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En Ituango, en Caloto, en todo el territorio… que cese la represión contra el pueblo organizado

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Ha sido una constante histórica en Colombia que los momentos de negociaciones de paz y diálogos coinciden con el recrudecimiento de la guerra sucia. En los ‘80 se asistió al genocidio de la Unión Patriótica, así como de otras experiencias como A Luchar o el Frente Popular.

A finales de los ‘90, los diálogos del Caguán coincidieron con la unificación de los ejércitos privados de los narcotraficantes y terratenientes de toda Colombia en la peor maquinaria de muerte que ha existido en este país: las AUC. La oligarquía extiende con una mano la rama de oliva, y con la otra, afila el machete. Mientras de día se habla de paz y de acallar los fusiles, en medio de la Noche y Niebla, se desaparece, tortura y asesina a las organizaciones populares que encarnan la fuerza social que se moviliza por el cambio social en Colombia.

Sabemos que la naturaleza del Estado colombiano y de la clase dominante que representa, no cambia con el anuncio de los próximos diálogos. Antes bien, desde su lógica, profundizar la violencia contra los movimientos populares en Colombia es una manera de limitar el impacto de éstos en las negociaciones, de amedrentar al pueblo para que no se tome la palabras, y así fortalecer las cartas de la oligarquía en la mesa. Que el gobierno de Santos tiene intenciones de profundizar la guerra sucia queda claro cuando hace apenas un par de días, el Ministro de Defensa Pinzón afirmaba que se intensificaría la militarización y la impunidad a las fuerzas represivas del Estado, dejando en claro la ausencia de “buena fe” por su parte en las negociaciones[1]. Por ello es preocupante que, en un contexto en que nuevamente las negociaciones de paz están en la agenda, el garrote de la represión oficial y paramilitar, comience a machacar las cabezas del pueblo organizado.

En los últimos 15 días se han registrado hechos gravísimos, parte de una campaña sistemática de arrestos masivos y de agresiones en contra de movimientos como la Marcha Patriótica:

  1. En el Cauca, el 14 de Agosto la XXIX Brigada del Ejército asesinó, en Cajibío, al campesino Daniel Valenzuela Mosquera; el 17 de Agosto, en Caloto y en Santander de Quilichao, la Brigada XIV del Ejército procedió al arbitrario arresto ilegal de 11 personas, todos pertenecientes a FENSUAGRO, la Marcha Patriótica y la Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”[2];

  2. En el municipio de Ituango, por su parte, en las veredas de Santa Rita y La Pascuita, así como en el casco urbano de Ituango, e; 26 de Agosto se arrestó masivamente a 23 personas en operativos ilegales en los que participó la Brigada Móvil XVIII del Ejército junto al CTI. Los medios dijeron que se trataba de miembros de las FARC-EP; por su parte, la Asociación de Comerciantes de Ituango salió a la defensa de los detenidos y a denunciar esto como un montaje, diciendo que todos los arrestados eran personas que han tomado parte en la movilización popular contra el proyecto Hidroituango y que esta era la quinta captura masiva de personas en esa localidad en una década[3]. Es de recordar que Ituango ha sido golpeado de manera salvaje por el paramilitarismo: por citar sólo algunos hechos de violencia paramilitar, el 11 de Junio de 1996, en La Granja, los paramilitares asesinaron a 4 campesinos; el 22 de Octubre de 1997, en El Aro, asesinaron  a 15 campesinos más; el 7 de Agosto del 2002, los paramilitares asesinaron a 15 campesinos y violaron a numerosas mujeres en El Conguital; el 14 de Agosto del 2008, en un día de fiesta, paramilitares activaron una bomba, matando en el acto a 7 personas e hiriendo a más de 50; en total, más de 350 personas fueron asesinadas selectivamente por el paramilitarismo en ese municipio. Todo esto, mientras funcionarios del Estado acusan al “100%” de los pobladores de Ituango de estar coludido con las FARC-EP[4].

Creemos que estos golpes no son casuales y lo que buscan es debilitar a las fuerzas sociales que, en el marco de un proceso de negociación política con la insurgencia, pueden movilizarse demandando soluciones estructurales a las causas que originan el conflicto. Es una manera de tratar de contener al conflicto armado mediante la negociación, y de contener al conflicto social mediante la represión. Tal fórmula, lo único que hace es demostrar que en Colombia sigue sin garantías para ejercer ninguna clase de oposición, mientras la represión oficial, que ocurre a plena luz del día, azuzada por los señalamientos de generales y funcionarios contra movimientos populares (principalmente contra la Marcha Patriótica), es disfrazada con un manto de impunidad por medios serviles que dan su bendición a estos “falsos positivos” judiciales.

Igualmente preocupante es la situación del paramilitarismo, que de la mano de la dizque “limpieza social” y de los llamados “Ejércitos Anti Restitución”, está asomando nuevamente su horrible cabeza por todas partes, con masacres y asesinatos selectivos. No es que el paramilitarismo se esté reorganizando; en realidad, nunca se fueron y están empezando a aceitar sus armas para enfrentar al nuevo ciclo de luchas sociales y campesinas, mientras el uribismo desarrolla una campaña de agitación proto-fascista en todos los medios y cuarteles.

Recuerdo, nuevamente, las palabras de Jaime Pardo Leal en 1987, poco antes de ser asesinado, en que interpelaba al presidente Virgilio Barco: Le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho o no a vivir en nuestro país. Esta pregunta, que jamás fuera contestada por Barco, tiene plena vigencia hoy. El gobierno dirá que no puede controlar a las fuerzas paramilitares. Pero estas fuerzas existen, son alimentadas y, en última instancia, controladas por el Ejército, las Fuerzas Armadas del Estado, así como por gamonales y caciques políticos locales, todos aliados al gobierno[5]. Si el gobierno se declara incapaz de controlar a sus propias fuerzas, si el gobierno de declara entonces incapaz de poner rienda a sus “perros salvajes”, nos preguntamos qué sentido tiene negociar con un gobierno que no controla, que no se impone entre sus propias fuerzas. Queremos que se aclare, entonces, si es que hay que negociar con algún poder “superior y oculto”.

Esa es la gran pregunta que se hacen quienes, desde el movimiento popular, se han comprometido en apoyar un proceso de paz que abra las puertas a la solución de las causas estructurales del conflicto social y armado. Pero sabemos que esta es una pregunta retórica que nada tiene que ver con la “capacidad” de la oligarquía y su Estado, sino que tiene que ver con su voluntad política.

Pero al menos Santos debería ser capaz de controlar a sus fuerzas oficiales. En una reunión el 31 de Agosto con el Partido Comunista, Santos se comprometió a evitar las acusaciones de sus funcionarios contra la Marcha Patriótica. Sin embargo, exigió a los comunistas para ello mantener una clara diferenciación entre este movimiento y las FARC-EP, como si no la hubiera[6]. Nos queda la duda qué significa esta vaga exigencia… ¿significa, acaso, que la Marcha renuncie a alzar su voz ante las negociaciones o que decline a incluir en su programa temas como la reforma agraria integral? ¿quién definiría si esta diferenciación es lo suficientemente clara o no, y qué parámetros usaría? ¿cuál sería el precio a pagar por los movimientos sociales si el Estado estima que se ha cruzado una línea necesariamente borrosa en su esquema contrainsurgente?

No podemos permitir que el compromiso con una Colombia mejor se convierta hoy en la razón para la persecución oficial y para-oficial, la cobarde amenaza y el asesinato por parte de hampones a sueldo. Hoy, al igual que ayer, El debate no es si la guerrilla sigue o no sigue, sino, si la élite va a dejar de hacer la guerra sucia y de poner todo su aparato de Estado para eliminar a la oposición[7], como dijera el comandante del ELN Pablo Beltrán. Un proceso de negociación política de un conflicto que no sólo es armado, sino ante todo social, requiere que el pueblo sea capaz de hablar sin miedo a ser asesinado o desaparecido. Hoy la tarea fundamental es blindar mediante la solidaridad a las expresiones populares como la Marcha Patriótica, exigir garantías para su libre actividad y movilizarse contra la represión oficial que encarcela al pueblo organizado y en las cárceles tortura a los presos por luchar. Sin estas mínimas garantías, estas conversaciones no serán sino el preludio de un nuevo ciclo de exterminio.

José Antonio Gutiérrez D. para La Pluma, 3 de Septiembre, 2012


[2] Para más detalles ver http://anarkismo.net/article/23704

[4] http://www.colectivodeabogados.org/CONDENA-AL-ESTADO-COLOMBIANO-POR http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso-el-milagro-de-vivir-ituango Del atentado del 14 de Agosto del 2008, fueron culpadas las FARC-EP por el gobierno en ese momento.

[5] Lo que no significa que estas fuerzas paramilitares, que reclutan sus efectivos entre hampones y mafiosos, no tenga una “autonomía relativa” debido al móvil eminentemente de beneficio personal que les anima. Pero, en última instancia, no dejan nunca de estar bajo el control último de las fuerzas del Estado, al que le deben su existencia, aunque tengan un amplio margen de libertad de acción que, en ocasiones puntuales, los lleva a entrar en ciertas contradicciones con éste. Ver, al respecto, un análisis anterior que hicimos sobre el Paro Armado de los Urabeños en Enero y la naturaleza del paramilitarismo colombiano.

[7] “De la Resistencia al Poder Popular, Diálogo con el comandante Pablo Beltrán” Ed. OceanSur, 2008, pp.35-36.

*José Antonio Gutiérrez D. es militante libertario, residente en Irlanda donde participa en los movimientos de solidaridad con América Latina y Colombia, colaborador de la revista CEPA (Colombia) y El Ciudadano (Chile), así como del sitio web internacional www.anarkismo.net. Autor de "Problemas e Possibilidades do Anarquismo" (en portugués -Faisca ed., 2011) y coordinador del libro "Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina" (Quimantú ed. 2010). Colaborador de La Pluma

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Actualizado ( Lunes, 17 de Septiembre de 2012 17:10 )  

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