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« L'affaire Cassez » : presunción de inocencia y debido proceso

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Es difícil pronunciarse de fondo en el asunto judicial que compromete a Florence cassez, pues no conociendo el expediente, no sería responsable formular una hipótesis cualquiera sobre la inocencia o la responsabilidad material de la acusada.

Un expediente penal como el de Florence Cassez suele componerse de varias centenas de folios, con una multiplicidad de elementos probatorios, de autos y resoluciones, que lo hacen complejo y que merecen un análisis detenido y estricto. Por lo tanto, sin un conocimiento pleno del expediente, solo nos queda formarnos una opinión sobre los aspectos de público conocimiento, a la sazón, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de México.

 

 

La decisión de la más alta instancia judicial de la jurisdicción ordinaria mexicana ha suscitado una ola de indignación en ese país, pues a juicio de muchos la señora Cassez continúa siendo culpable de los delitos que se le imputaban, siendo el más importante de ellos el secuestro. Basta una mirada a la prensa mexicana para constatar que a los ojos de una buena parte del público ella continúa siendo una « secuestradora ». Libre pero no inocente, dicen los más. Sin embargo, es esto exacto ?

Para saberlo es necesario acudir al concepto de « presunción de inocencia », uno de los pilares del derecho penal moderno. Toda persona incursa en un proceso penal es inocente hasta cuando se pruebe lo contrario. La prueba de la culpabilidad solo puede establecerse mediante sentencia debidamente ejecutoriada, es decir, una vez que se han surtido todos los recursos ante las instancias a que el procesado tiene derecho según la legislación vigente.

Ahora bien, en el caso de marras, hubo dos sentencias condenatorias contra la señora Cassez, la primera consistente en la reclusión de 96 años, fue modificada por la segunda que redujo la pena de prisión a 60 años. Sin embargo, dado que el ordenamiento jurídico- penal mexicano lo permite, la segunda sentencia fue apelada en casación ante la Suprema Corte de Justicia, la que dentro de sus facultades podía confirmar o infirmar dicha decisión judicial. Sabemos bien que la SCJ decidió la segunda opción, es decir, decretó la « libertad absoluta e inmediata » de la procesada, por vicios de procedimiento tan protuberantes que contaminaban la totalidad del proceso. Vicios de procedimiento que la Corte considera como violaciones graves a los derechos humanos de la acusada. Esto equivale a dejar sin efecto la sentencia que condenaba a Cassez a 60 años de prisión.

Cuál es, entonces, el efecto de la sentencia en términos de la presunción de inocencia? Surtidos todos los trámites del proceso por el órgano de cierre que en este caso es la Suprema Corte de Justicia, la lógica jurídica se impone : no probándose la responsabilidad penal de la acusada, ésta es formalmente inocente por presunción legal. Nótese que digo « formalmente », pues nadie, excepto los verdaderos autores de los hechos en cuestión y sus víctimas, están en capacidad de saber la verdad material de lo sucedido. Es cierto que no siempre la verdad procesal coincide con la verdad material, pero en todo caso, existiendo una sentencia absolutoria de una autoridad competente, nadie está autorizado a presumir la culpabilidad de la hasta entonces acusada.

Pero más allá del debate sobre la inocencia o no de Mme. Cassez, la decisión de la SCJ de México nos deja un mensaje claro sobre un aspecto fundamental del proceso penal, la de « debido proceso ». Este es, en general, el derecho que tiene toda persona incursa en un proceso penal o administrativo a que su causa sea adelantada en debida y legal forma. De este concepto participan principios básicos como la legalidad de los delitos y las penas, el principio del juez natural, el principio de favorabilidad en materia penal, la presunción de inocencia y el derecho defensa. El debido proceso es reconocido como derecho fundamental tanto por la Declaración Universal de Derechos Humanos como por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos internacionales. En el caso que nos ocupa, la Suprema Corte de Justicia de México ha constatado la violación patente del debido proceso y ha considerado que dicha violación era suficiente para anular toda la actuación judicial anterior. Ello dice mucho del valor que la Corte le otorga al debido proceso, hasta el punto de decretar la libertad absoluta e inmediata de Florence Cassez, sin que ella tenga que pasar por un nuevo proceso, como proponían dos de los cinco magistrados. En este sentido, el fallo tiene una consecuencia adicional, el beneficio del principio de « non bis in idem » para la francesa, en virtud del cual ninguna persona puede ser juzgada dos veces por el mismo delito.

Esto refuerza aún más, a mi modo de ver, la tesis de la prevalencia de la presunción de inocencia de Florence Cassez.

Héctor Castro Portillo, especial para La Pluma. Francia,  26 de enero de 2013

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*Héctor Castro Portillo (1964, Aguachica,Colombia) Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, especialización en teoría jurídica y filosofía del derecho, master en derechos humanos (Historia, filosofía y Derecho internacional) del Instituto de Derechos Humanos de Lyon, Facultad de Derecho Universidad Católica. Investigador independiente, entre sus trabajos se encuentran : Refugiados colombianos en Panamá (1998); Derechos Humanos para la convivencia (2000); Desplazamiento forzado en Colombia, una mirada al marco normativo (2001); Hacia un fundamento non jusnaturalista y no universalista de los derechos humanos (ensayo, 2006). Colaborador de La Pluma y de otros medios de información alternativos. Miembro de Tlaxcala.

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Palabras clave:Héctor Castro Portillo  Florence Cassez  México  Francia  Unión Europea  Justicia  Debido proceso  presunción de inocencia  

Actualizado ( Domingo, 27 de Enero de 2013 00:35 )  

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