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Los millones acumulados por la alcaldesa de un pequeño pueblo de España son el paradigma de la corrupción en el país

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La Muela, provincia de Zaragoza (España) – En los buenos tiempos, la anterior alcaldesa de este pequeño pueblo de 5.000 habitantes, azotado por el viento en el norte de España, estaba muy ocupada construyendo el museo del aceite de oliva, el museo del viento, el museo de la vida.

Por si eso no fuera suficiente, también construyó la nueva plaza de toros, el centro deportivo con asientos para 25.000 espectadores y un zoológico con parque de aves exóticas.

La ex alcaldesa, María Victoria Pinilla, también parecía haber prosperado en lo personal: tres casas señoriales surgieron en su parcela familiar, más un apartamento en Madrid, una casa en la playa y otra para las vacaciones en la República Dominicana, junto a la de Julio Iglesias.

Ahora, sin embargo, la verja exterior del complejo residencial de la antigua alcaldesa amenaza ruina y las afueras del pueblo rebosan de viviendas abandonadas a medio construir. En cuanto a Pinilla, que tiene 57 años de edad, pasó a formar parte el mes pasado de la creciente multitud de cargos políticos en España que esperan juicio acusados de corrupción.

 

 Samuel Aranda para The New York Times
María Soledad Aured de Torres, la actual alcaldesa de La Muela (España), junto a un retrato de la ex alcaldesa de la localidad, María Victoria Pinilla, formalmente acusada de lo que las autoridades denominan “oscuras transacciones imobiliarias”

Los investigadores calculan que durante los años de bonanza en España ella y otros miembros de su familia acumularon unos 24 millones de euros, en su mayoría procedentes de oscuras transacciones inmobiliarias. En un registro que la policía efectuó en su propiedad, hubo que pedir prestada la máquina de contar billetes de un banco local para contabilizar la totalidad del dinero que encontró en efectivo: 343.000 euros.

Durante décadas, en el sur de Europa la corrupción solía aceptarse como algo inevitable, como una manera de distribuir la riqueza, y eran pocas las personas –entre ellas, en muchos casos, los fiscales– que le daban importancia. Pero la descomunal crisis económica, que estancó proyectos y dio al traste con el flujo de dinero en efectivo, ha contribuido a levantar el velo sobre los políticos corruptos y a sacar a la luz chanchullos, sobornos, cohechos, favores secretos y otras fechorías en una escala que pocos imaginaban.

Justo ahora que España, Italia, Grecia y Portugal están imponiendo planes de austeridad a sus empobrecidos ciudadanos para reducir el déficit, estas revelaciones de corrupción política generalizada provocan un amargo resentimiento en la población, desestabilizan gobiernos y minan la credibilidad de la clase política en su conjunto.

La corrupción no provocó la crisis de la zona euro, pero según los expertos regionales los problemas económicos no podrán resolverse hasta que estos países se transformen en sociedades modernas con economías eficientes y competitivas.

"Es el principal desafío al que se enfrentan", ha dicho Miklos Marschall, director general adjunto de Transparencia Internacional. "La clase política está desacreditada en el sur de Europa. Hay que reconstruir paso a paso las instituciones públicas para que el gobierno pueda ser creíble."

España no es el país más corrupto de Europa, ya que Grecia e Italia lo son mucho más, pero la enorme cantidad de casos de políticos corruptos que surgen sin cesar está resultando profundamente embarazosa.

Los jueces españoles están investigando a cerca de 1.000 cargos públicos, que van desde alcaldes de pueblos pequeños como María Victoria Pinilla a ex ministros del ejecutivo nacional. Incluso el conservador Mariano Rajoy, presidente del consejo de ministros del país, ha aparecido en una lista de incondicionales de su partido que recibían sobres con dinero negro.

Tampoco la familia real ha permanecido inmune. El yerno y la hija del rey Juan Carlos están acusados de corrupción en una causa que empezó con la investigación de cargos públicos de las Islas Baleares.

Hay tantos escándalos que algunos periódicos sólo se ocupan de los casos más importantes y relegan el resto a una lista en la que los van añadiendo conforme salen a la luz.

Algunos expertos opinan que esto no ha hecho más que empezar y es el resultado del enorme poder que la estructura política de España deja en manos de las autoridades locales, muchas de las cuales pueden otorgar contratos o recalificar terrenos con poco o ningún control.

Durante un almuerzo pueden decidir que alguien termine metiéndose 100 millones de euros en el bolsillo”, dice Manuel Villoria, un profesor de ciencias políticas en la Universidad Juan Carlos I, de Madrid, que está redactando un informe sobre la corrupción española para la Unión Europea. “Eso hace que puedan pedir a cambio lo que les dé la gana. Muchas veces ni siquiera lo pedían para ellos, el precio a pagar era un piso para una hija o para los hijos de una hermana.”

Ningún partido político parece inmune a esta lacra. El mes pasado, una juez de instrucción encarceló a siete personas, entre ellas a un miembro del Partido Socialista Obrero Español, en el escándalo de los ERE de Andalucía, consistente en el desvío de fondos de desarrollo regional para pagar falsas pensiones de jubilación anticipada a unas cien personas. Pero la mayoría de los casos son similares al de La Muela, donde las autoridades locales se enriquecieron en la planificación de grandes proyectos inmobiliarios. Los expertos dicen que un porcentaje de ese dinero negro terminó en las arcas de los partidos políticos respectivos.

A diferencia de Grecia, la corrupción no es algo habitual en España. La mayoría de los españoles se ocupan de sus actividades diarias sin tener que pagar un solo soborno. Pero los expertos consideran que la concentración del poder en manos de las autoridades regionales y municipales y sus vínculos con las cajas de ahorro locales crearon las condiciones idóneas para la corrupción durante los años del boom del ladrillo.

El peligro no se ha terminado, opinan, ya que nuevos sectores del comercio podrían ocupar pronto su lugar. Como ejemplo, Villoria escribe en su informe que, a menos que se introduzcan cambios, la sanidad pública, ahora en proceso de privatización, podría fácilmente reemplazar a la construcción en escándalos futuros.

Ya se habla de reformar la financiación de los partidos políticos del país y de aprobar leyes de transparencia, de aumentar las penas de cárcel por delitos de corrupción y del fortalecimiento de la independencia de los auditores. Al mismo tiempo, muchos expertos consideran que todavía queda mucho por hacer para reforzar un sistema judicial escasamente financiado, lo cual da lugar a que numerosos casos de corrupción permanezcan sin resolver durante años.

En la Comunidad Valenciana uno de tales casos todavía abierto tiene como protagonista a Carlos Fabra, el ex presidente de la diputación de Castellón, acusado de mediar a cambio de dinero en la autorización de productos fitosanitarios de la compañía perteciente a un antiguo socio. Durante nueve años la instrucción del caso ha pasado por la manos de más de media docena de jueces, que se lo iban delegando a su sucesor respectivo por razones de ascenso o de traslado. Casos como éste no suelen favorecer la carrera de un juez.

Pocos de los políticos investigados dimiten de su cargo o lo abandonan temporalmente. En fechas recientes los columnistas españoles han comparado esta realidad con la de Alemania, donde el ministro de Educación dimitió a causa de un mero plagio.

 

 Estatua en honor de Carlos Fabra en el aeropuerto sin aviones de Castellón

Fabra será por fin juzgado el próximo verano, pero mientras resistía en el cargo impulsó un proyecto que se ha convertido en el símbolo de los gastos innecesarios: la construcción de un aeropuerto en Castellón, a un costo de 140 millones de euros, que no ha logrado atraer un solo vuelo desde su inauguración en el año 2011. En él hay una estatua, un enorme busto dedicado al propio Fabra, que costó 380.000 euros, pagados con dinero de los contribuyentes.

La justicia tampoco ha actuado con rapidez en el caso de La Muela. María Soledad Aured de Torres, la actual alcaldesa, recuerda el día de 2009 en que doscientos policías rodearon la residencia de Pinilla y su despacho en el Ayuntamiento; la redada forzó el cierre de la actividad comercial en el pueblo durante horas.

Sin embargo, poco después Pinilla estaba de regreso y continuó su mandato como alcaldesa durante los dos años siguientes. Alfredo Lajusticia, el juez instructor del caso, concluyó su investigación el mes pasado ordenando que Pinilla sea juzgada, entre otros cargos, por malversación de fondos públicos, evasión fiscal y blanqueo de dinero. Más de cuarenta personas serán asimismo juzgadas, entre ellas miembros de su familia, cargos públicos, promotores inmobiliarios y contratistas.

 

Samuel Aranda para The New York Times

Los proyectos urbanísticos inacabados en La Muela hacen que
esta localidad de 5.000 habitantes parezca hoy un pueblo fantasma

La Muela parece ahora un pueblo fantasma. En los campos de los alrededores, desvahídas vallas publicitarias anuncian urbanizaciones que nunca llegaron a construirse. Un hotel sin terminar se cierne sombrío sobre un extremo del centro del pueblo, mientras que el zoológico casi vacío le sirve de contrapeso en el otro.

María Victoria Pinilla, que ejerció de alcaldesa durante veinticinco años, ha proclamado su inocencia en todo momento. Hace poco su hijo, Víctor Embarba Pinilla –quien probablemente será juzgado también por lavado de dinero, uso de información privilegiada y evasión fiscal– declaró en la puerta de su casa que los abogados han desaconsejado a su madre que haga declaraciones a la prensa. Sin embargo, añadió que ella no ha hecho nada malo.

Dijo también que los datos sobre la fortuna de su familia son muy exagerados, pero el informe de 70 páginas del juez Lajusticia establece un cuadro incuestionable: ha incautado 127 inmuebles de los distintos acusados ​​en el caso, entre ellos cerca de 80 que pertenecen al ex marido de la alcaldesa. Su primo, con 25, es el siguiente en la lista.

La alcaldesa actual dijo que Pinilla y su familia obtvieron buena parte de su fortuna mediante la compra de terrenos en el pueblo, que luego revendieron una vez recalificados para el desarrollo urbanístico. Hizo hincapié en las numerosas estatuas en bronce de caballos, leones y toros que adornan las calles de La Muela, todas ellas compradas en uno de los negocios del hijo de Pinilla.

Algunos de los habitantes del pueblo admiten que se quedaron sorprendidos al enterarse de la fortuna acumulada por la familia de la ex alcaldesa. Otros, sin embargo, se encogieron de hombros.

"Sí, lo que ha pasado aquí es increíble", dice Alfonso Guirao, de 42 años de edad, que se compró una casa en La Muela en 2006 y ahora regenta uno de los bares del lugar. “Pero es que todo es increíble. No hay más que ver lo que está pasando en España.”

Suzanne Daley

Original: Small-Town Mayor’s Millions as Exhibit A on Graft in Spain

Traducido por Manuel Talens

Fuente: Tlaxcala, 6 de mayo de 2013

Palabras clave:España  Unión Europea corrupción política  

Actualizado ( Miércoles, 08 de Mayo de 2013 01:54 )  

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