Esto se debe a la aceleración del ritmo de estrés de la vida profesional y alto costo del tratamiento de los problemas sexuales psicológicos comprar-rx.online
Inicio Articulos Derechos Humanos Impunidad


Los paramilitares secuestran, violan, descuartizan y desplazan a pobladores de Nariño y Cauca

E-mail Imprimir PDF

Con la pasividad y connivencia de la fuerza pública

Decenas de personas fueron tomadas como rehenes por los paramilitares del grupo denominado "Los Rastrojos" en los municipios de Cumbitara y Tumaco, en el departamento de Nariño. Varios de ellos (5 es la cifra confirmada hasta el momento) fueron descuartizados.

En el municipio de Ipiales fue asesinado un médico indígena. En el municipio de Guapí, departamento del Cauca, los grupos paramilitares que actúan impunemente asesinaron y desmembraron vivo a un joven de 17 años, dos semanas después de haber violado, torturado y asesinado a Luz Marina Montaño, de 30 años, en una escuela.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CPDH-Nariño, denuncia la grave situación de seguridad por la que atraviesan las comunidades negras, indígenas y campesinas de los municipios de Ipiales, Tumaco y Cumbitara.

Municipio de Cumbitara

1. Por informaciones recibidas mediante comunicado de COPDICONC; El domingo 11 de septiembre, un grupo de aproximadamente 30 paramilitares de los Rastrojos, usando prendas privativas de las fuerzas Militares, con distintivos alusivos al Batallón José Hilario Lopez del Cauca y Batallón Boyacá de Nariño, quienes portaban armas de largo alcance incursionaron en la vereda de Pesquería, corregimiento de Sidón, municipio de Cumbitara, atemorizando a la población que participaba en el Festival Comunitario.

2. Este grupo reunió a los dueños de las lanchas y motoristas que se encontraban en el lugar y los obligaron a trasladarse al corregimiento de Sánchez, reteniendo a un total de quince (15) personas (3 mujeres, 9 motoristas, y 3 personas que se encontraban participando del festival).

3. El 12 de septiembre, este grupo paramilitar reunió a la comunidad residente en el Corregimiento de Sidón exigiendo a tres personas retenidas el día anterior, que señalaran a los miembros o colaboradores de las FARC, dos de ellos, quienes respondían a los nombres de Daniel García, agricultor de 19 años de edad, y Harrison, de 32 años, fueron asesinados con machete, desmembrados y lanzados al Río Patía; las otras personas detenidas aún se encuentran desaparecidas.

4. La Defensoría del Pueblo Nariño alertó previamente sobre la situación de riesgo por la presencia paramilitar en los municipios de la cordillera, en nota de seguimiento 017 del 7 de julio del presente año, sin embargo hasta el momento no se han tomado medidas por parte del Estado ocurriendo contínuas violaciones a pesar de la cercanía en que se encuentra asentado el ejército

Municipio de Tumaco

5. El 9 de septiembre de 2011, durante el trayecto marítimo entre Tumaco y Francisco Pizarro fueron secuestradas 24 personas entre las que se encuentran 6 niños y 18 personas entre pescadores y campesinos, hasta la fecha se conoce del regreso de 18 personas que están siendo atendidas por las autoridades; sin embargo se desconoce la situación de 4 personas que permanecen desaparecidas.

Municipio de Ipiales

6. El 13 de septiembre de 2011, La Mesa de Salud del Pueblo Indígena de los Pastos, denuncia el asesinato del Indígena Gilberto Zuñiga Tenganan, médico tradicional y dirigente, que venía acompañando la construcción del sistema de salud propia del pueblo Pasto. El asesinato se produjo en su residencia en el sector Urbano, Barrio el Centenario del Municipio de Ipiales, hasta el momento se desconoce a los autores de este crimen.

Los hechos denunciados son sólo una muestra de la situación de los derechos humanos que vive el departamento de Nariño, afectando las comunidades indígenas, negras, campesinas y la población civil en general, mientras el Estado mantiene negligencia e impunidad sobre la sistemática victimización, por lo cual, hacemos responsable al Estado colombiano de la vida y la integridad personal de las víctimas y los familiares de quienes aún se encuentran en manos de grupos paramilitares.

Además. es de gran preocupación para el CPDH Nariño que los organismos encargados de la protección de la ciudadanía no cumplan su papel y pongan en riesgo a la población; en este sentido es necesario denunciar las relaciones de connivencia entre la fuerza pública y grupos paramilitares, como ocurre en la zona de la cordillera; además, la vinculación de mandos de las fuerzas militares, de Policía e Inteligencia del Estado en procesos judiciales por su relación con el narcotráfico, grupos armados ilegales y ejecuciones extrajudiciales.

Dos mandos del ejército adscritos al Batallón Batalla de Boyacá, un Comandante de la Policía de Nariño y un Director del DAS, con sede en Tumaco fueron vinculados por paramilitarismo y acciones en contra de la población civil. Además de la gran cantidad de oficiales, suboficiales y soldados, policías y miembros del DAS, que están siendo investigados y en algunos casos capturados por hechos de violación de los Derechos Humanos e Infracción al Derecho Internacional Humanitario en el Departamento de Nariño.

Hacemos un llamado a la justicia en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, para que tome con reserva de inventario los informes de investigación y demás tareas adelantadas por estos funcionarios, en especial las actividades de inteligencia, pues no pocas veces se ha utilizado la judicialización y expedición de informes de investigación para perseguir a líderes sociales o defensores de derechos humanos, como bien lo pudo corroborar el CPDH con algunos de sus integrantes, temor que se verifica por las relaciones señaladas entre cuerpos de inteligencia y fuerza pública con grupos paramilitares; razones éstas que determinan la falta de credibilidad en la institucionalidad para adelantar denuncias pertinentes o solicitar protección de las mismas.

Ante estos acontecimientos el CPDH Nariño exige al Estado colombiano

1. Enfrentar de manera decidida y acabar los grupos paramilitares que operan en Nariño indistintamente de la forma como se denominen.

2. Acoger sin estigmatizar las comunidades, las informaciones y realizar las respectivas investigaciones sobre las supuestas relaciones de miembros de Fuerzas Militares, de Policía y Seguridad del Estado, con grupos paramilitares que operan en el Departamento.

3. Protección de la vida e integridad de las comunidades de Tumaco, Cumbitara y la comunidad indígena de los Pastos, sobre los hechos aquí mencionados.

4. A Defensoría del Pueblo, hacer el seguimiento respectivo sobre las denuncias realizadas, para que estos hechos no queden en la impunidad.

5. A Fiscalía y Ministerio Público para que realicen las investigaciones pertinentes y se dé ejemplar castigo a los culpables (materiales e intelectuales).

Solicitudes a la Comunidad Internacional

Acompañamiento permanente a las comunidades afectadas, seguimiento de las actuaciones institucionales, denuncia de las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH y respaldo a la labor de los defensores de derechos humanos y líderes sociales del departamento.

San Juan de pasto, Septiembre 15 de 2011

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - CPDH Nariño

En una columna titulada "El río suena", Catalina Ruiz Navarro denunciaba recientemente la "situación que se vive en el Municipio de Magüi Payán, en Nariño, donde grupos paramilitares (se cree que “Los Rastrojos”) entraron el 11 de septiembre en el territorio de las comunidades de Río Patía donde los moradores de las veredas Pesquería, Nulpi y Miguel Nulpi, del Municipio de Cumbitara y Tortugo, Tortuga Magally, Tortugo Miguel, Santa Rosa, José López, el Zorro, Serenil, Inguapil, del Municipio de Magüi, se encontraban en un campeonato interveredal.

Los pobladores dicen que primero se presentó el ejército y casi inmediatamente llegaron los paramilitares. “Llegó un grupo de militares del Batallón Batalla de Boyacá y del José Hilario López, portando armamento sofisticado como cuatro potentes ametralladoras, fusiles 223, M 16 y galiles convencionales AK 47.” Reunieron a la población, les quitaron las cédulas a todos y saquearon los alrededores.

El grupo paramilitar enfatizó su punto con el asesinato y desmembramiento público de los campesinos Daniel García y Harrison Palacio. “Días antes ya se habían encontrado 2 cuerpos bajando por el río, sin cabeza.” Desde hace días que piden ayuda a la fuerza pública y que la respuesta del gobierno ha sido mínima. Al parecer, lo que este grupo criminal exige es que se despeje una zona aledaña ocupada por la guerrilla, algo sobre lo que la población no tiene control alguno. Lo que les exigen a los pobladores es dar información: “Porque los acusan, les dicen usted dígame donde está, y si no lo acusan, lo matan, o hacen este tipo de torturas para forzar a la población civil a escoger un bando.” dice Diego Grueso, asesor jurídico de AFRODES.

Luego se llevaron secuestrados, desplazándose en lanchas, a José Libardo Mosquera, Jorge Eniel Mesa, José Alonso Patiño, Johny Cotez Narváez, Pablo Barrero López, Líber Cobo, José Israel Ordoñéz, Luis Edgar Mosquera, Neftalí Ortiz, transportador de barbacoas, Norberto Cisneros Rosero, Manuel Salazar García y Lorena, Camila y Juliana, 3 chicas que trabajaban en un bar, de apellidos desconocidos y quien atendía el bar, Efraín Arzusa, a quien peluquearon y vistieron de camuflado. Algunos de estos rehenes se escaparon, otros fueron liberados y quedaron en cautiverio las tres chicas y Arzusa. “Entonces el grupo armado dijo que si no se despejaba la zona de guerrilleros los iban a matar”, dijo Palacios en su intervención en el Coloquio, en la mañana.

Para cuando cayó la tarde Lorena, Camila, Juliana y Efraín estaban muertos. La población está denunciando que además se observan sobrevuelos de aeronaves del Fuerza pública colombiana, pero no prestan la protección a la población civil, sin que se hayan podido evitar los hechos ni lograr la liberación de las personas.

Esta situación lleva un buen rato gestándose. En un comunicado de la Diócesis de Tumaco de septiembre 5 de 2011 se lee: “El pueblo afro nariñense, indígena y mestizo sobrevive en un ambiente de zozobra miedo generalizado y ausencia de alternativas. […] Artefactos explosivos han explotado en negocios, calles públicas, y frente a colegios. […] Incluso se utiliza a menores de edad como inocentes portadores de estas bombas. […] Se han incrementado las extorsiones y las vacunas profesionales a comerciantes y personas que viven del rebusque, que cuando no son satisfechas generan asesinatos y lanzamientos de artefactos explosivos. Esto está produciendo el desplazamiento de muchas familias y el cierre de puestos de trabajo aumentando aun más la grave situación de desempleo en la región.”

Para los habitantes de la zona la situación se parece terriblemente al escenario previo a la Masacre de Bojayá. “La lucha por el control territorial es el epicentro de todo, la zona estratégica, este escenario del pacífico sur es un corredor de narcotráfico, pero al mismo tiempo es un punto estratégico de mucha riqueza natural y para el desarrollo de la economía del país.” dice Palacios. El segundo elemento común es la restricción a la movilidad de la población. Grueso y Palacios dicen es altamente probable que se de un enfrentamiento armado en la cabecera de Magüi Payán, donde están concentradas cerca de 350 personas, que reclaman la ayuda del gobierno pero no se reconocen como desplazados pues no quieren dejar su tierra ni sentirse mendigos del Estado.

¿Con qué cara puede celebrar el país el mes del patrimonio cuando aquí no se conserva ni siquiera el bien más preciado que es la vida humana? ¿No que lo mejor de Colombia es su gente? Una de las regiones más ricas en recursos naturales y en manifestaciones culturales de Colombia se pierde entre el atraso el abandono y las balas, aun cuando su población le grita al Estado, y aun cuando todo indica que se avecina otra masacre. Al suroccidente colombiano se lo escucha cuando canta pero no cuando se queja, y a este paso pronto no quedará nadie que pueda emitir sonido alguno. Algo suena en los ríos de Magüi Payán, pero no son piedras. Son cuerpos desmembrados"

Ver artículo completo en: http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-299677-el-rio-suena

Paramilitares violaron y asesinaron a una mujer y descuartizaron a un joven en Guapi, Cauca

Por Camilo Raigozo. Con información de Cococauca

Luz Marina Montaño, de 30 años, perteneciente a la comunidad de Temuey del Consejo Comunitario Guapi Abajo, fue violada, torturada y asesinada por dos paramilitares en el barrio Puerto Cali de Guapi. 

Según versiones suministradas por la comunidad a la fuente, el crimen ocurrió en horas de la noche del 8 de septiembre pasado. Elcuerpo fue encontrado en un salón de clases de la Escuela Puerto Cali del área urbana de Guapi. 

Descuartizan a joven

Darío Saa Micolta, de 17 años, aproximadamente, conocido como “Pastorcito”, por tener la costumbre de hurtar cosas menores, el viernes 23 de septiembre de 2011, en presencia de varias personas fue obligado a montarse en un mototaxi y llevado hasta el barrio Zarabanza, donde aseguran, operan los ‘paras’. 

Los habitantes del barrio fueron horrorizados por los gritos de dolor del joven en el sitio El Parquecito, lo que los llevó a pensar que los paramilitares lo descuartizaron vivo. El día siguiente, 24 de septiembre, los transeúntes del lugar vieron a Saa Micolta descuatizado en 16 pedazos en el parque del barrio. La Policía hizo el levantamiento del cadáver el cual dejaron en el cementerio. 

Según la denuncia, en Guapi hay una situación crítica en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario por la libertad con que actúan los ‘paras’, sin que las autoridades civiles y militares muestren alguna intención de proteger a la población civil.

Articulo original: CPDH-Nariño/ Notimundo

Fuente: Rebelión, 27 de septiembre de 2011

Actualizado ( Miércoles, 28 de Septiembre de 2011 22:30 )