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¡Alerta! La OCDE busca desmontar el salario mínimo/Implicaciones del ingreso de Colombia a la OCDE

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Imelda Daza CotesNo se ve fácil el posconflicto con un gobernante que se dispone a firmar con su mano izquierda un acuerdo de Paz, mientras con su derecha concesiona el país a organismos extranjeros cuyos intereses no coinciden con nuestras urgencias.

A finales de 2013 el gobierno colombiano solicitó el ingreso a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), un “club de 34 países ricos” dispuestos a enfrentar juntos desafíos como el cambio climático y la pobreza; dicen además, luchar por el bienestar y la democracia. Nada de eso coincide con sus prácticas, contrarias a estos enunciados.

La aceptación de Colombia en tan “selecto club” depende de su capacidad de sometimiento a las directrices de dicha organización y hasta ahora parece que el camino está despejado, pues la OCDE viene direccionando la economía y opinando sobre los más íntimos asuntos del país. De hecho, el tan cuestionado Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 se estructuró atendiendo sus instrucciones; también la aplazada reforma tributaria fue sugerida por esta Organización, argumentando que “el actual sistema impositivo no recauda lo suficiente para financiar la prestación de servicios… Se necesitan más ingresos para financiar la inversión en infraestructura, educación e innovación… reducir la pobreza y las desigualdades… Por ende se recomienda ampliar la base tributaria, reducir los impuestos corporativos…”.

Propone entonces gravar a los asalariados y desgravar al gran capital, lo cual es antidemocrático, empobrecedor y espanta el bienestar. Esto a pesar de reconocer que Colombia “tiene uno de los niveles más elevados de desigualdad regional” quiere decir, de inequidad social.

Como si lo anterior no bastara, recientemente la OCDE propuso “recuperar la función del salario mínimo”, significa que éste sea apenas un referente/base salarial a partir del cual los propios empleadores fijarían la remuneración de sus trabajadores/empleados; en lenguaje más preciso, que los trabajadores renuncien a los logros alcanzados después de arduas luchas y acepten un salario mínimo sin fuerza legal, y que, tal como antes de 1983, sea flexible y diferenciado para distintas actividades económicas, sectores y regiones. Se pregunta uno, ¿cuánto ganaría entonces un jornalero agrícola en El Paso-Cesar?

Según la OCDE, la obligatoriedad del actual salario mínimo frena/limita la expansión de la contratación laboral; es decir, genera desempleo e impide reducir la pobreza. Inicuo eso de señalar a quienes ganan apenas la remuneración mínima como culpables de la pobreza del resto. Son argumentos distractores, usados con frecuencia porque tienen apariencia de verdad, esconden la realidad y sobre todo disfrazan las causas estructurales de los males que afectan al país.

Preocupa mucho que un gobierno empeñado en dar el salto hacia el fin de la confrontación armada se niegue a asumir el reto de construir Paz que no es más que justicia social y siga empeñando en reducir los ingresos de quienes nada tienen, regalar nuestros bienes públicos (caso Isagén) y promover una mayor concentración de la tierra (Zidres).

No se ve fácil el posconflicto con un gobernante que se dispone a firmar con su mano izquierda un acuerdo de Paz, mientras con su derecha concesiona el país a organismos extranjeros cuyos intereses no coinciden con nuestras urgencias.

Imelda Daza Cotes*

@ImeldaDaza

Fuente : El Pilón, 1 de febrero de 2016

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Implicaciones del ingreso de Colombia a la OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como “Club de buenas prácticas” hace parte de los organismos impulsores de las políticas neoliberales a nivel planetario.

Colombia solicitó en 2011 el ingreso a la OCDE; en 2013 comenzó el proceso de adhesión y a partir de ahí se trabaja en dirección a lograr el ingreso formal y definitivo. En desarrollo de este proceso se produjo el Estudio Económico de Colombia presentado recientemente por OCDE, Banco de laRepública y Ministerio de Hacienda. En él se recomiendan reformas de gran impacto ciudadano en 3 campos: Laboral.

Se sugiere la implementación de salarios mínimos por región y sector económico; esto acentuaría la pobreza y la marginalidad en las zonas más deprimidas y de escaso desarrollo. Propone además eliminar el 4% de la parafiscalidad destinada al subsidio familiar. Estas políticas afectarían gravemente al Cesar y La Guajira.

Tributaria. Se plantea una reforma integral y regresiva en esta materia; aumento del número de personas naturales y jurídicas(incluidas ONG) que deban cotizar al sistema tributario, incremento y ampliación del IVA a bienes básicos lo cual castiga a los sectores de medianos y bajos ingresos, y aumento de la carga tributaria a los ingresos provenientes del trabajo, simultáneamente se propone reducir los impuestos al gran capital dizque para estimular la inversión, siendo que no funcionan así las economías con alta concentración de la riqueza. Son propuestas favorables a los monopolios y a los especuladores financieros. Por el afán de pertenecer al “Club de los ricos” se trasladan más tributos a ciudadanos del común que cargarán así con la crisis fiscal que empieza a afectar al país. El informe de la OCDE recomienda expresamente “reducir las tasas impositivas sobre los beneficios de las empresas y ampliar la base tributaria” esto es, que los ricos paguen menos impuestos y que nuevos contribuyentes compensen la reducción
Pensional. Se propone elevar la edad de pensión y el tiempo a cotizar para acceder a la prestación, desmontar el régimen de prima media, fortalecer los fondos privados, y admitir pensiones por debajo del salario mínimo. Las mujeres se pensionarán a los 62 años.

Ninguna de estas reformas va en dirección a rectificar los problemas generados por los anteriores paquetes neoliberales de apertura económica y TLC; más bien se afianzan esas políticas y se profundiza su aplicación, todo para no afectar al gran capital, sobre todo al capital financiero, pero acentuando la precariedad económica y social de la mayoría de la población.

Nada se dice, sin embargo, acerca de la democracia pluralista y el respeto a los derechos humanos. Dos requisitos fundamentales que plantea OCDE a los países miembros y que Colombia tendría que cumplir.

Imelda Daza Cotes*

@ImeldaDaza

Fuente: El Pilón, 27 de enero de 2016

*Es economista, educadora y activista social y política en Valledupar,sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica exiliada en Suecia durante casi 30 años. En su ciudad, impulsó la creación de la Universidad Popular del Cesar, participó de la creación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, fue presidenta por 5 años de la Asociación de Economistas del Cesar, Concejal Galanista, primera mujer presidenta del Concejo Municipal de Valledupar y Concejal de la Unión Patriótica; hecho que motivó su salida del país. A pesar de la dureza del exilio, Imelda hizo de esa circunstancia un cúmulo de oportunidades para adquirir experiencias, es por ello que se vinculó al Partido Social Demócrata y fue concejal durante 12 años y candidata al Parlamento Sueco en tres ocasiones. Fue docente en la Universidad de Jönköping. En 2014, fue elegida de nuevo concejal por el partido de Izquierdas, del cual ha sido directiva regional. (Jönköping). Imelda, siempre ha estado preocupada por los problemas de su región y ciudad, eso lo evidencia en su columna semanal en el Diario El Pilón de Valledupar, la cual escribe desde 2009.

Lea en la Pluma:

Estudios económicos de la OCDE COLOMBIA 2015 




Palabras clave:OCDE  Colombia  implicaciones ingreso  análisis  economía  política  postconflicto  acuerdo de paz  sometimiento  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018  

Actualizado ( Martes, 02 de Febrero de 2016 19:07 )  

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