “encontraron” material explosivo, lo cual, a partir de pruebas, fue denunciado por los estudiantes como un montaje mediante el cual cerraron la Universidad.

http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=477&Itemid=34 ver también http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/2009/04/denuncian-hostigamientos-y-amenazas-contraestudiantes-de-la-universidad-del-valle/

[19] http://www.verdadabierta.com/web3/victimarios/los-jefes/81-audiencias/557-la-toma-de-cordoba

[20] Cf. http://www.dhcolombia.info/spip.php?article709

[21] Cf. http://www.fidh.org/Detenciones-y-amenazas-contra

[22] Cf. http://www.dhcolombia.info/spip.php?article709

[23] Para una lectura del temerario historial de este fiscal ver: http://www.semana.com/noticias-opinion/fiscalcamuflado/117742.aspx

[24] La estridencia contrainsurgente contrasta con la permisividad de las autoridades hacia la presencia paramilitar en las universidades como lo señala un artículo de Semana con motivo de las denuncias de Parody y los oficios del fiscal: “Hace pocas semanas el fiscal Jorge Iván Piedrahita ordenó la revisión de las bases de datos de todas las universidades públicas de la capital. Con la medida se respondía a las denuncias de la senadora Gina Parody sobre la presunta infiltración guerrillera de los centros universitarios bogotanos. La celeridad de la intervención de los organismos judiciales en el caso de las universidades bogotanas, contrasta con la tardía intervención en la Unicor, donde a pesar de las evidencias –y el grado supremo de violencia– nadie quiso darse por enterado, a pesar de las permanentes denuncias” http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNoticia=829

[25] Cf. http://www.fidh.org/Detenciones-y-amenazas-contra

[26] Cf. http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/internacional/4545-expulsa-mexico-a-academicocolombiano-a- quien-bogota-relaciona-con-las-farc.html

[27] Cf. http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/mayo/21/02212008.html

[28] Ver el artículo 66 del documento de la ley 975 del 2005 (Justicia y Paz) en:

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/justicia_paz/documentos/Ley1_975.pdf

[29] http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNoticia=829

[30] El asesinato de Iguarán se llevó a efecto en la misma residencia de Hernández.

[31] http://www.radiosantafe.com/2008/12/04/capturan-al-rector-de-la-universidad-de-cordoba-claudio-sanchezparra/

 Al poco tiempo fue dejado en libertad, pero no volvería a ejercer como rector.

[32] http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNoticia=829

[33] Ver http://www.verdadabierta.com/web3/victimarios/los-jefes/81-audiencias/557-la-toma-de-cordoba, http://www.verdadabierta.com/web3/component/content/article/44-procesos-judiciales-justicia-y-paz/558-lasvictimas,http://comunidades.semana.com/wf_InfoNoticia.aspx?IdNoticia=829,

http://www.semana.com/noticias-nacion/universidad-paras/106421.aspx

[34] El propio presidente Uribe, dueño de la hacienda El Ubérrimo, es uno de los 2.300 colombianos

propietarios de más de 2.000 hectáreas que acaparan, entre todos, unas cuarenta millones de hectáreas. Cf. Cepeda, Iván; Rojas, Jorge. A las puertas de El Ubérrimo. Bogotá: Debate, p.36.

[35] “Mancuso ha reconocido su participación en por lo menos 300 asesinatos y se le atribuye la autoría de la masacre de Mapiripán en la que murieron veinte campesinos y la masacre de El Aro donde fueron asesinados otras 15 en 1997. Igualmente es señalado por la masacre de la Gabarra en 1999, donde fueron asesinadas 35 personas, y la masacre de El Salado, donde fueron asesinadas más de 100 personas. Este paramilitar confesóque el Bloque Catatumbo que él comandaba fue responsable de la muerte de 5.000 civiles” Ibid, p.17.

[36] Al respecto Mancuso afirma: “Uribe ha demostrado en sus intervenciones un discurso firme y una gestión en la administración pública transparente, cuando fue gobernador de Antioquia y el resto de cargos públicos que ha tenido” Ibid, p.60.

[37] Ibid, p.35.

[38] Puede escucharse una conversación en http://www.vanguardia.com/multimedia/audios/27431-llamada-quecompromete-al-rector-de-la-uis-en-supuesto-plan-pistola

[39] http://www.colectivodeabogados.org/Plan-Pistola

[40] Nombre adoptado por uno de los grupos de la nueva fase de la estrategia paramilitar marcada por las negociaciones del gobierno de Álvaro Uribe con la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia y la puesta en marcha de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Estos grupos hacen una constante alusión a la necesidad de cumplir con la estrategia de Seguridad Democrática promovida por el gobierno de Álvaro Uribe.

[41] http://colombia.indymedia.org/news/2009/05/101819.php

[42] www.vanguardia.com/.../27481-caso-uis-el-equipo-de-prensa-recibio-ordenes-de-espiar

[43] Puede consultarse la declaración en http://www.anarkismo.net/article/12143

[44] http://www.colectivodeabogados.org/Hostigamientos-amenazas-contra

[45] Cf. http://justiciaypazcolombia.com/5ta-AMENAZAS-CONTRA-ESTUDIANTES-DE

[46] Esta amenaza coincidió con la llegada de la minga indígena a Bogotá, por lo tanto el toque de queda pretendía que los estudiantes no se quedaran en el campamento de la Universidad apoyando este proceso popular.

[47] Cf. http://justiciaypazcolombia.com/5ta-AMENAZAS-CONTRA-ESTUDIANTES-DE

[48] Cf. http://www.lafuerzainformativa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=142:-

&catid=40:derechos-humanos&Itemid=56; ver también:

http://www.elespectador.com/noticias/nacional/articulo127010-paramilitares-habrian-amenazando-30-estudiantes-de-u-de-antioquia

[49] Cf. http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/184-edicion-145/4287-ipor-que-amenazan-a-losjovenes-y-los-estudiantes.html

[50] Cf. http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/184-edicion-145/4287-ipor-que-amenazan-a-losjovenes-y-los-estudiantes.html

[51] Cf. http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/fo-article-113209.pdf

[52] http://www.elespectador.com/impreso/tema-del-dia/articuloimpreso-esmad-responsable-dice-fiscalia

[53] http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso146349-caso-jhonny-silva-cidh ver también http://www.polodemocratico.net/Asesinato-del-estudiante-Johnny

[54] http://www.redcolombia.org/index.php?option=com_content&task=view&id=477&Itemid=34

[55] http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/andres3.html

[56] http://www.eltiempo.com/blogs/esto_le_pasa/2007/08/MUERTE-DE-ESTUDIANTE-A-MANOS-D.phphttp://www.prensarural.org/spip/spip.php?article581

[57] http://www.senadoragloriainesramirez.org/index.php/2009/04/denuncian-hostigamientos-y-amenazascontra-estudiantes-de-la-universidad-del-valle/

[58] http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/184-edicion-145/4287-ipor-que-amenazan-a-los-jovenesy-los-estudiantes.html ver también http://aceucauca.blogspot.com/2009/03/asesinato-del-estudiante-ederenrique.html

[59] http://www.elespectador.com/articulo126902-asesinan-ex-estudiante-al-interior-de-u-de-antioquia

[60] http://colombia.indymedia.org/news/2006/10/50873.php; http://colombia.indymedia.org/news/2006/10/51234.php

http://espanol.groups.yahoo.com/group/coordinacionviviendista/message/898

[61] http://www.dhcolombia.info/spip.php?article275

[62] http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/134-edicion-111/454-%E2%80%9Cnos-mataron-al-gatitonos-lo-mataron%E2%80%9D-el-asesinato-del-estudiante-oscar-leonardo-salas-angel*.html

[63] http://aceubq.blogspot.com/2007/10/un-ao-despus-de-la-explosin-que-dej-4.html

[64] http://redes.pradpi.org/article.php?article_id=45

[65] http://fenalprou.org.co/content/view/58/1/

[66] http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/maria-teresa-herran/columna-escarbando-16
Modificado el ( martes, 11 de agosto de 2009 )

Palabras clave:José Antonio Gutiérrez D  guerra sucia en Colombia  terrorismo de estado  

Actualizado ( Jueves, 09 de Agosto de 2012 13:29 )  

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