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Algunas consideraciones sobre el momento actual, los alcances y la potencia transformadora del proceso de paz en Colombia

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Jairo Estrada AlvarezbisA cerca de tres años de haberse iniciado el proceso de diálogos y negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) resulta conveniente aproximar un balance del estado actual del proceso, así como de algunas de sus implicaciones sobre el proceso político nacional y la geopolítica y la integración regional.

Entre tanto es evidente que las condiciones de contexto registran cambios de tendencia que deben ser estudiados a fin de valorar las posibilidades de la potencia transformadora que se podría desatar en Colombia como resultado de una solución política al largo conflicto social y armado y las incidencias que sobre la Región tendría la perspectiva de avanzar hacia un proceso de democratización real, en un país que hasta el momento se ha erigido en estandarte de la estrategia geopolítica de dominación y control territorial de los Estados Unidos y en referente de las derechas en Nuestra América.

La tesis que se sostendrá en este escrito consiste en afirmar que la alta probabilidad de transitar hacia escenarios de paz en Colombia incidirá favorablemente sobre el actual campo de fuerzas, imprimiéndole un nuevo impulso al proceso de cambio político, socioeconómico y cultural democrático en Nuestra América, en momentos en que éste muestra signos de agotamiento en unos casos y de declive en otros, como resultado de los límites que en forma desigual y diferenciada registran los proyectos políticos de contenido popular, reivindicatorios de la soberanía y la autodeterminación, emprendidos hace un poco más de tres lustros en diferentes países de la Región y también de aquellos definidos como progresistas. Todo ello, desde luego, sin dejar de considerar que lo que suceda en Colombia podría tener los alcances de una “revolución pasiva”, si no se logra desatar - con un importante respaldo social y popular - la potencia transformadora que tiene un (eventual) Acuerdo de paz [1]. En ese sentido, la tendencia del proceso político colombiano no difiere sustancialmente de lo que es válido para el conjunto de los países de Nuestra América y para la Región en general: se encuentra en disputa.

Razones para el inicio de los diálogos y la negociación de La Habana

Para el inicio de los diálogos de La Habana, las consideraciones realizadas por las partes acerca del balance político-militar de la guerra jugaron un papel definitivo. Del lado del Estado, es evidente que los propósitos de una derrota militar de la guerrilla, que la llevaría a su sometimiento y rendición, no se pudieron cumplir. Ello pese a haber desarrollado un concepto de guerra integral que comprometió, entre otros:

1. Un enorme esfuerzo fiscal, que llevó al gasto en seguridad y defensa a un promedio del 5.2 por ciento del PIB (incluidas las pensiones militares), muy superior al que registran los promedios internacionales, con el cual se financió la innovación tecnológica, el aumento del pie de fuerza a cerca de medio millón de hombres, es decir, a un tamaño similar a las fuerzas militares de Brasil, un creciente involucramiento de la población civil a través de las delaciones, programas de deserción y guerra sicológica, entre otros.

2. El apoyo irrestricto del gobierno de los Estados Unidos a través de la llamada ayuda militar, contentiva de recursos frescos, tecnología militar e inteligencia humana y tecnológica; así el concurso de los servicios de inteligencia británico e israelí.

3. La organización de estructuras complejas de contrainsurgencia, que incluyeron la disposición y operación de fuerzas paramilitares, las cuales contaron además con la financiación por parte de grupos económicos, empresas transnacionales, ganaderos, latifundistas y narcotraficantes.

4. La puesta en marcha de dispositivos culturales, apoyados en el despliegue impresionante de una ofensiva mediática nacional e internacional, encaminada a producir la idea de la insurgencia armada, especialmente de las FARC-EP, como el principal enemigo de la sociedad colombiana y como organización degradada hacia un cartel del narcotráfico [2], con lo cual se desconoció la naturaleza política, económica y social del conflicto armado hasta negar su existencia y calificar la rebelión como una “amenaza terrorista”.

Por otra parte, del lado de la insurgencia es evidente que su propósito de toma del poder por la vía armada tampoco se cumplió. Aunque en aras de la verdad histórica debe afirmarse que su estrategia nunca se limitó al uso exclusivo de las armas, sino que contempló también la búsqueda de una solución política, así como el impulso de proyectos políticos en la legalidad o en la clandestinidad y en el acompañamiento a múltiples procesos organizativos sociales y populares, especialmente en el nivel local.

La ofensiva política, militar y cultural del Gobierno durante los últimos lustros obligó en todo caso a un replanteo de las tácticas guerrilleras y a una nueva valoración de las posibilidades del accionar militar en un contexto de inmensa asimetría. En medio de la fuerte ofensiva del Plan Colombia y del Plan Patriota y de sus múltiples variaciones y actualizaciones a lo largo de la década anterior, la guerrilla pudo recomponerse y adaptarse a las nuevas condiciones y continuar su trabajo político.

Además de las consideraciones que resultan del balance político-militar de la guerra, hay otras de gran significado que se explican, por una parte, por los cambios en el bloque dominante en el poder ocurridos en Colombia tras la elección presidencial de 2010 y la valoración que hace la facción desde entonces gobernante acerca de los impactos de una continuidad de la guerra sobre la estrategia de acumulación y el modelo económico, particularmente en lo referido a la colonización capitalista de nuevos territorios de la Orinoquia, la Amazonia y el Pacífico colombianos, a fin de ser incorporados en la dinámicas de acumulación transnacional ahora financiarizada; territorios por cierto en los que la presencia guerrillera continúa siendo significativa.

La “normalización” de esos territorios para el despliegue de megaproyectos minero-energéticos y de infraestructura, sustentados en la inversión extranjera y de poderosos grupos económicos, devino en necesidad para la acumulación capitalista en su etapa actual. Frente al alistamiento y el despojo basado en el ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar, que ha producido más de siete millones de desplazados, le sigue, como resultado de un eventual Acuerdo de paz, la pretensión de continuidad, ahora basada en el restablecimiento de un orden del derecho. Dicho en otras palabras, se considera que la guerra ya cumplió su función de expropiación violenta para apuntalar el régimen extractivista de acumulación y lo que continúa es su institucionalización, la cual se presenta además como democrática y modernizante del capitalismo [3].

Por otra parte, la valoración guerrillera del campo de fuerzas, que la lleva a considerar nuevas condiciones de posibilidad para un acuerdo político que permita terminar la confrontación armada. Ello teniendo en cuenta un contexto regional en el que en medio de múltiples conflictividades y dinámicas diferenciadas en el orden nacional, se asiste a una redefinición de las relaciones de poder, bien sea para propiciar la superación de las predominantes o para producir su recomposición, con un saldo general que hasta ahora muestra un debilitamiento de la injerencia estadounidense y un resurgir de principios de soberanía y autodeterminación, y se acompaña de la crítica a la economía política neoliberal, en algunos casos con elementos de anticapitalismo.

En el rediseño de las estrategias guerrilleras para la búsqueda de una solución política incidió de manera significativa el despliegue de un nuevo régimen de movilizaciones y luchas sociales y populares en diversos países de la Región que tras procesos organizativos previos irrumpiera con fuerza desde fines de la década de 1990 y se extendiera hasta entrada la segunda mitad de la década anterior para producir cambios políticos democráticos, nacional-populares y progresistas.

En el mismo sentido influyeron los límites de una dominación de clase basada en la guerra y el ejercicio estructural de la violencia y expresiones variadas de la crisis nacional, así como los impactos de la reorientación del modelo neoliberal hacia un régimen de economías de extracción, que viene desatando nuevas conflictividades socioterritoriales (políticas, sociales, ambientales), ha estimulado importantes procesos organizativos y generado un nuevo ciclo de movilizaciones y luchas sociales y populares (con sus flujos y reflujos), en las que el campesinado pobre y desposeído –principal afectado por la guerra- se ha constituido en baluarte, junto con procesos indígenas y afrodescendientes [4]. Todo ello, unido a los efectos que ha producido la urbanización forzada y a los problemas que genera el dominio del capital financiero sobre la economía y la vida cotidiana en los principales centros urbanos.

La lectura guerrillera del proceso político parece consistir en que a su juicio hay condiciones para pensar en el impulso a un proceso constituyente y que un eventual Acuerdo de paz representaría robusto un aporte a ese propósito [5].

En suma, el inicio de la negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP dejó abierto un compás de opciones para el curso futuro del proceso político. Incide sobre la cohesión del bloque dominante en el poder, produciendo y acentuando tendencias hacia su quiebre y puede contribuir a la mayor articulación del campo popular, todavía disperso. Sin duda, se está asistiendo a la recomposición del campo de fuerzas, sin que todavía estén suficientemente definidos los vectores de salida. El contenido de la paz y de escenarios tras un eventual acuerdo final entre las Partes está en disputa.

La Agenda de diálogos y negociación y sus alcances

La Agenda pactada para adelantar los diálogos de La Habana es una buena expresión del balance político y militar de la guerra, así como de la valoración que hicieron las partes del contexto y del momento político y socioeconómico. No se trata de un sometimiento o de una rendición guerrillera al establecimiento; tampoco comprende una revolución por decreto.

A mi juicio, es un acuerdo de negociación de mínimos que se inspira, por una parte, desde la perspectiva del Estado en la posibilidad de terminar la confrontación armada sin cambios que puedan afectar el sistema político y el modelo económico. Se busca hacer realidad una pretensión de reinserción y de absorción sistémica de la rebeldía armada, tal y como ocurriera con otros movimientos guerrilleros colombianos al finalizar de la década de 1980. Para ello fue necesaria una concesión: el reconocimiento de la naturaleza política y social de la insurgencia armada, que es lo que permite precisamente iniciar las negociaciones. En ese sentido, lo que se espera no es más que una “revolución pasiva”.

Desde la visión guerrillera, da cuenta, por otra parte, de los mínimos requeridos para producir el tránsito hacia la política abierta a través de su conversión en movimiento político, con la expectativa que el escenario de reformas a acordar e implementar en un eventual Acuerdo final logre articularse con algunas aspiraciones históricas del campo popular y contribuir a fortalecer diversas dinámicas constituyentes en curso. De ahí su tesis acerca de la necesidad de impulsar un proceso constituyente y de la convocatoria a una Asamblea nacional constituyente como estación necesaria para darle al régimen de luchas un nuevo marco normativo (jurídico-institucional), sustentado en mejores y mayores condiciones de democratización.

Una lectura simple de la Agenda permite identificar que lo que es objeto de negociación, coincide en principio con lo que se podría caracterizar como (algunas) causas históricas y factores principales de persistencia del conflicto colombiano [6]:

a) a) La no resuelta cuestión agraria a la que, a la histórica concentración de la propiedad latifundista sobre la tierra (acompañada de su contracara, la recurrente expropiación violenta del campesinado pobre y desposeído), se le agregan contenidos prevenientes de la tendencia del desarrollo capitalista: los conflictos de uso de la tierra (ganadería extensiva, agricultura para los agronegocios en detrimento de la producción de alimentos, extracción minero-energética), la dimensión territorial y socioambiental, y la inserción en los procesos de la especulación financiera.

b) b) El régimen de excepcionalidad permanente de la organización del poder y la dominación, que aún bajo la forma jurídico-política del Estado social de derecho y de un régimen de “democracia electoral”, se fundamenta en la conformación de un sistema político y de representación clientelista, corrupto, criminal y mafioso, en la continua restricción y la pretensión de disciplinamiento al ejercicio de la oposición política y social, así como en la estructuración y activación recurrente de complejos dispositivos contrainsurgentes, que han comprendido la conformación de fuerzas paramilitares para combatir mediante el ejercicio estructural de la violencia toda forma de subversión social.

c) c) La irrupción de la economía corporativa transnacional de la cocaína con indiscutibles impactos sobre el conjunto de la formación socioeconómica y sobre la propia tendencia y configuraciones del conflicto armado, incluida la creciente injerencia estadounidense en el marco de la llamada guerra contra las drogas.

d) d) Los impresionantes impactos del conflicto sobre la población, que han producido una de las mayores tasas de desplazamiento forzado del mundo (más de siete millones de hombres y mujeres durante las últimas tres décadas), la expropiación violenta de tierras y territorios, en cifra que se acerca los ocho millones de hectáreas (algo más del 7 por ciento del territorio nacional), más de 200.000 homicidios por razones políticas, y más de 50.000 desapariciones forzadas, además del extermino de organizaciones políticas, sindicales y sociales. Todo ello da cuenta de cifras muy superiores a las que registraron las dictaduras más sangrientas en Nuestra América.

En efecto, la Agenda es contentiva de puntos concernientes a la “Política de desarrollo agrario integral” (Punto 1), la “Participación política” (Punto 2), la “Solución al problema de las drogas ilícitas” (Punto 4) y a las “Víctimas” del conflicto (Punto 5) [7]. Junto con estos temas, de cuyos acuerdos se generarán impactos sobre el conjunto de la sociedad colombiana, se encuentra el “Fin del conflicto” (Punto 3), que comprende requerimientos específicos de las FARC-EP para transitar a la política abierta.

Hasta el momento se han logrado acuerdos parciales de los Puntos 1, 2 y 4 y se espera un pronto anuncio de acuerdo sobre el Punto 5. Asimismo, se ha iniciado el abordaje simultáneo de los componentes del Punto 3 “Fin del conflicto”, que fue definido en la Agenda como un “proceso integral y simultáneo”.

Una valoración preliminar de lo hasta ahora acordado permite afirmar que en lo esencial se han sentado las bases para un impulso democratizador en lo político, lo económico y lo social, el cual puede ser definido en términos de la posibilidad de apertura de un ciclo reformista. Tal posibilidad se comprende como un campo de fuerzas en disputa en el que se deberá enfrentar la persistencia y continuidad de la política neoliberal, así como el miedo a la reforma que ha caracterizado históricamente a las clases dominantes colombianas, lo cual las ha llevado de manera recurrente a la organización y disposición de estructuras contrainsurgentes.

Para comprender los alcances y las posibilidades de los acuerdos parciales, sobre todo cuando se hacen comparaciones con otras experiencias de la Región, es necesario considerar historicidad particular del proceso político colombiano. A diferencia de los países de la Región, en Colombia se ha vivido la excepcionalidad de la guerra y el ejercicio de la violencia durante más de medio siglo, en medio de un régimen que se ha proyectado como la democracia más estable de Nuestra América. Así es que lo que aquí se define como la posibilidad de apertura de un ciclo reformista representa una respuesta a un conjunto de acumulados no resueltos históricamente que hoy, con nuevos contenidos, requieren ser superados para transitar efectivamente hacia lo que en el lenguaje del Acuerdo de La Habana se califica como una paz estable y duradera.

Acuerdos sobre Política de reforma rural integral

Los acuerdos en materia agraria implican un reconocimiento implícito del campesinado pobre y desposeído del país; fuerza política y social que no sólo ha estado excluida de la política estatal por el predominio de un modelo agroexportador que ha desconocido (y destruido) la economía campesina, sino que ha sido la principal víctima del ejercicio de la violencia estatal y paramilitar. Lo acordado apunta en lo esencial al buen vivir y al mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo.

Sin que se pueda afirmar que se pondrá en marcha un proceso de reforma agraria en el sentido clásico del término, el Acuerdo deja sentada las bases para una transformación estructural del campo colombiano a través de la implementación de una “política de reforma rural integral” que, poniendo en el centro al campesinado, comprende, entre otros:

1. 1. Definiciones sobre la democratización del acceso a la propiedad sobre la tierra “para campesinos sin tierra o tierra insuficiente” y para “las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo al distribución equitativa de la tierra”, a través de la creación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita y de otros mecanismos de acceso que incluyen subsidios de compra y créditos especiales de compra, la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural y la restitución de tierras despojadas [8].

2. 2. La formulación de lineamientos generales de uso de la tierra, “atendiendo las características de su vocación, el bien común y las visiones territoriales de desarrollo rural construidos en el marco de instancias de participación” y teniendo en cuenta: “1) la sostenibilidad socio-ambiental y la conservación de los recursos hídricos y la biodiversidad; 2) la compatibilidad entre la vocación y el uso del suelo rural; 3) la prioridad de la producción de alimentos para el desarrollo del país (…); 4) las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios” [9].

3. 3. La formación y actualización del catastro e impuesto predial rural, que apunta a castigar la gran propiedad latifundista y los usos improductivos de la tierra.

4. 4. El cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva, que incluye el reconocimiento del papel de los territorios campesinos en la forma de Zonas de Reserva Campesina, así como el compromiso de definición de las áreas de tales zonas con las comunidades interesadas.

5. 5. El diseño y puesta en marcha de Programas de Desarrollo con enfoque territorial, que deben “cobijar la totalidad de las zonas rurales del país”, atendiendo criterios de priorización para las zonas más necesitadas.

6. 6. La formulación y puesta en marcha de Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, orientados a “la superación de la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural; (…) y a “la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”. Dichos planes comprenden infraestructura y adecuación de tierras; desarrollo social (salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza, formalización laboral rural y protección social; estímulos a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa [10].

Este Acuerdo parcial está acompañado de un conjunto de salvedades formuladas por la guerrilla de las FARC-EP, las cuales se enfocan en aspectos de carácter estructural referidos, entre otros, a la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso, a la redistribución democrática de la propiedad, al freno a la extranjerización de la tierra, a la declaración del carácter estratégico de los recursos naturales energéticos y mineros y a su recuperación, a la regulación de la extracción minero-energética y de la producción de agrocombustibles, a los conflictos de uso de la tierra, a la revisión y renegociación de los tratados de libre comercio, a ajustes en el ordenamiento territorial, a la financiación de la política de desarrollo rural y agrario integral, a la cuantificación del fondo de tierras, a la creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio y a definición sobre el derecho real de superficie [11].

Acuerdos sobre Participación Política

En lo concerniente al punto de Participación Política, los acuerdos apuntan en lo fundamental a la ampliación del espacio democrático a fin de proveer nuevas condiciones para el ejercicio de la política en general, y para los partidos, organizaciones y movimientos políticos y sociales que ejercen la oposición y buscan convertirse en alternativas de poder y de gobierno. En atención a ello, se concentran en:

1. 1. La definición de lineamientos de política y en la formulación de medidas y acciones para dar garantías plenas a la oposición política y, en particular, a los nuevos movimientos que surjan tras la firma de un (eventual) Acuerdo final. En ese sentido comprenden, a) el reconocimiento de derechos y garantías en general, tanto para organizaciones políticas que ejercen oposición dentro del sistema político y de representación, como para aquellas organizaciones o movimientos sociales y populares que lo hacen por fuera de él, lo cual deberá traducirse en la formulación de un “Estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política”, b) la provisión de garantías de seguridad para el ejercicio de la política a través de la creación de un sistema integral de garantías [12].

2. 2. La superación de restricciones a los mecanismos de participación política y social, que incluye garantías para los movimientos y organizaciones sociales y para la movilización y la protesta social; la participación social a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales; garantías para la reconciliación y la no estigmatización; el control y la veeduría ciudadana; el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa [13].

3. 3. Medidas para promover la mayor participación política en todos los niveles, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad, dentro de las cuales se encuentran la promoción del pluralismo político, de la participación electoral y de la transparencia de los procesos electorales; la reforma al régimen y la organización electoral, la promoción de una cultura política y democrática participativa, el impulso a la representación política de poblaciones y zonas especialmente afectadas por el conflicto, a través de la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz que elegirán Representantes a la Cámara; y la promoción de la participación política de la mujer.

También en este punto, la guerrilla de las FARC-EP formuló un conjunto de salvedades al Acuerdo parcial, cuyo alcance es buena medida de carácter estructural. Éstas se refieren a su demanda por una reestructuración democrática del Estado y una reforma política en función de la expansión democrática; a la revisión, reforma y democratización del sistema político electoral; la reforma a los mecanismos de participación ciudadana, en especial a persistentes restricciones y limitaciones reglamentarias; la proscripción del tratamiento militar a la movilización y la protesta social; la elección popular de los representantes de los organismos de control; la participación ciudadana en la definición de asuntos de interés nacional; la democratización del espacio radioeléctrico, la información y la comunicación; el ordenamiento territorial y el estímulo a la participación de las regiones; la participación y en control social en el proceso de la política pública, la planeación y la política económica; la participación social en los órganos e instancias de dirección de la economía; la democratización y garantías de participación, reordenamiento territorial y descentralización para la justicia social urbana; el reconocimiento de derechos políticos para garantizar la participación política y social de campesinos, indígenas y afrodescendientes; la participación social en los procesos de integración de Nuestra América, especialmente de Unasur y la Celac; el control social y popular y la veeduría ciudadana sobre los tratados suscritos por el Estado, incluyendo medidas transitorias de protección frente a aquellos que vulneren los derechos de la población [14].

Acuerdos sobre Solución al problema de las drogas ilícitas

Los acuerdos parciales sobre la Solución al problema de las drogas ilícitas comprenden un reconocimiento del fracaso de la política de “guerra contra las drogas” impulsada por los Estados Unidos y aceptada por los gobiernos colombianos de las últimas décadas. Asimismo, dejan atrás la idea de una guerrilla degradada en industria criminal y reconvertida en organización narcotraficante. En lugar de ello, parten de un reconocimiento, primero, de la problemática social, de abandono y pobreza, que se esconde tras los cultivos de coca, erigidos en alternativa económica de sectores de la población rural; segundo, del carácter de salud pública que tiene el fenómeno del consumo; y tercero, de la necesaria distinción que debe hacerse frente a la criminalidad organizada asociada con el narcotráfico.

Los acuerdos su fundamentan en la necesidad de ofrecer opciones distintas a la erradicación forzada de cultivos basada en la aspersión aérea con agentes químicos, especialmente con glifosato, y la persecución y la criminalización de los productores de coca, a través de la formulación y puesta en marcha de un “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como parte de la transformación estructural de campo que busca la Reforma rural Integral”, el cual se sustenta en la más amplia participación de las comunidades afectadas, especialmente campesinas, y en la implementación de “planes integrales municipales y comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo”. El carácter voluntario y concertado de la política acordada comprende la decisión “de las comunidades de transitar caminos alternativos a los cultivos de uso ilícito, y el compromiso del Gobierno de generar y garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo para el bienestar y el buen vivir” [15].

En cuanto al consumo de drogas, además de enfatizar su tratamiento como un asunto de salud pública, se pactó el compromiso gubernamental de crear el “Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas”, así como de diseñar y poner en marcha un “Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas” [16].

Respecto de la producción y comercialización de narcóticos se acordó intensificar la lucha contra el crimen organizado y sus redes de apoyo, incluida una estrategia integral de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico, la identificación de la cadena de valor del narcotráfico para enfrentar el lavado de activos y las diversas formas de incorporación de esos activos en la actividad económica, controles estatales estrictos a la producción, importación y comercialización de insumos y precursores químicos, así como el rediseño de la política criminal en función de esos propósitos. En atención al carácter global del negocio del narcotráfico se pactó el compromiso del Gobierno de promover una Conferencia internacional en el marco de la Naciones Unidas [17].

Y finalmente, teniendo en cuanta las dimensiones de lo acordado de señaló que ello solo será posible si se cuenta con el compromiso del Gobierno, en cuanto debe proveer las condiciones para que lo acordado se pueda materializar; de las FARC-EP en el sentido de contribuir de manera efectiva en lo que esté a su alcance, “y en un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relación, que con ocasión de la rebelión, se hubiese presentado con ese fenómeno"; y de toda la sociedad en su conjunto, incluyendo sus diferentes formas de organización política y social, que de una manera u otra han consentido o se han involucrado con la economía del narcotráfico [18].

También en este punto, la guerrilla de las FARC-EP dejó sentadas unas salvedades respecto de la “nueva política criminal” que a su juicio debe centrarse en la persecución y el encarcelamiento de los principales beneficiarios del marcado de las drogas ilícitas, así como en el desmantelamiento de las redes transnacionales de tráfico y lavado de activos. Asimismo, demandaron la suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y la reparación integral de las víctimas de tales fumigaciones; señalaron, en el contexto del tratamiento de salud pública que se le debe dar al consumo, la necesidad de una reforma al sistema de salud; y abogaron por la realización de una Conferencia nacional sobre política de lucha contra las drogas, que se analice y arroje “conclusiones sobre el problema de la comercialización y producción de drogas ilícitas, como fenómeno ligado al paramilitarismo”. Y aborde el asunto concerniente a la relación entre “conflicto, narcotráfico e impacto sobre la institucionalidad” [19].

Acuerdos sobre Víctimas

Aunque todavía no se han dado anuncios que indiquen un Acuerdo parcial en el punto de Víctimas, los comunicados conjuntos producidos por la Partes indican que se está cerca de concreciones en este aspecto. Por lo pronto, se puede afirmar que el Acuerdo representará un avance muy significativo en lo que concierne al necesario proceso de esclarecimiento de la verdad del conflicto.

En desarrollo de ese propósito, se pactó la conformación de la “Comisión histórica del conflicto y sus víctimas”, que produjo el informe “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”, el cual ofrece en doce trabajos de académicos e investigadores sociales y dos relatorías, una visión plural, con enfoques teóricos y énfasis distintos, acerca del conflicto colombiano, que aportan a la comprensión de su complejidad, a la identificación de causas históricas y de factores de persistencia, a la caracterización de los impactos sobre la población y a una definición de las responsabilidades [20]. La Mesa de diálogos acordó igualmente la conformación de una “Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición”, que funcionará por tres años tras la firma del (eventual) acuerdo final y deberá producir un informe para aportar al esclarecimiento de la verdad, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas, y para propiciar la convivencia en los territorios [21]. Estos acuerdos sobre verdad indican que no habrá una verdad oficial sobre el conflicto y sus víctimas, sino que ésta responde a una construcción social que en sentido estricto representa un campo en disputa [22].

Por otra parte, las partes anunciaron que en atención a la necesidad de reconocimiento de las víctimas y sus derechos, se diseñará y pondrá en marcha un “Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición”, del cual se espera un conjunto de políticas, medidas y acciones, que deberían superar los diseños institucionales vigentes en ese aspecto, especialmente los contenidos en la Ley de víctimas y de restitución de tierras (Ley 1448 de 2011), expedida por el Gobierno antes del inicio de la negociación.

En la negociación de este punto de Víctimas, una de las mayores dificultades se presentó en lo concerniente a la problemática de la justicia a aplicar para posibilitar la terminación de la confrontación armada. Tras posturas iniciales del Gobierno que afirmaban fundamentarse en la llamada justicia transicional, pero preservando componentes de punición, incluida la cárcel para la comandancia guerrillera, se ha abrió paso una solución más ajustada a la realidad de una negociación que no descansa sobre el sometimiento y la rendición del adversario. Las Partes anunciaron la conformación de una jurisdicción especial de justicia que, a partir de un concepto de justicia restaurativa y prospectiva, además de atender requerimientos de las víctimas del conflicto, se ocupará de resolver la situación jurídica de los guerrilleros (garantizando su ingreso a la política abierta), así como de los demás actores intervinientes de manera directa o indirecta en el conflicto, incluidos los no combatientes.

Con el acuerdo para la conformación de la jurisdicción especial de justicia se puso de presente que la terminación del conflicto no puede descansar sobre la tesis del juzgamiento y la condena a la rebelión armada, sino que ésta debe ajustarse a la verdad histórica del conflicto, la cual comprende una definición compleja de responsabilidades diferenciadas que comprometen al Estado, a las fuerzas militares y de policía y organismos de inteligencia, a diferentes expresiones organizadas del poder político y económico (partidos, grupos económicos y empresariales, medios de comunicación, entre otros), a gobiernos extranjeros, especialmente a los Estados Unidos, a grupos narcoparamilitares y a la propia guerrilla.

El previsible acuerdo sobre Víctimas y en especial la solución de Justicia acordada hacen pensar que el proceso de La Habana entra en el terreno de la irreversibilidad, aunque ésta desde luego no puede ser considerada absoluta, si se considera un contexto político en el que sectores de las derechas mantienen su empeño en retornar a la confrontación armada abierta y no renuncian al deseo de la derrota militar de los rebeldes y de su sometimiento. Si el Acuerdo parcial sobre el Punto de Víctimas y la solución de justicia se acompañan de un cese bilateral de fuegos y hostilidades los caminos hacia la paz con justicia social en Colombia tendrán mejores trazos [23].

Como ya se señaló, está pendiente el abordaje del Punto 3 “Fin del conflicto” que es contentivo de los requerimientos específicos que exigen las FARC-EP para producir su tránsito a la política abierta y convertirse en movimiento político. Entre otros se trata del cese bilateral de fuegos y hostilidades, la dejación de armas, la reincorporación de la guerrilla a la vida civil en lo político, económico y social, el compromiso gubernamental de combatir organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, el esclarecimiento del paramilitarismo, la provisión de garantías de seguridad y las reformas y ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz [24]. Por los comunicados expedidos por las Partes se sabe que se está trabajando de manera simultánea en subcomisiones conjuntas especializadas, en las que se ha producido aproximaciones, pero sin el logro de acuerdos específicos, salvo aquellos asociados con medidas para el desescalamiento del accionar militar.

La dinámica actual de la negociación sugiere que así como han sido posibles los acuerdos parciales ya analizados, también deben esperarse convenios en este punto, sin que se puedan arriesgar hipótesis acerca de los tiempos. Las Partes ya manifestaron en todo caso su voluntad de llegar a la firma de un acuerdo final hacia finales de marzo de 2016.

Además de un (eventual) Acuerdo final están pendientes los asuntos relacionados con la implementación, la verificación y la refrendación de lo acordado. También en esta materia se espera un pulso fuerte entre el Gobierno y las FARC-EP, si se tiene en cuenta que lo hasta ahora tiene al alcance de un conjunto de buenas intenciones. Para que lo negociado tenga mejores condiciones de materialización, aún está por definirse, por una parte, la fuerza normativa que debe adquirir lo acordado, es decir, su incorporación en el ordenamiento jurídico en el nivel constitucional, legal o reglamentario según el caso. Por la otra, quién produce tales desarrollos normativos. En sana lógica podría afirmarse que le corresponde a quienes han negociado y pactado desarrollar normativamente lo acordado. Pero evidentemente existe el propósito del Gobierno y de los partidos que conforman la coalición gobernante de sacar lo acordado de la Mesa de La Habana, para que sus desarrollos normativos se hagan en el marco de la institucionalidad vigente, así ésta tenga que acondicionarse para sacar adelante ese propósito [25].

En la formalización jurídica de lo acordado y en la solución de las salvedades se encuentran parte de las expectativas guerrilleras por la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, a la que además se le otorga la función de refrendación del (eventual) Acuerdo final. La terminación del largo período de excepcionalidad que ha significado la guerra se concibe en la lógica guerrillera como el diseño de un verdadero pacto de paz que no sería otro que aquel que surja del nuevo diseño jurídico-político que produzca el constituyente primario.

Pero además del debate sobre los desarrollos normativos, se halla lo concerniente a lo que se podría caracterizar como las consecuencias económicas de la paz. ¿Cómo se va a financiar un (eventual) Acuerdo final y quién lo va a pagar? Eso también está por definirse. Es evidente que desde la perspectiva de las clases dominantes se aspira a una paz gratis o por lo menos muy barata, más aún cuando el contexto macroeconómico se ha deteriorado sensiblemente por los efectos de la persistente crisis capitalista sobre el régimen de acumulación basado en la exportación minero-energética.

La potencia transformadora de un (eventual) Acuerdo final

Hacia dónde se inclina finalmente la balanza para terminar el conflicto, implementar, verificar y refrendar los acuerdos y para proveer los recursos para financiarlos no es asunto exclusivo de la Mesa de diálogos de La Habana. En realidad, todo ello hace parte del campo de fuerzas en el cual se disputa actualmente la orientación del proceso político y socioeconómico. Como aquí se ha señalado, lo valioso del proceso de La Habana se encuentra en la potencia transformadora que él encarna. Para que ésta se desate, será necesaria no solo una aprehensión social de lo acordado, sino ante todo que ello se comprenda en los términos que corresponde: como una contribución a los múltiples esfuerzos del campo popular por propiciar un proceso de democratización real en los diferentes ámbitos de la vida económica, política, social y cultural del país.

Sin dejar de valorar los numerosos procesos en curso, especialmente de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, de partidos y organizaciones de izquierda, así como los variados repertorios de lucha y movilización social y popular exhibidos particularmente durante el último lustro por parte del campesinado organizado, de las comunidades indígenas y afrodescendientes, que se articulan unitariamente en la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular, y se expresan además en numerosos movimientos socioterritoriales focalizados, debe afirmarse que aún persiste la dispersión y la fragmentación.

Asimismo, no ha logrado consolidarse aún un entendimiento profundo del significado de la solución política y de la nueva perspectiva política que ella abre y representa. Son varios los aspectos que se conjugan en ese sentido, entre otros:

a) La normalización histórica de la guerra, tras varias generaciones que la han vivido y padecido, impide apreciar el significado sin igual de su finalización y de las posibilidades que ello brinda para el pleno ejercicio de la política;

b) La consideración en sectores del campo popular del proceso de diálogos y negociación como un asunto más del proceso político, paralelo y no necesariamente articulado con sus propias aspiraciones, lo cual se manifiesta en la disección que se produce entre la “agenda de La Habana” y la “agenda social”. En una falta de sindéresis y de valoración objetiva del momento político en algunos casos extremos se ha llegado a calificar el proceso como una “claudicación” o un “pacto de élites”;

c) La persistencia de mezquindades que, sin manifestarlo abiertamente, aprecian en la solución política y la transformación de las fuerzas guerrilleras en movimiento político abierto una redefinición del espectro de la izquierda y una amenaza para (pretendidos) liderazgos existentes. En este sentido, algunas expresiones propias de la cartografía histórica de la izquierda y del anticomunismo juegan un papel nada despreciable.

d) La visiones distintas (y en ocasiones enfrentadas) de la política y lo político en la actualidad; algunas privilegiando al extremo tendencias a la institucionalización de la política y los espacios institucionales, especialmente los derivados del régimen de democracia (gobernable) electoral; otras, desatendiendo éstas y considerando casi en forma exclusiva la movilización, el movimiento como un fin en sí mismo. Todo ello se exterioriza en enfoques que se mueven entre el pragmatismo electorero de la inmediatez y la magnificación inútil de lo estratégico.

De todo ello surge la necesidad de promover y consolidar procesos de unidad del campo popular que conduzcan al encuentro de las diferentes trayectorias de organización y lucha de diversas expresiones de la insurgencia social y armada, si en verdad se busca contribuir a un cambio en el actual balance de fuerzas. Tal propósito pasa en las condiciones actuales necesariamente por construir coincidencias e identidades respecto de la potencia transformadora que se puede desatar con motivo de un (eventual) acuerdo final con la guerrilla de las FARC-EP. Un escenario no deseable para el campo popular consistiría en que un eventual acuerdo paz lo encontrase apenas discutiendo acerca del qué hacer.

En ese contexto, adquiere especial significación el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN [26]. La agenda y los (eventuales) acuerdos que surjan de ese proceso no solo fortalecerán la perspectiva de la solución política, sino que potenciarán aún más las posibilidades de unidad y la perspectiva de una redefinición de la actual correlación de fuerzas. De la misma forma que en la experiencia de las FARC-EP, también en el caso del ELN se está frente a una organización con indiscutibles trayectorias de lucha político-militar, de organización y de construcción de poder social y popular.

La posibilidad real materializar la idea de dos mesas de negociación y un solo proceso de paz, pese a las evidentes dificultades de sincronía y simultaneidad, debería llevar a mayores reflexiones acerca de la perspectiva política para el campo popular, más allá de lo que específicamente se termine acordando por las dos guerrillas.

En ese aspecto, me refiero de manera especial a los debates sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Aunque éstos tuvieron al inicio del proceso de diálogos de La Habana la impronta de las primeras discusiones sobre los mecanismos de refrendación, entre tanto me parece que éstas se han ido decantando y han adquirido además nuevos entendimientos y contenidos. Por una parte, se introdujo la distinción entre proceso constituyente y asamblea constituyente, en el sentido de que el primero, el proceso, debe comprenderse como expresión de diversas trayectorias de experiencia y dinámicas de lucha por la transformación social que pueden (y deben) encontrarse y unificarse en el recorrido; y la segunda, la Asamblea, es una estación necesaria del proceso consistente en formalización normativa (jurídico-política) de la (nueva) organización del poder y del régimen de luchas, en este caso, de acuerdo con lo emergido de los Acuerdos de paz. Por otra parte, en cuanto que el sentido de proceso constituyente y la posibilidad misma de la Asamblea deben comprenderse como una construcción social en disputa, caracterizada por el conflicto social y de clase que es inherente al orden social vigente. Es decir, no está predeterminada o prefigurada, sino que dependerá en sus contenidos y alcances de lo que las fuerzas y las subjetividades políticas y sociales en contienda logren imprimirle, bien sea para sentar los fundamentos de transformaciones más profundas o simplemente para renovar el poder y las relaciones de dominación existentes.

Todo ello, en un marco en el que la Mesa de diálogos ha adquirido una función constituyente de facto y se convertido en productora de nuevo derecho, del derecho necesario para avanzar hacia un acuerdo de paz. Debe reconocerse que varios de los acuerdos superan el ordenamiento jurídico y gracias a ellos se ha abierto la posibilidad de superar el orden del derecho existente. Si se juzga por los puntos no resueltos de la Agenda, incluidas las salvedades, es evidente que los debates sobre los límites de la Constitución de 1991 adquirirán un mayor significado. Más aún, si se tiene en cuenta que lo que hasta ahora ha sido una negociación de la guerrilla con el Gobierno y se ha traducido en acuerdos de ésta con él, debe comprometer al conjunto de la formación social, y especialmente al Estado como forma de organización y regulación del poder y de las relaciones sociales existentes.

No es posible consolidar la perspectiva de una paz estable y duradera si ésta se concibe como la mera absorción de la rebelión armada. No se está frente a un proceso que pueda caracterizarse como de desmovilización, desarme y reinserción. Se está asistiendo a la ruptura de los tiempos institucionales que hasta ahora organizan la política, a un reacomodamiento –a veces imperceptible- de las relaciones de fuerza. En esencia, lo que parece estarse gestando y desencadenando es la posibilidad y la necesidad de un nuevo contrato social. De ahí precisamente la importancia de la perspectiva constituyente.

El significado de un (eventual) Acuerdo final para Nuestra América

El significado de un (eventual) Acuerdo final para Nuestra América no ha sido abordado hasta el momento. Además de la marcada tendencia a realizar análisis que se mueven en el ámbito exclusivamente nacional, es probable que éstos se encuentren a la espera de un estado más avanzado de la negociación a fin de producir las evaluaciones correspondientes. Tal vez las únicas valoraciones explícitas que se conocen provienen de los sectores extremistas de la derecha colombiana, según las cuales - apelando a un anticomunismo hirsuto- se estaría incubando una entrega del país al proyecto político del castro-chavismo.

En esta parte del texto se proponen algunas apreciaciones preliminares, que tienen además el propósito de situar el proceso en el contexto de la geopolítica y de los procesos de integración regional. La probable terminación del conflicto armado más largo y cruento del hemisferio occidental en una excelente noticia para la Región, más aún cuando en ella se ha manifestado la voluntad política colectiva de hacer de Nuestra América una zona de paz [27].

Es indiscutible que la persistencia del conflicto armado y, sobre todo, su encuadramiento dentro de la estrategia geopolítica estadounidense ha constituido un factor nada despreciable de justificación del intervencionismo imperialista no solo para combatir la rebelión armada, sino para contribuir a contener la avanzada de los proceso de cambios político democrático y popular que se han llevado a cabo en algunos países de la Región. Con el pretexto de la llamada guerra contra las drogas, cuyo epicentro ha estado justamente en Colombia, se ha producido una creciente presencia e injerencia militar estadounidense, que alcanzó a convertir el país no solo en el segundo receptor de “ayuda militar” después de Israel, sino a todo su territorio en un “portaviones terrestre de los Estado Unidos” [28], merced al acuerdo de instalación de siete bases militares a lo largo y ancho del país.

Dicha presencia militar hace parte de una estrategia más compleja, de militarización integral, diseñada bajo la doctrina de la “dominación de espectro completo” [29] que, tras la pretensión de controlar el acceso a largo plazo a recursos minerales, energéticos, de fuentes de agua y de biodiversidad, conjuga elementos del dominio político (incluidos los llamados “golpes blandos”) y tecnológico, dispositivos jurídicos, económicos y culturales, con fuerte presencia e intromisión militar. Con ella se busca por otra parte, afianzar la debilitada hegemonía estadounidense en la Región, en un contexto de redefinición de las alianzas internacionales y de reacomodos geopolíticos, propiciados por los países en los que se han producido cambios políticos reivindicatorios de la soberanía y la autodeterminación y se han puesto en marcha políticas de Estado hacia el multilateralismo. En ese sentido, se trata también de esfuerzos de contención de la presencia de China y de Rusia y de las pretensiones de Brasil en erigirse en potencia regional y mundial.

Un eventual acuerdo de paz en Colombia no modifica desde luego en lo esencial la estrategia geopolítica estadounidense. En las condiciones actuales podría incluso afirmarse que un acuerdo también es del interés estadounidense. Aún más, la suscripción de un acuerdo por el gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC-EP no es posible sin el apoyo de los Estados Unidos. Por ello, no es ninguna casualidad la presencia y el seguimiento continuo al proceso de diálogos de La Habana a través del enviado especial Bernard Aronson [30]. Así como la guerra ha sido funcional a la estrategia y ha favorecido a empresas transnacionales vinculadas con los negocios que de ella se derivan (armas, químicos, contratismo mercenario, entre otros), también lo será un escenario de pos-acuerdo, sobre todo por las mejores condiciones para la inversión transnacional. En lo demás, la presencia estadounidense se mantiene incólume. Obliga sí a un cambio en las formas de actuar y las líneas de argumentación, que ya no podrán sustentarse exclusivamente en la “guerra contra las drogas” y el combate al “terrorismo”, tal y como se viene apreciando más recientemente en el discurso (y la retórica) de la política exterior de Estados Unidos frente a la Región [31].

La suscripción de un (eventual) Acuerdo final aleja la posibilidad de intervenciones más directas y abiertas en Nuestra América y mejora, dada esa circunstancia, no solo las condiciones internas de seguridad, sino aquellas de los países fronterizos de Colombia, especialmente de los que controvierten la política estadounidense. Así como la muy probable superación del estado de normalización de la guerra tendrá un significado profundo para el devenir del proceso político colombiano, cuyos alcances son aún difíciles de sopesar, lo mismo ocurrirá en perspectiva regional con la superación del conflicto armado. El sueño de nuestro territorio americano como zona de paz se abre paso.

Por otra parte, si el acuerdo de paz deriva, como se ha dicho, en un desencadenamiento de la potencia transformadora que él contiene, y conlleva por tanto al inicio de un proceso de democratización efectiva, se estarían generando nuevas condiciones de posibilidad para reforzar el balance del actual campo de fuerzas a favor del campo democrático-popular, en un marco en el que éste pareciera debilitarse (o agotarse) por la atenuación de los alcances reformistas de los procesos de cambio político, económico y social, las dinámicas internas de nuevas y complejas conflictividades, y los impactos de la prolongada crisis capitalista mundial.

En ese sentido, es evidente que el curso del proceso político colombiano tras la firma de un (eventual) acuerdo final incidirá sobre la correlación regional de fuerzas y entrará a hacer parte de las trayectorias en disputa: la continuidad y profundización del proyecto neoliberal en su escala regional-transnacional; el reacomodo de la dominación de clase hacia las versiones de posneoliberalismo; la (renovada) persistencia prolongación de proyectos nacional-populares. De la misma manera, deben esperarse impactos sobre los procesos de integración en curso. Aunque es mayor la retórica de la integración, que la realidad material de los procesos, en esta materia el espectro de los proyectos integradores también está marcado por la tendencia de la contienda política regional y los proyectos económicos en juego: desde la integración neoliberal de los Tratados de Libre Comercio y la Alianza del Pacífico, hasta la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba, pasando por Mercosur.

Consideraciones finales

Llevar a feliz término la firma de un acuerdo final no es una tarea fácil. Como se mostrado en este texto, aún se encuentra pendiente el abordaje y la construcción de acuerdos sobre aspectos de la Agenda de suma complejidad, cuya solución se encuentra en manos del Gobierno y de la guerrilla. Hasta las partes han comprobado que si existe la voluntad política, como se ha evidenciado hasta ahora, el propósito de la solución política al conflicto social y armado se puede hacer realidad. Y ello es profundamente esperanzador. Ello sin desconocer la aún insuficiente aprehensión social del proceso de negociación y la persistente oposición de sectores de la derecha y del establecimiento colombiano, empeñados en el saboteo sistemático a un eventual acuerdo de paz.

Con independencia de las valoraciones y alcances que Rudolf Hommes le da al proceso de paz, distintos a lo sostenido en este escrito, considero que es válido el aserto de Smadar Cohen-Chen y otros, citado por él: “La esperanza y el miedo desempeñan papeles opuestos en el contexto de prolongados conflictos no resueltos. Mientras que la esperanza promueve una orientación favorable a la paz, induciendo imágenes de un futuro mejor y caminos para alcanzarlo, el miedo inhibe la confianza y la posible resolución del conflicto, haciendo mayor énfasis en información amenazadora” [32].

Derrotar el miedo a un acuerdo de paz, constituye en ese sentido una tarea de gran significado político. Y más allá de ello, un propósito aún más difícil consiste en concebir el desenvolvimiento de una transición política que pareciera estar en sus albores, cuando ésta tendrá que ocurrir en medio de unas condiciones estructurales políticas, económicas, sociales y culturales, y unas subjetividades políticas y sociales predominantes, que se resisten al cambio, pero cuyos fundamentos se pueden ver afectados y estremecidos por la potencia transformadora de un acuerdo de paz y los nuevos tiempos que éste inaugura para la política. Está por verse, si lo viejo que se resiste a morir, muere; y si lo nuevo que no acaba de nacer, nace. El tránsito hacia un país en paz estable y duradera, con justicia social.

Jairo Estrada Álvarez para La Pluma, 1 de octubre 2015


Notas

[1] Gómez Buendía dictaminó que el proceso terminará en la simple desmovilización de las FARC. “(…) después de tanto sudor y mucho ruido, el proceso de paz va a terminar en la desmovilización de las FARC, pero no en cambios políticos o sociales de mayor envergadura”, Hernando Gómez Buendía, La historia del mañana”, en El Espectador, 18.09.2015. Estrada por el contrario considera que las impactos del proceso se encuentran en disputa. Ver, Jairo Estrada Álvarez, “´´Revolución pasiva´´ o inflexión política hacia la democratización real”, en Revista Izquierda, No. 47, agosto 2014.

[2] Pablo Emilio Angarita, et. al, La construcción del enemigo en el conflicto armado colombiano 1998-2010, Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia, Medellín, 2015.

[3] Tras de ello se encuentra el propósito de facciones del capital financiero de deshacer su alianza con sectores latifundistas y narcotraficantes, que produjo muchos réditos especialmente durante los gobiernos de Uribe Vélez (2002-2010). La persistencia del proyecto político de esta derecha más extrema con el Partido Centro Democrático se expresa en su férrea oposición frente al proceso de paz.

[4] Me refiero a la Marcha Patriótica, al Congreso de los Pueblos, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia, Comosoc, la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular, entre otros.

[5] Véase, “Lineamientos generales para un proceso constituyente abierto para la transición a la Nueva Colombia”. Consultar en: https://resistencia-colombia.org/index.php/dialogos-por-la-paz/comunicados/3540-lineamientos-generales-para-un-proceso-constituyente-abierto

[6] Estos factores fueron abordados, analizados y demostrados en la mayoría de en la gran mayoría de trabajos que conforman el Informe de la Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. La creación de la Comisión fue pactada por las partes en el contexto de la negociación del punto de Víctimas, con el propósito de explicar las causas y orígenes del conflicto, los factores de persistencia, los impactos generados sobre la población y de aproximar una caracterización de las responsabilidades. El señalado informe fue entregado a la Mesa de La Habana el febrero de 2015. Ver, Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2015.

[7] Ver, “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, La Habana, 26 de agosto de 2012. Consultar en:

https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto.pdf

[8] Véase el texto del acuerdo sobre el primer punto de la Agenda: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma rural integral”, Consultar en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-%20%20Pol_tica%20de%20desarrollo%20agrario%20integral.pdf

[9] Ibid.

[10] Ibid.

[11] Véase, “Primer punto de la Agenda: Desarrollo Agrario integral con enfoque territorial. Salvedades”, consultar en: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/propuestas-minimas/desarrollo-agrario-integral

[12] Véase texto del acuerdo sobre participación política: “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, consultar en: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/Borrador%20Conjunto%20-%20Participaci_n%20Pol_tica.pdf

[13] Ibid.

[14] Ver, FARC-EP. “Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional. Salvedades”. Consultar en: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/propuestas-minimas/participacion-politica

[15] Se prevé que de no lograrse acuerdos con las comunidades “el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente y el buen vivir”. Ver, “Tercer Informe Conjunto de la Mesa de Conversaciones de Paz”, La Habana, mayo 17 de 2014.

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Ver, “Solución al problema de las drogas ilícitas. Constancia de salvedades de las FARC-EP”. Consultar en: http://www.pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/propuestas-minimas/drogas-ilicitas

[20] Ver Comisión histórica del conflicto y sus víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2015.

[21] Ver, “Informe conjunto de la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo”, La Habana, junio 4 de 2015.

[22] Aún está pendiente por definirse lo que la Mesa de diálogos deberá acordar sobre el subpunto 7 “Esclarecimiento del paramilitarismo” (del Punto 3 “Fin del Conflicto”), aspecto que constituye otro componente esencial de la verdad histórica.

[23] Además de las medidas de desescalamiento del conflicto acordadas por las partes, dentro de las cuales se encuentra el “Acuerdo sobre limpieza y descontaminación del territorio de la presencia de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG) en general”, de marzo 7 de 2015, debe destacarse el cese unilateral de fuegos de las FARC-EP y el anuncio de suspensión de bombardeos por parte del Gobierno.

[24] Ibid., Punto 3 “Fin del conflicto”,

[25] De eso se trata precisamente con la presentación unilateral por parte del Gobierno del proyecto de acto legislativo para la implementación del acuerdo de paz. Consultar en: http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Documents/proyecto-acto-legislativo-paz-2015.pdf

[26] Al momento de escribir este texto, todo indicaba que se estaba a la espera de un momento oportuno para el anuncio formal del inicio de la negociación.

[27] “Declaración de la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)”, La Habana, 29 de enero de 2014.

[28] La expresión es de Renán Vega Cantor y Felipe Martín Novoa, Colombia y el imperialismo contemporáneo. Un eslabón geoestratégico de los Estados Unidos, Ocean sur, Bogotá, 2014.

[29] Ana Esther Ceceña, “Dominación de espectro completo sobre América”, enero de 2014, consultar en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=180149

[30] La participación del abogado estadounidense Douglas Cassel como uno de los representantes del Gobierno en la Subcomisión jurídica que se ocupó de preparar y proyectar el acuerdo sobre “Jurisdicción especial para la paz” es una clara muestra de ello. Cassel, según sus propias declaraciones a la prensa colombiana, fue propuesto al Gobierno por el señor Aronson.

[31] En ese marco está por definirse cuál será el papel que desempeñarán las Fuerzas Militares y de Policía colombianas dentro de la estrategia global de imperialismo en escenarios de pos-acuerdo. Cuando menos debería generar honda preocupación el anuncio presidencial sobre la participación de tropas colombianas en “misiones de paz” en el exterior, atendiendo el llamado del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Véase, El Tiempo, 26.09.2015

[32] Smadar Cohen-Chen, et. al, “The Differential Efffects of Hope and Fear on Information Processing in Intractable Conflict”, Journal of Social and Political Psychology, v. 2, No. 1, 2014. Citado en: Rudolf Hommes, “Una oportunidad para la paz”, El Tiempo, 27.09.2015

*Jairo Estrada Álvarez, Departamento de Ciencia Política, Profesor de la Universidad Nacional de Colombia

Artículos de Jairo Estrada Álvarez publicados por la pluma:

Colombia: ¿Pende la paz de un falso positivo algorítmico?

Colombia: Desatar a Ulises en la búsqueda de un acuerdo final

Lea en La Pluma:

Especial: Paz con Justicia Social. Diálogos de La Habana



 

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