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21 septiembre 2018 - 00:18
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Situación de los derechos humanos en la coyuntura venezolana: Una mirada alternativa

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Los/as abajo firmantes, activistas y militantes de los derechos humanos que por décadas hemos hecho vida en organizaciones de derechos humanos venezolanas, nos pronunciamos sobre la actual coyuntura venezolana, en los siguientes términos:

Sobre la instrumentalización del discurso de los derechos humanos

En 2003, Amnistía Internacional alertó sobre la instrumentalización del discurso de los DD.HH en Venezuela[1]. Tal alerta mantiene su vigencia, en el actual conflicto venezolano. Vemos con preocupación cómo desde sectores de oposición se intenta posicionar una matriz de opinión según la cual, en Venezuela, unos jóvenes que ejercen su derecho a la protesta pacífica, son reprimidos y asesinados por el Estado y grupos parapoliciales, en una situación generalizada y sistemática de violación a los derechos humanos. Tal matriz tiene, evidentemente, la intención de deslegitimar al Gobierno del Presidente Maduro, nacional e internacionalmente, y forzar una “salida”[2] no prevista en la Constitución. Los derechos humanos, en esta estrategia, están siendo usados como un instrumento para debilitar a un gobierno electo democráticamente y, con ello, para vulnerar el derecho a elegir de la mayoría de la población que se expresó en las elecciones presidenciales de abril tanto como en las regionales de diciembre de 2013.


Sobre las víctimas

Seguimos con preocupación las informaciones sobre violaciones a derechos humanos y la escalada de violencia de los últimos días. En particular, nos referimos en este documento a las denuncias de lesionados y maltratados por funcionarios policiales y militares, así como a personas asesinadas, bien por particulares, bien por agentes de los cuerpos de seguridad.

Sobre víctimas fatales, el análisis de la información disponible arroja claros indicios sobre el origen múltiple de la violencia. Hasta ahora hemos conocido los siguientes casos:

1. Montoya, Juan (40), 12.02.14, Caracas. Dirigente chavista de la popular zona del “23 de Enero”, en el oeste de Caracas. Muerte por herida de arma de fuego en circunstancias actualmente investigadas y atribuidas a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) que incumplieron la orden de acuartelamiento[3]. Los funcionarios involucrados ya fueron puestos a la orden de la FGR.

2. Dacosta, Bassil (24), 12.02.14, Caracas. Joven trabajador que participaba en la primera marcha opositora que se inició pacíficamente y se tornó violenta en las puertas de la FGR, en la capital. Cae en la misma calle que Juan Montoya, con pocos minutos de diferencia y, según denunció el alto gobierno[4], por disparos realizados por los mismos sospechosos.

3. Redman, Roberto (28), 12.02.14, Caracas. Manifestante que levantó el cuerpo de Dacosta y fue asesinado horas más tarde, en medio de una protesta en el municipio Chacao, al este de Caracas. Algunos testigos atribuyen su muerte a civiles armados.

4. Méndez, José Ernesto (17), 12.02.14, Cumaná, Edo. Sucre. Falleció por severas heridas en la cabeza luego de ser atropellado por un vehículo particular. Según la versión inicial, ocurrió durante una protesta de estudiantes que mantenían cortada una avenida de la ciudad, aunque informaciones de la Fiscalía indican que se trataba de un hecho no ligado a las manifestaciones, el mismo presidente Maduro lo incluyó entre las víctimas de los hechos violentos.

5. Carmona, Génesis (22), Valencia, Edo. Carabobo. 19.02.14. Asesinada por un disparo por la espalda mientras participaba en una manifestación de oposición. Las experticias determinaron que el disparo provino desde donde estaban los manifestantes que acompañaban a la joven.

6. Castillo, Ángel (36), Ciudad Guayana, Edo. Bolívar, 20.02.14. Obrero de Sidor. Murió poco después de recibir un disparo en el cuello mientras se encontraba con otros compañeros, al término de una marcha por la paz organizada por el chavismo. El ataque provino de un edificio que fue allanado y en el cual se encontró un arsenal de armas cortas y largas.

7. Martínez, Arturo Alexis (54), Barquisimeto, Edo. Lara. Militante chavista, hermano del diputado nacional del PSUV Armando Martínez. Murió por un disparo efectuado desde un edificio cuando se encontraba despejando lo restos de una barricada para pasar con su automóvil rumbo a su trabajo.

8. Pedroza, Santiago Enrique (29), 21.02.14. Mcpio. Sucre, Edo. Miranda. Se desplazaba a bordo de su motocicleta por una céntrica avenida, cuando fue degollado por una guaya de metal colocada en el lugar por los manifestantes de oposición.

9. Lobo, Delia Elena (37), 21.02.14. Mérida, Edo. Mérida. Murió a consecuencia de graves lesiones sufridas, cuando la moto en que viajaba con uno de sus hijos cruzó una trampa de alambre con púas colocada por manifestantes de oposición.

10. Márquez, Alejandro (43), Caracas, 21.02.14. Murió a consecuencia de golpes en la cabeza, propinados por funcionarios de la GNB que reprimieron una manifestación vecinal en la que participaba la víctima. Siete funcionarios de la GNB son investigados por este hecho[5].

11. Moreno Orozco, Geraldine (23), Naguanagua, Edo. Carabobo, 22.02.14. Según la denuncias de familiares y testigos, murió a consecuencia de un disparo de perdigones de plástico, efectuado por funcionarios de la GNB en medio de una manifestación en la que la víctima participaba, el pasado 19.02.14.

En resumen, cuatro de las víctimas fatales han sido atribuidas a los cuerpos de seguridad[6] y las otras siete, a la acción de otros civiles. Lamentamos todas estas muertes, en los mismos términos, y exigimos a los Poderes Públicos el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables[7] y la modificación de las condiciones que hicieron posible esas muertes. Lo mismo exigimos para las denuncias ventiladas en medios nacionales, que incluyen testimonios de torturas y malos tratos infligidas a jóvenes detenidos en el estado Carabobo; así como para los daños causados por manifestantes que vienen ejerciendo la violencia contra bienes privados y, sobre todo, contra servicios públicos básicos; entre ellos: el sistema de transporte Metro de Caracas[8], la cadena de alimentación Pdval[9], la empresa nacional de telecomunicaciones, Cantv[10], e instalaciones eléctricas[11].

Sobre el origen de la protesta y sus protagonistas

A finales de enero se produce un hecho inédito, en el escenario de polarización que ha caracterizado al país en los últimos años: líderes de oposición y Gobierno deciden trabajar coordinadamente en materia de seguridad ciudadana, a partir del llamado del Ejecutivo al diálogo para la construcción de una agenda nacional. Al mismo tiempo, el Gobierno tomó un conjunto de medidas para disminuir la especulación y el desabastecimiento, de atención prioritaria y urgente. En los primeros días de febrero, con el proceso de diálogo en marcha, se producen los primeros hechos de violencia en el estado Táchira, de importancia estratégica por su ubicación como epicentro del contrabando de productos básicos hacia Colombia. Estos hechos coinciden con el llamado a tomar las calles para forzar la salida del gobierno constitucional realizado por la diputada María Corina Machado y el líder del partido opositor Voluntad Popular, Leopoldo López[12].

En la víspera del 12 de febrero, el llamado del movimiento estudiantil opositor era a marchar por la libertad de los detenidos por los sucesos del Táchira. Esta jornada, que comenzó pacíficamente, derivó en una espiral de violencia que se replicó hasta los últimos días. Rápidamente, la consigna inicial fue sustituida por el llamado a copar las calles para forzar la salida del actual gobierno.

Sin duda, en manifestaciones como las aquí analizadas, hay participantes con intenciones pacíficas, mientras otros revelan con sus acciones el objetivo de agitar la violencia[13]. Al igual que en coyunturas recientes, estas jornadas acaban respondiendo a la agenda político-partidista que busca forzar una salida anticipada del gobierno actual. Este carácter también explicaría la concentración de manifestaciones en los estados y en las zonas de la capital donde la oposición tiene mayor número de adeptos. Como era predecible, estas jornadas interrumpieron el diálogo entre Gobierno y oposición.

Sobre la criminalización de sectores civiles

Otro elemento a destacar, a partir del registro de víctimas fatales, es la criminalización de la vaga figura de los “colectivos armados” o “colectivos chavistas motorizados”, presentados como grupos parapoliciales. Durante estos días han circulado en medios masivos y redes sociales versiones que señalan a estos grupos como responsables de graves delitos, en supuestos enfrentamientos con los manifestantes de oposición.

Es cierto que, desde hace más de tres décadas existen en algunos pocos lugares del país grupúsculos de izquierda que reivindican la lucha armada, la mayoría de los cuales ha manifestado sus simpatías con el Gobierno Bolivariano. Frente a su carácter “armado” el presidente Chávez fue enfático, en repetidas ocasiones, en reivindicar el monopolio de la fuerza por parte del Estado y señalarles que debían correr con las consecuencias de colocarse al margen de la ley[14]. El Presidente Nicolás Maduro ha mantenido la misma línea. Recientemente señaló sobre la presencia de civiles armados en manifestaciones: “gente de carácter civil que estaba ahí… ya están buscando a algunos que está comprobado que dispararon. Presos tienen que ir. Primero no tenían que estar ahí ni de broma, y armados menos y disparando menos. Cuidado con infiltrados”[15].

La presencia de algunos civiles armados en manifestaciones de la oposición ha generado la demonización de cualquier motorizado de los sectores populares o colectivo que simpatice con el chavismo. Así se han justificado dispositivos como las guayas (alambres) extendidas en calles y avenidas, a una altura de 1,20m aproximadamente, que ya han cobrado dos víctimas fatales.

Por lo antes expuesto:

1. Exigimos, a los poderes públicos, la continuidad de las investigaciones de todas las denuncias de violaciones a derechos humanos hasta sus últimas consecuencias.

2. Rechazamos contundentemente las actuaciones contrarias a los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad, que han ocurrido en algunas de las manifestaciones de la oposición. Se trata de actuaciones al margen del nuevo paradigma de seguridad promovido desde el mismo Gobierno y consagrado en el Plan de la Patria.

3. Rechazamos cualquier llamado de las fuerzas políticas de oposición a desconocer los canales constitucionalmente legítimos para forzar una salida anticipada del actual gobierno. Sus acciones no sólo se expresan contra la institucionalidad democrática sino también, de manera directa, contra la mayoría de la población que ha respaldado a la tolda de gobierno en dieciocho procesos electorales nacionales.

4. Convocamos a la población a no caer en provocaciones de ningún sector político que auspicie la violencia como forma de acción reivindicativa y a denunciar a tales actores ante las autoridades competentes.

5. Respaldamos el llamado al diálogo nacional y exhortamos a todas las partes a participar activamente, en aras de dirimir las diferencias políticas de manera responsable, dentro de las reglas de la democracia y del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia.

6. Rechazamos la injerencia y el intervencionismo de países extranjeros en los conflictos que deben resolver la sociedad venezolana y sus instituciones democráticas.

7. Condenamos la manipulación que desde algunos medios de comunicación social nacionales e internacionales, así como desde organizaciones de la autodenominada “sociedad civil” se ha hecho de la situación, presentando una sesgada e inescrupulosa imagen de la realidad nacional, que alienta la violencia y la confrontación al invisibilizar las responsabilidades de algunos de los actores del conflicto. Y alentamos a la comunidad internacional y en especial, a las organizaciones de derechos humanos, a contrastar y confirmar las informaciones provenientes sobre Venezuela.

24 de febrero de 2014

Firman

1. Ana Barrios, C.I. 5.451.122, Miembra del equipo coordinador de (Provea 1990-1995). Integrante de Amnistía Internacional Venezuela (2004-2009). Miembra asociada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2000-actual).

2. Marieva Caguaripano, C.I. 10.378016. Comunicadora. Coordinadora del área de Comunicación e Información, Miembro del Equipo Coordinador, Provea (1990, 1995). Productora de campañas de prevención y concientización sobre embarazo adolescente y violencia doméstica (2010 - 2012).

3. Alba Carosio, C.I. 11858059. Feminista, Coordinadora de Investigación del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente activa en la Red de Colectivos La Araña Feminista.

4. Cristóbal Cornieles Perret Gentil. C.I. 10.817.524. Abogado. Miembro de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2006 -); Miembro Consultivo de CECODAP (1999 ‐2007); Integrante del equipo de defensa jurídica de ACCSI (1999 ‐2000); Integrante del Colectivo de Atención Integral a los Trabajadores (Aportes, 1995- 1998) e Integrante de Provea (1994- 1995).

5. Luis Díaz, C.I. 11.488.047. Investigador. Centro para la Paz y los Derechos Humanos. Universidad Central de Venezuela. 1996 - 2009.

6. Michael Adolfo Díaz Mendoza, C.I. 17.066.609. Abogado y activista de DDHH. Colaborador del Centro de Apoyo Comunidad Universidad CEA-UC (2000-2008), miembro del Colectivo de Educación e Investigación para el Desarrollo Social - CEIDES (2008-2010).

7. Isamar Escalona, C.I. 7.981.055. Responsable de Grupos y Redes. Área de Educación Provea (2000-2006).

8. Pedro Pablo Fanega, C.I. 6.241.410. miembro de del Centro de Organización Comunitaria y Derechos Humanos del Estado Vargas, Codehva (2004-2007). Miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (2006-2007).

9. Pablo Fernández Blanco, C.I. 23.527.749, Integrante y Coordinador del Programa de Educación en DDHH (1996-2005) y Coordinador General (2006-2012) de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

10. Judith Galarza Campos. Afectada por la desaparición forzada por motivos políticos de su hermana Leticia Galarza, efectuada en D.F. en México, el 5 de enero de 1978. Fundadora del Comité Independiente de Chihuahua pro defensa de los derechos humanos y AFADEM. Actualmente Secretaria Ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Familiares de Detenidos Desparecidos (Fedefam).

11. Jesús Chucho García. C.I. 4.168.353. Fundación Afroamérica y La Diáspora Africana.

12. Iván González Alvarado, C.I: 7.379.876. Miembro de la Asamblea y Consultivo Provea (1994 - 2013).

13. Enrique González, C.I. 29.525.916, miembro de Provea (1995-1999), ACCSI (2000-2001), investigador con Cecodap (2002-2003).

14. Antonio J. González Plessmann, C.I. 10.866.332, Miembro del Equipo Coordinador de Provea (1999 - 2005). Miembro Asociado de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2005 - actual).

15. Martha Lía Grajales Pineda, C.I. 29.565.914. Coordinadora Programa Educación en DDHH - Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2008 -2009); integrante de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

16. Alejandra Guédez, C.I. 13.748.311. Antropóloga, productora audiovisual e investigadora, con experiencia en comunidades indígenas y afrodescendientes, consejos comunales, cultores populares, adolescentes embarazadas, niños, niñas y jóvenes.

17. Maryluz Guillén Rodríguez, C.I. 11.557.841. Internacionalista, miembra de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (1993-actualmente). Investigadora y docente de la Escuela de DD.HH "Juan Vives Suria" de la Defensoría del Pueblo.

18. Erick Gutiérrez García, C.I. 6.976.990. Abogado, voluntario de Clínicas Jurídicas (1987). Investigador de Provea. Secretario ejecutivo del Capitulo venezolano de la Plataforma Interamericana de DD.HH., Democracia y Desarrollo (PIDDDH). Investigador y docente de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

19. Héctor Gutiérrez García, C.I. 6976989. Docente e investigador de la Escuela DD.HH Juan Vives Suria 2011-2014.

20. María Lucrecia Hernández, C.I. 26.783.758, abogada y activista de derechos humanos

21. María Paula Herrero, C.I. 14.444.733, ejecutora del área de Comunicación e Información, Provea (1989, 1996).

22. Antonio J. Marasciulo Davies, C.I. 15.394.380. Criminólogo, asesor jurídico, miembro del equipo fundacional de la UNES (2010 hasta 2012).

23. Elba Martínez Vargas. C.I. 6.914.739. Internacionalista. Gerente del Proyecto de Educación en Derechos Humanos de la Sección Venezolana de Amnistía Internacional (1992-1993). Miembra del equipo de Provea (1994-1996).

24. África Matute, C.I. 18.011.961. Abogada y activista de DDHH, integrante del Programa de atención integral a personas víctimas, Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2010 - 2013).

25. Lilian Montero Rodríguez, C.I. 6.427.029. Socióloga y abogada; promotora y defensora de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Cecodap (1991-2007), Coordinadora del Área de Derechos Colectivos y Difusos del Consejo Nacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (1999-2000); Miembro de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2009-2014).

26. Vicmar Morillo Gil, C. I. 7958276. Ejecutora del Área de Información e Investigación de Provea (1993-1999/2000-2004). Integrante de la Asamblea de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

27. María Teresa Quispe, C.I. 82.026.345. Coordinadora General del grupo de trabajo socioambiental para la Amazonía "Wataniba".

28. Maureen Riveros, C.I. 6.280.434. Comunicadora y activista de DDHH, Comité contra el olvido y por la vida. Provea (1999 - 2006).

29. Ileana Ruiz, C.I. 6.084.832. Comunicadora Social y miembro de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz desde 1987: Educación en derechos humanos, comunicación popular, uso alternativo del derecho y rehabilitación de víctimas de tortura.

30. Bárbara Tineo Toro, C.I. 14.531.267. Trabajadora social y activista de DD.HH

31. Justino Urbina Vargas, C.I. 4.233.937, Educador y Comunicador Popular, miembro fundador de Provea y miembro activo de esa organización (1989 y 1995).

32. Belkis Urdaneta, C.I. 9.740.076. Miembro asociada de la Red de apoyo por la justicia y la paz (1995-2014).

33. Rosinés Villalobos León, C.I. 10.474.725. Integrante de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, (1996 – 2005).

34. Asia Villegas Poljak, C.I. 6.355.311. Dra. en Ciencias Médicas. Activista del movimiento de mujeres, en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Defensora especial con competencia nacional en las áreas de salud y seguridad social de la Defensoría del Pueblo (2003 - 2004). Coordinadora de la comisión de derechos humanos y garantías constitucionales de la Asamblea Constituyente (1999).

Notas

[1]Amnistía Internacional, “Venezuela: Una Agenda de Derechos Humanos ante la crisis actual”. 2003.

[2] “Salida” es la consigna pública del movimiento que lidera Leopoldo López.

[3]http://www.aporrea.org/ddhh/n245737.html

[4]Ídem

[5]Días después, el Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sugirió que Márquez habría sido asesinado por un grupo paramilitar al cual él mismo pertenecía. Cabello mostró imágenes de redes sociales que presentan a Márquez portando fusiles en supuestos entrenamientos paramilitares.

Traducciones disponibles : Français

Lea en La Pluma:

Especial: Venezuela ¡resiste! Campaña de Solidaridad

Palabras clave:Venezuela  Violencia política  conflicto venezolano  Nicolás Maduro  Instrumentalización de los derechos humanos  Abya Yala  Latinoamérica  América Latina  

Actualizado ( Miércoles, 26 de Marzo de 2014 17:51 )  

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