La pluma dice lo que el hombre calla...

24 septiembre 2018 - 09:38
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Salvar la salud. Una nueva operación encubierta del Pentágono en Colombia

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Sergio_Rodriguez_GelfensteinBisLa semana pasada escribí sobre la instalación del barco hospital USNS Comfort de la marina de guerra de Estados Unidos en Colombia, utilizado el trasnochado subterfugio de ayuda humanitaria, en este caso a Venezuela como instrumento para justificar una intervención militar, que ha sido tradicional en la política exterior de Estados Unidos.

Posteriormente, me quedé pensando si la misión del barco no persigue además objetivos ocultos y disimulados a fin de “echar una mano” a la atribulada sociedad colombiana, precisamente en uno de los aspectos que está más afectada: el de la salud, toda vez que se ha transformado en práctica que los gobiernos destinen mayor cantidad de recursos a la guerra que a las necesidades de la ciudadanía.  

En esa medida, la visita del Comfort podría ser muy beneficioso para Colombia habida cuenta que el propio ministro de salud del gobierno anterior, Alejandro Gaviria ya en 2016 había diagnosticado que el país vivía una crisis de la salud, motivada en un déficit que él cuantificaba entre 350 y 650 millones de dólares aproximadamente. Las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) instituciones privadas que “brindan” servicios de esa índole, presentaban a la fecha un déficit de 1.7 mil millones de dólares, mientras que el presupuesto aprobado para el año 2017 en esa materia, fue apenas de 260 millones de dólares. Así, el ministro se vanagloriaba de que, a pesar de la incertidumbre, el sector se seguía expandiendo, pues la demanda de servicios y las prestaciones crecían permanentemente. Claro, cuando él hablaba del sector, estaba refiriéndose a estas empresas privadas que lucran con la salud del pueblo, con el favor del gobierno.

USNS_Comfort

 

Las EPS fueron creadas mediante la Ley 100 de 1993 con el objetivo de iniciar el proceso de privatización de la salud a imagen y semejanza del modelo chileno creado por la dictadura de Pinochet. Según Diana Margarita Ojeda, Procuradora delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, lo que ocurre es que: “Los recursos no fluyen por una serie de trabas administrativas o por intereses ajenos al interés público; es decir, las entidades manejan el dinero irregular e ineficientemente y a pesar de, que se han hecho esfuerzos como el giro directo a los hospitales, algunas entidades territoriales se quedan con la plata, no se la entregan a los hospitales como debe ser, y las EPS reciben los recursos, pero no giran y no garantizan la prestación de los servicios”.

EPS_colombia1 AFP_Chile

Por su parte, Marcela Vélez, candidata a Ph.D. en política de salud de la Universidad McMaster de Canadá, al hacer un análisis del servicio médico y hospitalario del país para el libro “La salud en Colombia” de su autoría, afirmaba que: “Los organismos de control no tienen dientes para castigar a los corruptos”, o dicho de otra manera el Estado permite que la corrupción pulverice el sistema de salud. Vélez no tiene dudas en asegurar que: “El principal problema se llama EPS, especialmente la expectativa de ganancia de los intermediarios a expensas de la negación de la atención en salud a los colombianos. El problema es que no hay manera de hacer compatibles las ganancias de las EPS con el bienestar general de la población, y creo que para lograr este objetivo se requiere un gran compromiso por parte de la administración pública”.

Ese compromiso es precisamente el que no existe, porque es imposible lucrar con la salud y transformarla en una mercancía y al mismo tiempo conseguir “un nivel de vida adecuado que le asegure [ a las personas], así como a su familia, la salud y el bienestar, como reza el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En una entrevista para el periódico bogotano El Espectador en 2016, Vélez aseguraba que: “La Ley 100 introdujo el concepto de salud como mercancía, por lo tanto, quedó sujeta a ser un bien transable del que los inversionistas privados, tan sólo por servir como intermediarios, obtienen ganancia. El problema de este modelo es que acrecienta la inequidad en salud, incrementa el gasto sin mejorar la calidad y se interesa muy poco en el bienestar y la satisfacción de los colombianos”, concluyendo que, “… uno de los principales problemas es que es un sistema de salud que no es equitativo, que no brinda atención en salud de la misma manera a todos los colombianos, y que pudiendo ofrecer una atención de mayor calidad, no lo hace. En un país con pobreza y niños muriendo de desnutrición, el sector salud podría estar haciendo más con los recursos que tiene”.

A este respecto la Redacción Digital de la cadena BLU Radio, propiedad de Caracol uno de los dos mayores emporios comunicacionales del país afirmó que según fuentes oficiales, solo en la segunda semana de febrero de este año se registraron 11 muertes de niños menores de cinco años por desnutrición Así mismo, dio a conocer que la región más afectada es La Guajira que presenta “un incremento estadísticamente significativo en la notificación de muertes por y asociadas a desnutrición en menores de cinco años, en comparación con el promedio de notificación de los años 2014 a 2017”. En esa fecha del año, cuando apenas habían transcurrido seis semanas se encontraban “en estudio más de 37 casos probables de muertes por y asociadas a desnutrición…”.