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Colombia: Presencia de Grupos Paramilitares y Algunas de Sus Dinámicas en Antioquia. Cuatro Casos de Estudio

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aut_3592BisPresentación

El informe sobre “Presencia de grupos paramilitares y algunas de sus dinámicas en Nordeste, Norte, Urabá y Valle de Aburrá de Antioquia”, fue coordinado y elaborado por la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño (ASOVISNA), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Fundación Sumapaz conjuntamente para la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Nodo Antioquia. Este documento es el resultado de un trabajo colectivo desarrollado [1] con otros espacios sociales y procesos organizativos de la región durante el presente año.

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La información utilizada se generó durante el periodo de enero 2016 a octubre 2017. Para este texto se contó con la cartografía social realizada por la Mesa Territorial de Garantías Antioquia [2], espacio de interlocución que durante 2017 llevó a cabo el análisis sobre la situación de riesgo para la labor de las y los defensores de derechos humanos en el departamento (9 subregiones). Este insumo fue complementado con talleres y entrevistas [3] a actores claves de los territorios de estudio. También se abordaron los Informes de Riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, las estadísticas de homicidios de la base de datos de la Policía Nacional (17 de septiembre) e información de desplazamiento forzado de la Unidad para las Víctimas (1 de octubre), así como los datos sobre agresión a la labor de las y los defensores en Antioquia, del Observatorio de la Fundación Sumapaz y las respuestas a los derechos de petición enviados a algunas entidades del Estado (30 de octubre).

Los resultados se presentan en tres ejes: la presencia de los grupos paramilitares que operan en los territorios; dinámicas económicas, principalmente ilegales y dinámicas socioterritoriales que muestran el control sobre la población; agresiones, específicamente homicidios y amenazas contra la labor de los líderes, las lideresas, los defensores y las defensoras de derechos humanos [4]. Las subregiones analizadas son: Nordeste, Norte, Urabá y Valle del Aburrá debido a la fuerte presencia paramilitar, el alto número de violaciones a los derechos humanos y la persecución a la labor de las, los defensores, líderes y   lideresas.

Como sostienen diversas organizaciones, plataformas de derechos humanos y movimientos sociales, en estudios y denuncias [5], el paramilitarismo continúa operando en el país. Las estructuras que surgieron posterior al proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (2003-2006), aunque con variaciones, siguen ejerciendo poder territorial y violando los derechos humanos.

Esta nueva fase paramilitar presenta cambios notables respecto a décadas anteriores. En la actualidad, estos grupos no requieren exacerbar sus mecanismos de terror, por el contrario, acuden a estrategias mucho más sofisticadas y latentes para ejercer su poder y relacionarse con agentes estatales, instituciones públicas y empresarios, entre otros. La población más vulnerable padece el control económico, social y cotidiano de estas estructuras que preservan el orden social vigente. Muestra de esto son las prácticas coercitivas contra sectores de la sociedad declarados como “problemáticos”, la imposición de reglas de comportamiento que restringen las libertades y el ataque a habitantes de los territorios por considerarlos auxiliadores de la insurgencia y opositores a su régimen social. Además, continúan agrediendo sectores sociales organizados (práctica contrainsurgente) que persisten en la búsqueda de cambios democráticos para el país.

Los grupos paramilitares son por definición actores armados ilegales con una vocación anti-insurgente, que funcionan con la complicidad de elementos estatales, y de sectores económicos. Su ubicación dentro de la ilegalidad los articula con economías ilegales, estas economías incluyen narcotráfico, contrabando, extorsiones, minería ilegal, tráfico de armas entre muchas otras. Los grupos paramilitares se definen en función de su actividad contra lo que consideran “insurgencia” y no de sus actividades económicas”. (CCEEU, 2016, p.2)

Lea informe completo aquí

Notas:

[1] Este informe contó con el apoyo de la Comisión de Paz del Nodo Antioquia de la CCEEU, la Asociación Campesina de Antioquia, la Asociación Campesina de San José de Apartadó, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Corporación Acción Humanitaria del Nordeste Antioqueño, la Corporación Comité de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, la Corporación Gustavo Marulanda, la Corporación Para el Desarrollo y la Paz y el Instituto Popular de Capacitación.

[2] La Mesa Territorial de Garantías para Antioquia es un espacio de interlocución entre el Estado y organizaciones sociales, comunitarias y de DDHH, articuladas al Proceso Social de Garantías.

[3] Los talleres y entrevistas se realizaron en el 2º semestre de 2017 por el equipo coordinador de este informe. Agradecemos a todas las organizaciones, líderes, lideresas, procesos sociales y defensores que participaron en los espacios de trabajo.

[4] Aunque el Acuerdo de La Habana estableció: (1) una Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres de defensores de DDHH, movimientos sociales o movimientos políticos, que amenacen o atenten contra quienes implementen los acuerdos de paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo (Decreto 898 del 29 de mayo de 2017), (2) un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 del 29 de mayo de 2017) y (3) la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (Decreto 154 del 3 de febrero de 2017); su papel y capacidad real de responder a los objetivos propuestos se verá truncado mientras el Estado siga negando la existencia de paramilitares y su responsabilidad en las violaciones a los DDHH, la persecución contra el movimiento social, los asesinatos de ex combatientes de las FARC - EP y la persistente relación con agentes estatales.

[5] Informes elaborados por: Indepaz, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Plataforma Política y Social Marcha Patriótica, el Centro de Investigación y Educación Popular/Programa por la Paz, Comisión Colombiana de Jurista, Programa Somos Defensores, Fundación Paz y Reconciliación, entre otros.

@2017, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos- Nodo Antioquia, Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, Corporación Jurídica Libertad, Fundación Sumapaz

Carrera 47 No. 53-45 Piso 8

Teléfonos: (57-4) 2318355 – 2516350

Medellín, Colombia
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla
www.cjlibertad.org

Coordinación y elaboración del informe
Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño- ASOVISNA

Corporación Jurídica Libertad

Fundación Sumapaz
Análisis de datos
Mapas y datos estadísticos

Xana Villa García
Revisión y corrección de estilo:
Xana Villa García

Leider Restrepo Monsalve
Imagen y diseño de cubierta:

Leider Restrepo Monsalve
Diagramación e impresión:
Leider Restrepo Monsalve
ISBN: 978-958-57178-9-3
Diciembre de 2017 Medellín, Colombia


 

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Esta investigación contó con el apoyo del Proyecto financiado a los delegados de las plataformas de derechos humanos, expertos y experta integrantes de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El contenido de esta investigación es responsabilidad exclusiva de la Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño, la Corporación Jurídica Libertad y la Fundación Sumapaz, no compromete a las organizaciones e instituciones que apoyan esta publicación.

 

 

 

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Actualizado ( Domingo, 17 de Diciembre de 2017 03:53 )  

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