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Estado colombiano continúa implementando todo tipo de artimañas para evitar y deslegitimar la justa movilización de las comunidades del centro oriente.

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Centro Oriente de Colombia, 6 de mayo de 2014.

Denuncia Pública No: 007

Situación de derechos humanos del Centro Oriente Colombiano, en el marco de la jornada nacional.

Estado colombiano continúa implementando todo tipo de artimañas para evitar y deslegitimar la justa movilización de las comunidades del centro oriente.

Hechos:

1. El 3 de mayo de 2014, en horas de la mañana, sobre la diagonal 30 entre calles 19 y 20, aproximadamente a trecientos metros de donde se encontraba la guardia cívica puesta por las comunidades movilizadas en el municipio de Saravena, fue arrojado un artefacto explosivo. Según reportes de las autoridades los responsables de este echo serían miembros del ELN.

2. El 4 de mayo de 2014, a las 10:00 p.m., miembros de la policía de carreteras en el municipio de cubara-Boyacá, detuvo el paso de 5 buses que se dirigían hacia Pamplona Norte de Santander para unirse a la movilización social. Después de 3 horas de detención injusta, los campesinos decidieron apostarse sobre el puente del rio Cobaría, impidiendo el paso de otros vehículos que circulaban libremente, razón por la cual los policías permitieron el paso aproximadamente a la 1:00 de la mañana.

3. El 4 de mayo de 2014, en horas de la noche una familia que transitaba en una volqueta en el sector de Cupiagua en el Casanare, denuncian ante los medios de comunicación , haber sido atacados con elementos incendiarios que generaron una conflagración del vehículo. En el hecho murió el señor Jairo David Ayala Carrero, y resultaron gravemente heridos sus dos hijos menores de edad y su esposa Jenny Pinzón.

Denunciamos este caso, en primer lugar porque lo consideramos muy grave pues hubo pérdidas de vidas humanas; y en segundo lugar, porque inicialmente se quiso relacionar con acciones en el marco de la jornada  de movilización pacífica  que desarrollan las comunidades en esa parte de la región, hecho que estigmatiza y pone en riesgo la vida, integridad y libertad de los manifestantes y deslegitima su lucha.

4. El 5 de mayo de 2014, después de la agresión recibida por los campesinos movilizados en la Vereda Fontibón, sector La Legía, municipio de Pamplona Norte de Santander, los señores JULIO ALIRIO PEÑA y su hijo GILBERTO PEÑA CONDE, descargaban en una casa de ese municipio, algunos elementos como camping, sleeping, pasa montañas, carpas, entre otros, para auxiliar a los campesinos que perdieron todo durante la agresión policial. Según las víctimas, en momentos en que ellos desarrollaban esa labor, fueron abordados por miembros de la policía quienes los requisaron y pidieron documentos, posteriormente los policías entraron a la casa sin ninguna orden de allanamiento y registraron la vivienda donde supuestamente encontraron un revólver, y responsabilizaron de la tenencia de esta arma al señor Gilberto Peña a quien judicializaron por el delito de Porte Ilegal de Armas. 

5. El 5 de mayo de 2014, a las 3:00 p.m., miembros del Escuadrón Móvil de Carabineros de la Policía Nacional, se instalaron en la escuela Betania a las afueras del casco urbano de Saravena sobre la vía hacia Cubará-Boyacá. Fue necesaria la acción oportuna de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y organismos de control del estado, para exigir la salida de lo policiales de la escuela, y así, parar con esta clara y grave infracción a las normas de Derecho Internacional Humanitario.

6. El 6 de mayo de 2014, a las 3:30 p.m., miembros de la SIJIN y policía nacional, desarrollaron un empadronamiento contra los campesinos movilizados en la vereda La Capilla, municipio de Tutazá, departamento de Boyacá. Los policiales, solicitaron a los manifestantes sus documentos de identidad y en un cuaderno anotaron los datos personales y número de celular de cada uno de los labriegos.

Exigimos:

Al Estado colombiano respetar y garantizar los derechos de las comunidades movilizadas y abrir los escenarios para la interlocución y análisis del Pliego Único, además cumplir los compromisos con ellos pactados; A los órganos de justicia y control, investigar los casos aquí denunciados con el ánimo de castigar ejemplarmente a los responsables y evitar que estos hechos que vulneran gravemente los derechos fundamentales, se sigan presentando.     

Se garantice la vida, integridad y libertad de las personas movilizadas, parando con la estigmatización, persecución y empadronamientos contra los campesinos en la actividad social.

Se garantice el debido proceso a las personas judicializadas en el marco de la movilización y se les deje en libertad inmediata.

Se investigue penal y disciplinariamente los hechos aquí denunciados, y de manera especial se investigue seria y responsablemente el caso donde murió el señor Jairo David Ayala Carrero, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia; además, evitar usar este lamentable suceso, como excusa para la estigmatización y cualquier otra agresión contra las comunidades movilizadas en ese departamento.

Responsabilizamos:

Al Estado colombiano y sus instituciones por las violaciones a los derechos humanos presentados contra las comunidades movilizadas y sus dirigentes.

Llamamos:

A la comunidad internacional, a organizaciones defensoras de Derechos Humanos, a estar atenta durante y después de la jornada y en general a hacer seguimiento a la grave crisis social y humanitaria que vive el país, exigiendo al ministerio publico intervenir de manera efectiva ante estas flagrantes violaciones.

COORDINADORA REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS DEL CENTRO ORIENTE COLOMBIANO

FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
CORPORACION SOCIAL PARA LA ASESORIA Y CAPACITACION COMUNITARIA –COSPACC
COORPORACIÓN CHOAPO
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PASOS

Comité Ejecutivo Regional
Fundación de DD.HH. Joel Sierra

Palabras clave:Colombia  Arauca  Paro Nacional Agrario Étnico y Popular  Vilaciones DDHH  Fuerza Pública  ESMAD  intimidacion  represión  terrorismo de Estado  

Actualizado ( Viernes, 09 de Mayo de 2014 01:31 )  

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