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Los candidatos presidenciales frente al desplazamiento forzado

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Sin lugar a dudas contener el desplazamiento forzado y reparar sus inmensos costos humanitarios es el mayor reto que tienen por delante los candidatos que aspiran a llegar al primer cargo de la Nación. Sin embargo, el tema a penas si se ha tocado superficialmente en los debates y no ocupa un lugar central en los programas de Gobierno inscritos por las diferentes campañas presidenciales; a pesar, de ser el desplazamiento forzado la principal tragedia nacional y de afectar a más del 10% de la población colombiana, es decir que estamos ante un crimen de lesa humanidad que involucra un número superior a las cuatro millones de víctimas.

Para ilustrar la magnitud y la complejidad de este enorme desafío, simplemente pensemos que el número de víctimas de la violencia y el despojo en Colombia, de tan sólo los últimos diez años, comprende la totalidad de la población de un país como Costa Rica o está por encima en más de un millón de personas de la población de Uruguay o Panamá. Además, que por la cantidad de vulneraciones que genera el desarraigo violento, el problema necesita de una política pública integral en diversos sectores como la salud, la educación la vivienda digna, la atención humanitaria, la inserción socio-económica, la asistencia psicosocial o la reparación. Política pública que además debe involucrar la estructuración de programas diferenciales con los cuales atender a sectores poblacionales multi-vulnerables como los indígenas, los afro-descendientes, las mujeres, los niños y niñas y los discapacitados.

Es decir que tanto por el número de personas involucradas, como por la globalidad de las acciones a emprender, más que un programa de asistencia a las víctimas del desplazamiento forzado, lo que el país necesita es un gran “Plan Integral Humanitario” que articule esfuerzos y recursos para proteger a la población en peligro de ser desplazada y atienda y repare de la mejor forma a una población victimizada y pauperizada por la violencia.

Dicho Plan Humanitario, debe recoger y tener como norte las órdenes dictadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos autos de seguimiento e involucrar a toda la estructura del Estado en la urgente misión de superar el Estado de cosas inconstitucionales que advierte la Corte respecto a los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento.

Prioridades de la política pública frente al desplazamiento forzado

En primer lugar, el próximo Gobierno debe centrar sus esfuerzos en parar el desplazamiento forzado ya que, pese al éxito de percepción de la que goza la política de “seguridad democrática”, en estos casi ocho años de Gobierno se han desplazado la mitad de las personas que aparecen en diferentes registros y estadísticas, dato que no deja bien parada una política de seguridad que se gastó 120 billones de pesos y cuyo mayor logro es la presencia de Ejército y Policía en carreteras principales y cabeceras municipales, lo que no impidió que dos millones de personas fueran expulsadas violentamente de su lugar de residencia y en algunos casos, como en los falsos positivos, las capturas masivas o las fumigaciones, fue el despliegue de esa política de seguridad la causante de los desplazamientos masivos y las violaciones a los derechos humanos.

De otro lado, un futuro Gobierno realmente comprometido con generar soluciones estructurales a la tragedia humanitaria que vive Colombia, debe proponer un modelo de desarrollo económico rural radicalmente diferente al impuesto los últimos ocho años, ya que, al actual modelo agro industrial y minero le estorban las comunidades campesinas y mucho más los pueblos indígenas y afro-colombianos, asentados en territorios tan ancestrales como atractivos para la rapiña empresarial que se levantó estos años en Colombia. Por esto, no es casual que sean hoy las zonas de implantación de grandes negocios agroindustriales como la palma africana, la producción de biocombustibles o de grandes concesiones mineras, las mismas zonas de donde están saliendo la mayor cantidad de víctimas del despojo violento.

En segundo lugar, el próximo Gobierno deberá replantear la institucionalidad de atención a la población desplazada hoy en cabeza de Acción Social, institución centralista, ineficaz e infiltrada por la corrupción y el clientelismo. Avanzar hacia un mayor apoyo institucional y priorización presupuestal en los municipios y departamentos tanto expulsores (políticas de protección y prevención) como los receptores (políticas de atención y resarcimiento); para esto y dada la magnitud del daño masivo; estructural causado por el desplazamiento, se deberá realizar un esfuerzo presupuestal en diferentes frentes con el fin de buscar los recursos suficientes para la protección de la población en riesgo y la atención y reparación de las millones de víctimas y crear una figura supra institucional con el suficiente poder de coordinación para superar la tragedia humanitaria.

Y por último, el nuevo Gobierno debería, con base en los indicadores generados por la Corte Constitucional, adecuar una ruta de superación del Estado de cosas inconstitucional respecto a la población desplazada que incluya: un sistema local focalizado y robusto de atención humanitaria de emergencia; un ambicioso y pertinente plan de generación de ingresos y trabajo estable; una eficaz política de construcción de vivienda de interés social digna; un minucioso proceso de restitución de tierras que cumpla las condiciones de seguridad física y económica que garanticen el éxito del retorno; un ejemplarizante plan de reparación integral a las víctimas en el marco, tanto de la reparación administrativa como de la judicial acompañado de procesos para conocer la verdad e impedir que los hechos de violencia se repitan; un replanteamiento, desde la asistencia psico-social, tanto del sistema educativo como del sistema de salud para la población desplazada y un gran plan de protección y atención diferencial que de cumplimiento a los autos que sobre niñez, mujeres, discapacitados, afro colombianos e indígenas ha ordenado la Corte.

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Edición N° 00206 - Semana del 14 al 20 de Mayo de 2010 Bogotá D. C. - Colombia

Actualizado ( Lunes, 12 de Julio de 2010 22:12 )  

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