Hace más de seis años, por medio de la Sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional frente a la situación de la población desplazada en el país. Figura jurisprudencial que obliga al Estado colombiano a materializar, por medio de políticas públicas, reordenamiento institucional y disponibilidades presupuestales adecuadas, el goce efectivo de derechos de la población víctima del desplazamiento forzado.