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La Ruralidad y el mundo campesino: sus protagonistas en medio del contexto actual en Colombia

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Hernando_Mejia_DiezBisEl 94% del territorio colombiano es rural y está habitado por más de 15 millones de personas, en su mayoría población mestiza y presencia de núcleos indígenas y afrodescendientes. Estas poblaciones rurales han basado su economía en torno a la producción agropecuaria, especialmente para la subsistencia; sin embargo, en las últimas décadas, se han modificado aspectos de la “vocación campesina” en tanto han tomado fuerza otras actividades económicas que tienen que ver con el aprovechamiento del paisaje y de los recursos naturales (servicios ambientales, agroturismo, por ejemplo), o la constitución del campesinado asalariado en ocupaciones diversas: cuidadores de fincas de recreo, jornaleros de empresas agropecuarias, obreros de empresas de explotación de hidrocarburos, mineras o energéticas, entre otras.

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Es evidente que el Estado y la sociedad colombiana tienen una deuda histórica con la población rural: además de que ha sido las mayor víctima del conflicto armado, le han sido negados el acceso integral a los derechos establecidos en la Constitución nacional para todos los ciudadanos; según el Censo nacional agropecuario de 2015, el 44.7% de esta población vive en estado de pobreza.

En su informe final, la Misión rural manifestó algunos de los aspectos más sobresalientes frente al desarrollo rural en el país: Los problemas de pobreza, violencia, concentración de la propiedad y destrucción de los recursos naturales; el uso irracional del suelo, el agotamiento de las fuentes de agua en las vertientes y su contaminación en las zonas planas; el permanente éxodo rural sin un sustento en un desarrollo industrial dinámico; la minifundización, el fracaso de la reforma agraria, la debilidad del Ministerio de Agricultura y de las entidades que prestan servicio en el sector y el creciente desasosiego social, unido a las dificultades que tienen los productores para competir en los mercados, entre otros[1].

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Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, la agricultura empresarial recibió un fuerte impulso al aplicar medidas económicas que facilitaban a las clases dominantes el acceso a la tierra y la tecnología, impulso que ha continuado en el gobierno de Santos; lo que contrasta con las altas cifras de familias campesinas desplazadas por la violencia y de organizaciones rurales que fueron perseguidas por los grupos paramilitares, conformados con la participación de terratenientes bajo la mirada permisiva del Estado.[2]

Al recorrer la historia, se identifica una constante en el despojo de los campesinos de sus tierras y la concentración de éstas en pocas manos: el 77% de la tierra del país está en manos del 13% de la población total. Los campesinos fueron desplazados de los valles fértiles hacia las zonas de ladera, como también de las zonas de frontera agrícola y de colonización. Más recientemente, en los últimos 20 años, como una manifestación del conflicto interno, se ha acelerado la concentración de la propiedad a través de métodos coercitivos agenciados por grupos armados, especialmente paramilitares.

Es claro que la deuda con la población campesina sigue pendiente, sus condiciones de vida no mejoran y que, especialmente, para la juventud y las mujeres, las circunstancias de vida son cada vez más difíciles y desesperanzadas. Esto lo corrobora el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2011) cuando expresa que:

(…) Uno de los hallazgos más importantes del Informe es que el campesinado no ha logrado que el Estado reconozca su importancia como grupo social, a lo que se ha sumado la victimización histórica a la que ha sido condenado por la violencia. Existe una “falla de reconocimiento” es decir, una falta de valoración de un sujeto particular para dar paso a sus derechos y constitución de ciudadanía[3].

Si bien el territorio es el potencial más estratégico de las poblaciones rurales -asumido como los bienes naturales, los conocimientos ancestrales y la cultura-, en la actualidad las comunidades campesinas no cuentan con un reconocimiento diferencial, lo que se puede explicar en tres partes que deben ser transformadas en su conjunto con el objetivo de garantizar los derechos del campesinado:

Primera: desconocimiento de la identidad campesina, los valores y los aspectos simbólicos de su cultura. Segunda: carencia de reconocimiento como actores centrales en la economía, que tienen derecho a políticas para el acceso a la tierra, la producción y la competencia justa con otros actores y sectores económicos. Tercera: falta de reconocimiento del campesinado como sujeto político capaz de tomar decisiones e influir en lo que afecta su vida, la de su comunidad y su territorio.[4]

Hoy, pese a los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, se puede afirmar que los territorios rurales continúan siendo un escenario de disputa en el que las comunidades que los han habitado históricamente se ven desplazados por vía de las ramas o de normas amañadas para favorecer a sectores dominantes, aliados de la clase política y a las empresas extractivitas de orden multinacional.

Las nuevas ruralidades

Castañeda Ramírez (2012), dice que la nueva ruralidad describe las maneras de organización y el cambio en las funciones de los espacios agrícolas, el aumento en la movilidad de personas y actividades económicas, la diversificación de los usos del suelo y el surgimiento de nuevas redes sociales[5].

Para Rosa Babilonia (Babilonia, 2006) la nueva ruralidad expresa los cambios en la relación entre la sociedad rural, el Estado y los mecanismos de regulación internacionales, así como una serie de transformaciones estructurales, económicas y de reacomodos geopolíticos que tienen lugar en diferentes niveles (global, nacional, regional y local), pero que en cada país asumen sus propias características. En este sentido, la nueva ruralidad representa un enfoque que permite distinguir los efectos diferenciadores de los procesos de globalización[6].

Es evidente que los territorios rurales han tenido cambios fundamentales que han definido su poblamiento y transformación. Para el caso colombiano, gran parte de estas transformaciones han sido determinadas por mediación del conflicto armado y por las condiciones de exclusión social que han desterrado a más de seis millones de personas hacia centros urbanos mientras pasan sus predios a manos de traficantes de tierras, multinacionales agroalimentarias o extractivistas de recursos minero-energéticos.

Edelmira Pérez y María A. Farah, citadas por Ballesteros (Ballesteros, 2006), plantean que lo rural debe ser abordado desde una visión territorial no sectorial, por lo que no se debe hablar de sector rural, sino de mundo rural. Esta mirada resulta ser incluyente en la medida en que reconoce todos los actores sociales que habitan en el medio rural y reconoce el valor de las instituciones, la cultura, el patrimonio histórico y el uso del espacio rural para la recreación y el ocio. Esta noción ayuda a visibilizar la complejidad del mundo rural, al tiempo que permite potenciar la gestión de las instituciones y los gobiernos, y plantear nuevos debates y paradigmas en torno a la inclusión frente a la exclusión, la equidad frente a las desigualdades sociales, étnicas y de género, así como la revalorización de los espacios rurales.[7]

La ruralidad, en muchos caso, considero, es abordada desde el mundo campesino, mestizo, y poco se toman las ruralidades que tiene que ver con los territorios habitados y construidos por las poblaciones negras, afro, rom, entre otras. Por la experiencia institucional y personal, la lectura de la ruralidad las retoma. Y esa ruralidad la centramos en las maneras como estas comunidades, por sus diversidades culturales y   del entorno que habitan, construyen sus territorios. Cada grupo humano tiene sus propias maneras de relacionarse con y en el territorio; esas maneras están determinadas por el sistema de interrelaciones, creencias y prácticas que les identifican como etnia y, por tanto, como cultura. Para las comunidades indígenas, por ejemplo, el territorio es la vida misma, no es un espacio geográfico sino el todo, tan amplio como las diversas relaciones de las personas entre sí, de las comunidades y de éstas con los demás seres vivos y con los espíritus, en una interrelación permanente. Vale anotar que, para muchas comunidades indígenas todo lo que les rodea en su entorno territorial es considerado vivo en tanto hace parte de la espiritualidad propia, de su cosmovisión. El agua en sus arroyos, que es usada por los médicos tradicionales para diversos rituales, es considerada como ser vivo; el petróleo, es la sangre de las venas de la tierra; la luna y el sol, son dos seres que se relacionan para posibilitar la noche y el día, para posibilitar el descanso y la labor que, a su vez, son expresión de la vida en las cosechas y alimentos que se obtienen. Sin territorio propio, no hay cultura ni identidad como pueblo indígena: es el territorio el que posibilita unas maneras de representar sus prácticas de vida como comunidad. Por ello, el territorio es colectivo en el sentido en que la vida no es propiedad de nadie en particular: no se vende, no se cambia, no se comercializa.

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Para la comunidades negras de nuestro país, el territorio también es colectivo y no un área espacial de propiedad privada. Fruto de diversas y duras luchas han logrado plasmar este enfoque de tenencia de la tierra al lograr la promulgación de la Ley 70 de 1993, que les garantiza cierto nivel de autonomía, de toma de decisiones, sobre los usos y manejos de y en sus territorios.

En las comunidades indígenas y negras, el territorio es la expresión viva de los conocimientos ancestrales y la cultura, transmitidos de generación a generación para el logro de la pervivencia como pueblos. En la medida en que éstas lo conciben como un todo, por lo que en él desarrollan sus prácticas tradicionales de vida, han garantizado la conservación de la diversidad biológica y cultural como soporte de la calidad de vida, lo que está en total contradicción con la concepción occidental que lo ve como una superficie terrestre que contiene una serie de recursos para ser aprovechados con fines económicos. Estos diversos enfoques mantienen la tensión entre los intereses de unos y otros sobre la conservación o la explotación extractiva de los componentes que configuran las diversas regiones del país: aguas, suelos, bosques, fauna...

Los pueblos indígenas y negros cuentan con un derecho fundamental en torno a decidir sobre los procesos de desarrollo que se planteen en sus territorios, mediante la aplicación de la llamada Consulta previa. En aplicación del Convenio 169 de la OIT, suscrito por Colombia, la Consulta previa es un derecho fundamental que tienen las comunidades étnicas a que el Estado les consulte previamente todas aquellas medidas legislativas o administrativas que afecten a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a los territorios que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.

La nueva ruralidad, dice Babilonia, brinda un marco de referencia para estudiar, por un lado, las transformaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad rural, privilegiando la relación local-global con las cadenas productivas y los efectos de las migraciones; y, por otro, indagar sobre cuáles deben ser las nuevas políticas públicas en el contexto Latinoamericano no solo para responder a las nuevas situaciones existentes en el campo (producción agrícola, manufactura a domicilio, maquiladoras, pobreza, migración, etc.), sino también, para que este cumpla con todas las funciones que hoy se le atribuyen; tales políticas deberían partir del análisis del territorio y colocar en el centro de sus preocupaciones el desarrollo sustentable.

Los territorios rurales se debaten hoy entre los intereses de las comunidades que los habitan y las empresas extractivistas que sólo ven ellos la posibilidad de incrementar sus utilidades a costa de su explotación. Los derechos constitucionales de las poblaciones son letra muerta: hoy se niegan los resultados de las consultas populares contra la explotación minero-energética; el fracking, prohibido total o parcialmente en muchos países, ha sido aprobado y entrará a utilizarse en la explotación petrolera del país; los mineros artesanales son estigmatizados, perseguidos y criminalizados por el Estado mientras grandes explotaciones a cielo abierto irrumpen los territorios.

Las oportunidades y los desafíos que tendremos en este marco

Dentro de las diversas dinámicas que desarrolla LA CEIBA, en las comunidades campesinas del departamento, y en alianza con las demás organizaciones que hacen parte de Coreducar, los foros veredales sobre educación y desarrollo se han constituido en una mecanismo de aproximación directa para recoger las visiones, enfoques y expectativas de las comunidades acerca de su vida en los territorios rurales.

Los foros rurales realizados en todo el país (como preparación al IV Congreso) coincidieron profundamente en sus análisis cuando afirman:

La crisis del relevo generacional en las juventudes rurales, es por falta de oportunidades y apuestas concretas en el desarrollo de capacidades y profesionalización en las áreas estratégicas, agrarias, pecuarias, silvícolas, y en el marco del desarrollo rural[8].

Y el IV Congreso de Educación rural, en el 2016, plantea:

(…) Deben priorizarse las reflexiones sobre el entorno rural y la mejora de las condiciones del campesinado como individuos y como colectivo en múltiples dimensiones como, los procesos de liderazgo productivo (economía), procesos de intervención e interacción (política), construcciones sociales (cultura), relaciones con la naturaleza (ecología) y otros procesos socio-culturales y de formación incluyente, en los diversos programas de educación rural que se adelanten en las comunidades rurales… Las relaciones directas que tiene la juventud rural con los problemas colombianos es materia de análisis desde varios puntos de vista. La mayoría de estos se concentran en problemas relacionados con las condiciones socio-económicas, las relaciones entre la oferta y la demanda de empleo, acceso a bienes económicos, acceso a bienes culturales, acceso a servicios (salud, educación, vivienda, alimentación, por ejemplo), movilidad social, servicios institucionales, participación política, transmisiones y relevos generacionales y relaciones intergeneracionales, pero también estudios relacionados con la participación de la juventud rural en el conflicto armado, el narcotráfico, las bandas criminales, los cultivos ilícitos, entre otros.[9]

Superar el rezago social del campo requiere un gran compromiso político de la sociedad, sobre las siguientes bases:

Inclusión: dotar las zonas rurales de los bienes públicos sociales y productivos necesarios.

Participación: protagonismo de los actores del mundo rural (empresarios, trabajadores, campesinos, indígenas, afrocolombianos) en los planes y programas de desarrollo con enfoque territorial.

Sostenibilidad ambiental: preservar y reproducir los recursos naturales.

Fortalecer la educación pública rural como un bien público del desarrollo rural.

Trabajo interinstitucional articulado en las regiones.

Deben reconocerse los derechos colectivos para las comunidades rurales no étnicas. Ese reconocimiento es fundamental para lograr la equidad intercultural que contribuye al mejoramiento significativo de todas las dimensiones de la calidad de vida de quienes habitan las zonas rurales del país.

Una normatividad que genere: las condiciones para una economía incluyente, justa y equitativa; la protección del ambiente y los ecosistemas; el acceso a tierras y recursos productivos; el reconocimiento de la diversidad cultural; la participación comunitaria; la organización y movilización, y los programas y ofertas institucionales de diversa índole (de salud, educación, vivienda, seguridad social, subsidios, infraestructura, etc.).

Desarrollo rural con enfoque territorial (DRET) El DRET se concibe como un proceso multidimensional e intertemporal que integra las dimensiones social, ambiental, económica y político- institucional, que se enmarcan en la equidad, la sostenibilidad, la competitividad y la gobernabilidad, respectivamente. En este enfoque, el territorio se entiende como la unidad de trabajo, con un alto valor histórico y social, en el cual los diferentes actores sociales del territorio realizan sus actividades, utilizan los recursos naturales de los que disponen en función de sus modos de producción, consumo e intercambio, enmarcados a su vez en determinados valores culturales. Este enfoque parte de reconocer las diferencias regionales como marco de referencia para formular políticas públicas y programas acordes con las características y capacidades de cada región, teniendo en cuenta las particularidades de sus diversos grupos poblacionales

Por su parte, en Siembra campesinado (Amaya y otros, 2016) se plantean como retos del desarrollo rural con enfoque territorial en el marco del posconflicto, los siguientes:

  • Lograr una transformación real y efectiva de la institucionalidad agraria.
  • Lograr participación política y técnica de las organizaciones sociales rurales en las decisiones territoriales y los proyectos económicos.
  • Mantener y expandir los territorios para la producción de alimentos fuera del mercado de tierras.
  • Promover una productividad agraria pensada en clave del “buen vivir”.
  • Integrar todos los ordenamientos territoriales comunitarios y multiculturales.
  • Hacer del ordenamiento territorial rural una actividad participativa e incluyente.
  • Preparar en capacidades de gobernabilidad a las organizaciones sociales y comunitarias.

El país requiere un sistema educativo que reconozca las particularidades de la ruralidad en cuanto a calidad y pertinencia, que genere e impulse políticas diferenciadoras en la identificación e implementación de modelos educativos flexibles que basan su esencia en la cultura campesina, en las pedagogías socio-críticas y en la promoción de prácticas y enfoques a través de Proyectos Educativos Comunitarios que centran los aprendizajes en las dinámicas e intereses de las poblaciones rurales.

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Las líneas de economía campesina local deben ser impulsadas sobre la base de acciones con soportes educativos, científico-técnicos, organizacionales, financieros y de infraestructura. Lo anterior conlleva a favorecer para los entornos sociales, productivos y naturales de la ruralidad: solidaridad, equidad, armonía, conservación de la base de recursos, diversidad, seguridad alimentaria, autogestión, producción sana agregación de valor, posibilidades de mercados, entre otros. Todo ello debe garantizar la permanencia de las comunidades en sus territorios y la ampliación del desarrollo local en la perspectiva múltiple de universalidad, la democracia y la sostenibilidad ecológica, económica, cultural y espiritual.

El acceso a la salud, el empleo, la vivienda, la educación y otros derechos ciudadanos, es requisito imperativo para dejar atrás el conflicto social que por años ha generado violencia en el país.

Pero, quizás el mayor reto que podemos asumir como personas y organizaciones que conservamos una ética humanista y de reconocimiento del otra, de la otra, de las diversas manifestaciones de la vida, de la valoración del territorio como escenario de construcción de tejidos sociales, el principal reto, digo, es permitir que esas construcciones respondan a las dinámicas propias de las sociedades locales.

Notas:

[1] ECHEVERRI, Rafael: “Colombia en transición, de la crisis a la convivencia: una visión desde lo rural”. Misión Rural, Informe final. IICA Editores, Colombia, 1998. Pp. 23-24.

[2] CASTAÑEDA RAMÍREZ, Yenny Elizabeth (2012). Familias campesinas y rurales en el contexto de la nueva ruralidad. Estudio de caso en la vereda del Hato del municipio de La Calera. Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magister en Trabajo Social con énfasis en familia y redes Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá.              

[3] PNUD. Resumen ejecutivo Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia 2011

[4] AMAYA, Natalia y otros (2016). Siembra campesinado: Herramientas para el fortalecimiento organizativo; conceptos básicos. Pontificia Universidad Javeriana. Cali.

[5] CASTAÑEDA RAMÍREZ, Yenny Elizabeth (2012).

[6]  BABILONIA BALLESTEROS, Rosa Inés (2006). Estudios e investigaciones: nueva ruralidad; enfoques y propuestas para América Latina. Universidad Nacional de Colombia. Consultado en: http://www.bdigital.unal.edu.co/38358/2/41093-194295-1-PB.html.

[7] BABILONIA BALLESTEROS, Rosa Inés (2006).

[8] COREDUCAR Antioquia (2015). Consolidado de los foros veredales de educación y desarrollo rural. SP.

[9] COREDUCAR (2016). Memorias IV Congreso Nacional de Educación Rural. Bogotá.

Hernando Mejía Díez para La Pluma, 18 de mayo de 2018

*Hernando Mejía Diez: Ingeniero Agrónomo. Su quehacer personal y profesional lo ha dedicado al acompañamiento a diversas comunidades rurales de Colombia -campesinas, negras e indígenas- en el tejido de sus propios procesos educativos, productivos y asociativos, para la defensa de sus territorios como escenarios de vida. Colaborador de la Pluma



Palabras clave:Colombia  ruralidad  mundo campesino  protagonistas  nuevas ruralidades  desafíos  Estado  deuda histórica  Hernando Mejía Díez  

Actualizado ( Martes, 29 de Mayo de 2018 20:39 )  

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