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En Colombia se aplica el derecho penal del enemigo contra prisioneros políticos

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Fernanda Sánchez JaramilloEn Bogotá se llevó a cabo, el 26 de julio, el Encuentro Regional por la libertad de los prisioneros políticos organizado por la Coalición Larga Vida a las Mariposas, activista por los derechos de las prisioneras y prisioneros políticos.

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Xiomara  Torrez y Erika  Aguirre

Xiomara Torres y Erika Aguirre. Caso Lebrija

Mientras en la tarima los actores representaban el drama de los prisioneros políticos en la tercera fila del auditorio Fundadores de la Universidad Autónoma, Blanca D. Gutiérrez madre de Cristian David Leyva, uno de los 9.500 prisioneros políticos colombianos, lloraba conmovida.

Cristian David fue capturado cuando tenía 18 años y se está haciendo hombre tras las rejas. Cursaba tercer semestre de universidad cuando lo detuvieron y ahora pasa sus días en una cárcel colombiana en condiciones infrahumanas.

Blanca no puede contener las lágrimas al hablar de su hijo. El efecto psicológico ha sido nefasto para los miembros de su familia separada debido al encarcelamiento de Cristian.

“Cristian es un muchacho sano que ha trabajado como voluntario con personas pobres y pertenecía a las bases de Mesa Amplia Nacional Estudiantil, Mane, cuando fue privado de su libertad”, afirma Blanca.

Él fue acusado de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas según el artículo 366 del Código Penal colombiano.

Pero Cristian no fue el único. Junto a él estaba Xiomara Torres, estudiante de quinto semestre de física en la Universidad Pedagógica Nacional, detenida en la cárcel de mujeres en Bucaramanga.

Cristian y Xiomara hacen parte del grupo de cinco estudiantes, junto Érika Aguirre, Jaime Bueno, Diego Ortega y el profesor Carlo Carrillo, capturados y víctimas -según denuncian sus abogados y familiares- de un falso positivo judicial montado en Lebrija (Santander) en el año 2012.

Gladys Jiménez, madre de Xiomara ha denunciado con vehemencia los hechos por los cuales su hija cumplió 22 años de edad y 22 meses en prisión, lejos de sus seres queridos.

Gladys presentó una denuncia penal contra el policía Cuper Diomedez Díaz Amado[1] por lo que considera un montaje. Los estudiantes fueron invitados a una “reunión” en la finca Villa Karen, en Lebrija (Santander). Allí a las las 6:05 de la mañana, del 26 de septiembre de 2012, se llevó a cabo un allanamiento y registro en el cual fueron halladas 300 papas bomba.[2]

Galdys y Blanca insisten en que sus hijos son inocentes y explican que Díaz se ganó la confianza de éstos para tenderles una trampa razón por la cual hoy están privados de su libertad.

En el caso de Xiomara, relata Gladys: “ella le contó a Díaz acerca de sus ancestros, Ignacio Torres uno de los fundadores del comunismo en Colombia, y de su participación en las asambleas estudiantiles como miembro de la MANE”.

Esto le sirvió para presentarla como una persona peligrosa. Pero ella es una joven juiciosa, inteligente, dice su Gladys, y también vulnerable, que sufre ahora el rigor de la cárcel y se angustia al no saber cuándo recobrará su libertad.

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“El silencio no es alternativa”

Miguel Angel Beltran

 Parece que se persigue a la academia –estudiantes y profesores- pero la academia pública y crítica. A Miguel Ángel Beltrán, reconocido académico, profesor de la Universidad Nacional y ex prisionero político lo sancionó disciplinariamente la Procuraduría General de la Nación.

La Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 13 años para ejercer cargos públicos por considerar que tiene nexos con la guerrilla[3]. Esto ocurrió pese a que en el pasado fue absuelto de los delitos de rebelión y concierto para delinquir tras permanecer dos años en prisión.[4]

Las consecuencias de este fallo disciplinario son graves. “Hay persecución a la oposición, al pensamiento crítico. Esto demuestra que las posibilidades para la expresión política y crítica son mínimas, son bloqueadas por organismos como la procuraduría para acallar”, afirma Miguel Ángel Beltrán.

“Además me parece grave en términos de la autonomía universitaria. Por primera vez un profesor es destituido por un organismo que no tiene nada que ver con la universidad. Esto atenta contra la libertad de cátedra y criminaliza la comunidad académica”, enfatiza.

“La persecución es sistemática, no son casos aislados. Francisco Toloza, Carlo Carrillo, Fredy Julián Cortés y William Javier son solo algunos ejemplos de este tipo de casos y que son silenciados por los medios de comunicación”, agrega Miguel Ángel Beltrán.

El tema de la invisibilización de los prisioneros políticos fue recurrente durante el encuentro de la Coalición Larga Vida a las Mariposas. Horacio Castro, de la organización Semilla y Memoria, que trabaja en defensa y solidaridad de prisioneros políticos. dijo que este evento es importante para visibilizar esta situación que según el Estado no existe.

“Con estas actividades queremos decirle a la opinión pública que efectivamente sí hay prisioneros políticos. Porque hay una contradicción entre lo que dice el presidente y lo que dice la constitución, ésta última reconoce el delito de rebelión. Sí se es rebelde es por motivaciones políticas”, afirma Castro.

En Colombia se ha tratado de desdibujar el delito político y muchos han sido juzgados por narcotráfico, porte ilegal de armas y otros cargos para que desaparezca el delito político”, añade.

A pesar de la escasa participación de organizaciones sociales, medios de comunicación, académicos y políticos, el encuentro regional de la Coalición Larga Vida a las Mariposa logró romper el silencio.

En el auditorio se escucharon los mensajes de video y audio de prisioneros políticos y de guerra. Liliany Obando[5], René Nariño[6] y David Ravelo saludaron a la audiencia desde sus lugares de reclusión.

Sus mensajes invitaban a la unidad en el activismo por las prisioneras y prisioneros políticos y estaban cargados de fuerza, esperanza y optimismo. David Ravelo, afirmaba desde la cárcel con voz firme: “ el delito de opinión ha sido establecido en la práctica y quienes asumimos la actividad crítica frente al establecimiento se nos condena a la muerte física, judicial o política. Así como yo hay miles de prisioneras y prisioneros políticos en este país, detenidos por el delito de conciencia”:

Es importante recordar que los prisioneros de guerra, las personas judicializadas en protestas sociales, en los paros campesinos, por su participación en medios alternativos, prisioneros de conciencia, estudiantes, y profesores, entre otros, son prisioneros políticos.

El enemigo es la No Persona

David Albarracín, abogado defensor de derechos humanos y defensor de prisioneros políticos, cuestiona el hecho de que en Colombia no se vea más allá de la justicia retributiva[7].

En su opinión, un conflicto no se termina a través de la justicia retributiva que no sirve tampoco para solucionar conflictos menores como el hurto. Albarracín señala que en Colombia se aplica una “justicia de expiación”, del sufrimiento heredada del catolicismo.

En este mismo sentido, la abogada Teresa Martínez Pinto, defensora de derechos humanos, cuestiona la política criminal y el régimen penitenciario y carcelario en Colombia.

En su ponencia Martínez argumenta que la política criminal colombiana se caracteriza por ser reactiva, con incoherencias y carente de perspectiva de derechos humanos.

Además señala que la política criminal colombiana muestra un tendencia al endurecimiento punitivo, como manifestación “del populismo punitivo”, comprobable con la creación de nuevas figuras delictivas (36 modificaciones a la ley penal).

Asimismo dice que la política criminal en nuestro país no es reflexiva con respecto al contexto particular, social y de derechos humanos, y está subordinada a la política criminal por la política de seguridad según los vaivenes de la guerra y la paz.

Martínez fue enfática al afirmar que: “la política criminal al igual que la política penitenciaria y carcelaria, no deben ser el resultado de la reacción frente a una situación coyuntural, sino que deben tener vocación de permanencia y deben sustentarse en el respeto de la dignidad humana, en la vigencia de los derechos y libertades de las personas privadas de la libertad y en los principios que deben mantener y desarrollar el derecho penal dentro de un Estado social y democrático”.

Pero esto no ocurre en Colombia donde los prisioneros son víctimas de un sistema carcelario con múltiples falencias[8] y contra el cual las denuncias[9] no cesan y no siempre son atendidas por el gobierno[10].

En su ponencia Teresa Martínez menciona la relación de la política criminal del Estado colombiano con lo que se ha denominado el “Derecho Penal del Enemigo”, término acuñado por Günter Jakobs[11], catedrático emérito de la Universidad de Bonn, Alemania.

En su exposición Martínez explica que el derecho penal del enemigo se caracteriza por su tendencia a una mayor punibilidad, penas demasiado altas y la relativización o supresión, en algunos casos, de garantías procesales para el prisionero.

“Otro aspecto fundamental del “derecho penal del enemigo”, es su característica de derecho penal de autor. Esto significa que la punibilidad se determina por las características que reúne cierta persona. Por ejemplo, su pertenencia a la guerrilla”[12], añade Martínez.

Para demostrar esa tendencia de la aplicación del derecho penal del enemigo. Teresa Martínez cita el Decreto 2002 de 2002[13], del cual una parte de su articulado fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en su sentencia C-1024 de 2002.

Ese decreto, prosigue Martínez, establece condiciones de procedimientos diferentes para las personas que residen en esas zonas de rehabilitación, establecidas durante el periodo de conmoción interior declarado entonces.

“En ese orden de ideas, la práctica del derecho penal del enemigo implica la aplicación de reglas diferentes a las del derecho penal normal o aplicables al ciudadano normal, infractor de otros ilícitos (…) Se trata por tanto de dos derechos penales distintos y con distintas finalidades o funciones, comprendidos en un mismo ordenamiento”[14].

El enemigo, se dice, sería una no persona, por lo tanto puede ser tratado como tal, pidiendo llegar a los extremos de autorizar métodos proscritos por el derecho internacional de los derechos humanos como la tortura para lograr confesión o delación de supuestos cómplices o la suspensión de términos y garantías procesales a conveniencia de la autoridad judicial”.[15]

Por todas estas razones Uldarico Flórez, de la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, señaló que trabajan para visibilizar a los prisioneros que no hasta ahora no tenían voz, ni rostro.

Además la Coalición Larga Vida a las Mariposas prepara un documento para el próximo Foro Nacional de Víctimas a realizarse en Cali, los próximos 3, 4 y 5 de agosto, en el cual propondrán amnistía e indulto para las prisioneras y prisioneros políticos y de guerra.

La propuesta va más allá. Flórez señala que también esperan demostrar que éstos son víctimas del Estado porque se les han violado los derechos humanos de manera sistemática y permanente[16].

Finalmente, Uldarico Floréz señala que propondrán además que Liliany Obando, prisionera política, Miguel Ángel Beltrán, y Renán Vega Cantor, reconocido intelectual colombiano, formen parte de la Comisión Histórica de la Verdad para garantizar que la historia sea contada desde las víctimas.

 Fernanda Sánchez Jaramillo para La Pluma, 28 de julio de 2014


[1] Denuncia Penal Denunciante: Gladys Paulina Jiménez: CASO DENUNCIA LEBRIJA VERSION PDF

http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5719:2014-04-16-19-26-02&catid=108:prisioneros-politicos&Itemid=463

http://www.es.lapluma.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5777:2014-05-07-14-47-09&catid=108:prisioneros-politicos&Itemid=463

[8] En cuanto a la política penitenciaria y carcelaria, la crítica situación que aborda el sistema debido a: i) la falta de separación clara entre sindicados y condenados, ii) la falta de atención adecuada en materia de salud, iii) la falta de personal suficiente dedicado a la capacitación de personas privadas de su libertad; iv) la falta de oportunidades de estudio, trabajo e ingresos que garanticen la resocialización de los reclusos, y v) las dificultades estructurales en la aplicación de un tratamiento penitenciario progresivo, entre otras, se constituyen, a aparte de la persistencia del Estado de Cosas Inconstitucional, en un indicador de las graves violaciones a los derechos humanos que se producen en el país. Ponencia: Política Criminal y Régimen

[11] El derecho penal conoce dos polos o tendencias de sus regulaciones Por un lado, el trato con el ciudadano, en el que se espera hasta que éste exterioriza su hecho para reaccionar, con el fin de confirmar la estructura normativa de la sociedad, y por otro, el trato con el enemigo, que es interceptado muy pronto en el estadio previo y al que se le combate por su peligrosidad. Günter Jakobs y Manuel Cancio Meliá. El Drecho Penal del Enemigo. Página 42. Thomson, civitas, 2003.

[12] Política Criminal y Régimen Penitenciario y Carcelario en Colombia. Teresa Martínez Pinto. Bogotá 26 de julio, 2014. Encuentro Preparatorio Centro Oriente.

[13] Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación. Diario Oficial 44.930, 11 de septiembre de 2002.

[14] Política Criminal y Régimen Penitenciario y Carcelario en Colombia. Teresa Martínez Pinto. Encuentro Preparatorio Centro Oriente. Bogotá 26 de julio, 2014.

[15] Ibid.

http://radiomacondo.fm/2014/03/21/ante-la-onu-denunciado-gobierno-colombiano-por-violacion-de-ddhh-y-politicos/

Fotos: Fernanda Sánchez Jaramillo

Fernanda Sánchez Jaramillo es periodista y magíster en Relaciones Internacionales. Colaboradora de La Pluma.net

Lea en La Pluma:

Ponencia del Movimiento Nacional Carcelario al Encuentro Regional Larga Vida a las Mariposas

Artículos de Fernanda Sánchez Jaramillo publicados por La Pluma

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Actualizado ( Viernes, 01 de Agosto de 2014 10:56 )  

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