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Colombia: Víctimas o mártires

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Proceso de Comunidades NegrasBis“Más difícil es honrar la memoria de los sin nombre que la de los famosos

[…]. La construcción histórica está consagrada a la memoria de los sin nombre”.

Walter Benjamín

Tesis sobre la historia y otros fragmentos,

Ediciones Desde Abajo, Bogotá, 2010

"La memoria del poder no recuerda, bendice. Ella justifica la perpetuación del privilegio por derecho de herencia, otorga impunidad a los crímenes de los que mandan y proporciona coartadas a su discurso, que miente con admirable sinceridad".

Eduardo Galeano

En la historia colombiana del siglo XX se presentaron muchas huelgas en diversos sectores de la actividad económica. Algunas de esas huelgas terminaron en forma sangrienta, debido a la represión a que fueron sometidas por el Estado. Esta pauta se había iniciado en el país desde finales de la década de 1910, cuando fueron reprimidas las huelgas de los puertos de la Costa Atlántica, con un saldo trágico de varios obreros muertos. Después, en numerosas ocasiones, fueron abaleados por las tropas oficiales los huelguistas que realizaban movimientos reivindicativos de protesta laboral.

Durante el Frente Nacional (1958-1974) se acentuó esta tendencia represiva del Estado colombiano para impedir la protesta de los trabajadores y sabotear o terminar de manera abrupta con las huelgas. Eso sucedió con los trabajadores de Rio Paila en 1959 que fueron tiroteados por el Ejército, lo que causó dos muertos y numerosos heridos. Lo mismo aconteció en Puente Rojo, en el Valle del Cauca, cuando el 26 de agosto de 1962 fueron masacrados 11 trabajadores por parte del ejército, que atacó a mansalva una pacífica reunión que había sido convocada por la Federación de Trabajadores del Valle (FEDETAV). En el mismo sentido, el 23 de febrero de 1963 en la pequeña población de Santa Bárbara, Antioquia, el Estado colombiano masacró a trabajadores, campesinos y habitantes de ese municipio, que participaban en la huelga de Cementos El Cairo.

El 12 de octubre pasado, cuando algunos celebraban el ignominioso "Día de la Raza" o el mal llamado "Descubrimiento de América", Juan Manuel Santos les pidió perdón a los indígenas que fueron víctimas del etnocidio cauchero, que se llevó a cabo desde finales del siglo XIX y prosiguió durante las primeras décadas del siglo XX por parte de aventureros de varios países de la cuenca amazónica, auspiciados por capitalistas de Inglaterra.

Estas palabras tendrían valor y serían creíbles si además de referirse al pasado lo hicieran también con respecto al presente y se correspondieran con una política real y efectiva de protección de los indígenas, de sus territorios y de las riquezas naturales del país. Pero esas palabras resultan no solamente demagógicas sino ficticias por dos razones. Una primera razón es de tipo histórico, porque el perdón que pide Santos es incompleto, al no mencionar como responsables del genocidio ni a las empresas británicas ni al capitalismo inglés. Es decir, no menciona a los promotores y beneficiarios del etnocidio, ni tampoco el carácter depredador de una actividad extractivista -algo que Santos como economista debe saber, sin duda alguna- lo que explica el sometimiento brutal de los pueblos originarios de la selva amazónica como fuerza de trabajo esclava.

Una segunda razón no es histórica sino actual, ya que involucra la "locomotora minera", uno de los programas estrellas del inquilino de la Casa de Nariño. En ese sentido, resulta todavía menos creíble el perdón pedido por Santos a los indígenas, si comparamos lo que aconteció durante la fiebre del caucho y lo que sucede hoy con la explotación minera. Ambas actividades están regidas por los intereses del capitalismo mundial, porque las economías altamente industrializadas necesitan materias primas, en un caso caucho y en otro oro, platino, estaño, zinc, coltán y un interminable listado. Las dos actividades, en consecuencia, forman parte de un modelo extractivista y exportador, de tipo ecocida y genocida a la vez, que beneficia a una minoría insignificante de aventureros locales (ayer los Arana y sus socios colombiano y hoy los "empresarios que hacen patria" de la palma aceitera, del banano, del carbón, del petróleo...) y, sobretodo, a las empresas imperialistas. Estas empresas, las de antes y las de ahora, actúan con la misma lógica depredadora propia de la economía de enclave, con la clara intención de llevarse rápido y gratis los minerales y materias primas de tipo agrícola, sin reparar en la destrucción ni en el crimen, como lo hizo antes la Peruvian Amazon Rubber Company y como lo hacen en estos momentos Pacific Rubiales o la AngloGold Ashanti. En los dos momentos, se ha requerido el uso intensivo de la violencia -la de Estado y la de los ejércitos privados al servicio del capital- con el fin de facilitar la apropiación de los bienes comunes del suelo y el subsuelo y garantizar que fuera exprimida hasta la última gota de caucho antes y sea extraída hasta la última onza de oro en la actualidad. En la fiebre cauchera la violencia era ejercida por los ejércitos privados de los caucheros y sus capataces locales y hoy corre por cuenta de los ejércitos estatales y paraestatales, cuya función esencial es facilitar la "seguridad inversionista" que aceite la "locomotora minera". En los dos casos se exalta la importancia de la inversión de capital extranjero para permitir el "desarrollo" de los territorios y para que sus habitantes salten del "atraso" a la "civilización". En uno como en otro caso se premia a los criminales como si fueran prósperos hombres de empresa, en razón de lo cual en Colombia se exaltaba a Rafael Reyes y compañía como hombres visionarios y ahora se ensalza a las empresas petroleras y mineras como portavoces de la modernización y progreso del país, hasta el punto que una de esas compañías, la Pacific Rubiales, patrocina la Selección Colombiana de Futbol.

¿QUÉ MEMORIA - PARA QUÉ PAÍS?

Existe otro tópico importante al considerar la solicitud de perdón de Santos, como es el de la memoria, o mejor de los (ab)usos de la memoria. Al respecto, podemos empezar diciendo que está en marcha lo que podemos llamar una memoria de cartel, es decir, para mostrar al público, pero que no se corresponde con ningún interés real de buscar verdad, justicia y reparación. Y esto es lo que sucede con los indígenas, grupos étnicos y el conjunto del pueblo colombiano, pues ¿de qué valen los pedidos de perdón, si en estos momentos en la vida real y cotidiana, y no en el papel ni en el discurso, los indígenas en particular y en general todos los sectores populares, son pisoteados tanto por la locomotora minera como por al aparato de guerra del Estado a través de bombardeos y masacres? Esta memoria de cartel es mediática, episódica, efímera, coyuntural y de corta duración, así como lo son las noticias que fabrican los medios de comunicación en nuestro país. [1]

Para terminar, cuando se está hablando otra vez de paz en Colombia, debe mencionarse que la forma como el gobierno de Juan Manuel Santos ha manejado el caso del etnocidio cauchero es una especie de anticipo sintomático de lo que puede derivarse con respecto a los vencidos (campesinos expropiados de sus tierras y asesinados, dirigentes sindicales masacrados, estudiantes, profesores, indígenas, defensores de derechos humanos...), que en el mejor de los casos van a ser considerados como simples victimas, como si no hubieran luchado y muerto por otro tipo de país y de sociedad.

Por ello, estamos convencidos que existe diferencia entre la categoría de víctimas y la de mártires, que no podemos ignorar ni enterrar en el olvido: Hay una diferencia muy importante entre la categoría de víctimas y la de mártires. Nos inclinamos por la última por su más nítida connotación de luchadores socio-políticos/as. Un compañero como Rafael Valencia Camacho q.e.p.d. y de participación decisiva en el proceso AT 55 en el Pacífico sur colombiano, fue asesinado con clarísimas posturas de resistencia popular. Por eso es un mártir y no una víctima, categoría esta última que lo despoja de su postura rebelde y de confrontación al régimen dominante. Ni se diga de la Hermana Yolanda Cerón, Francisco, Luciano, Émery, el compa del Bajo Mira, (todos y todas q.e.p.d.) y la lista larguísima y aún invisibilizada de dicha región y entre otros ejemplos.

Hasta los y las compas des-territorializadas/os (mal llamados “desplazados”) y aún cuando desconozcamos sus posturas explícitas de resistencia por ejemplo, son MÁRTIRES menos que víctimas porque su práctica era una territorialidad diferenciada a la que la relación social del Capital quiere imponer.

En realidad de verdad, ninguno y ninguna somos neutrales (¿víctimas? ¿inocentes?) frente al monstruoso aplastamiento que persiste sobre la Diáspora Africana desde el siglo XV.

Nuestro Primer Principio así lo confirma: Re-afirmación del SER NEGRO/A: es tanto el derecho a la diferencia como a la confrontación (... lucha hacia adentro, hacia NUESTRAS PROPIAS CONCIENCIAS...) contra toda forma de dominación que impone una falsa igualdad y que anula cualquier posibilidad de ser diferentes.

(Definición o pacto de la Tercera Asamblea Nacional del PCN en Puerto Tejada, Sept. - Oct. de 1993).      

Un cálido abrazo Afrolibertario!

COLECTIVO LIBERTARIOS AFROMAGDALÉNICOS – PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

AFROLIBERTARIOS - PCN

Barrancabermeja, Julio 10 y 11 de 2014

_______________

PROPUESTAS ANTE LA MESA DE DEBATE # 3,

DEL FORO REGIONAL DE VÍCTIMAS, EN EL MARCO DE LA MESA DE CONVERSACIONES ENTRE EL GOBERNO NACIONAL Y LAS FARC – EP

  • En primera instancia, aplaudimos la intención de los negociadores de la Mesa de Diálogos de hacer consideraciones especiales, desde un enfoque diferencial, para la participación de las mujeres, dentro de una subcomisión de género, en la comisión o delegación de víctimas que asistirá a la Mesa de Negociaciones. Partiendo de esta base, Proponemos que desde la misma consideración del enfoque diferencial, se tenga en cuenta a los grupos étnicos (afrocolombianos e indígenas) para conformar una subcomisión que haga presencia dentro de una delegación de víctimas, que llegará hasta la Mesa de Diálogos de la Habana Cuba, y como parte del cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Corte Constitucional, a través de los Autos 004 y 005 de 2008, en los cuales determina que las comunidades étnicas deben ser objeto de especial consideración en su condición de víctimas del conflicto armado, realizándose para con ellos un marco excepcional de atención y reparación para su actual problemática social, económica y política.
  • Un llamado a sumarse a la propuesta realizada por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio de constituir un Fondo de Apoyo a los HIJOS Y VIUDAS de los MÁRTIRES del conflicto armado para acceder a los estudios universitarios.
  • Reconvenir la concepción de los mecanismos de “Reparación Administrativa y de Restitución de Tierras”, adoptada dentro de la normatividad del Estado, que soslayan la verdadera concepción de “Restitución de Derechos” de la población afectada por el conflicto armado, conllevando a generar, dentro de las familias de las Víctimas y Mártires del conflicto armado, un sentimiento de “conmiseración” y “desamparo”, que le permite a los Gobiernos – Estado tratarlos como sujetos ALIENABLES y ENAJENABLES (“Vendibles y Comprables”).
  • Constituir un mecanismo expedito, con participación decisoria de las organizaciones de víctimas, para involucrar y comprometer a las entidades territoriales en los procesos de Restitución de Derechos (en referencia a la Restitución de Tierras y Reparación administrativa), como seguimiento a los Autos 314/2009 y 383/2010, expedidos por la Corte Constitucional, para el cumplimiento de la Sentencia T025/2004, y en desarrollo de la Ley 1190/2008, y/o la normativa procedente relacionada, que hagan viables el cumplimiento presupuestal y financiero de los Planes de Acción Territorial. Descartamos de plano el actual escenario de consulta, estipulado en la ley 1448, puesto que en éste Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT), las organizaciones de víctimas son sólo “convidados de piedra”, sin capacidad de incidencia, ni en la Política pública ni en los procedimientos de atención integral, como lo considera la misma Corte Constitucional.
  • Otorgar, desde la institucionalidad estatal, la sociedad civil, los actores en conflicto y desde las mismas víctimas, la trascendencia debida a los procesos de “construcción de Memoria Colectiva de las Víctimas y Mártires del Conflicto armado”, con participación directa de sus familias y organizaciones sociales.
  • Acordar la convocatoria a unos escenarios de debate y/o CONSULTA PREVIA en los territorios que vienen siendo objetivos de intervención a través de Macro-proyectos (incluidos los monocultivos), o mediante la concesión de tierras para la explotación minera; escenarios que deberán contar con la participación mayoritaria de las comunidades organizadas con asiento en los territorios a intervenir. Actualmente, la ley consagra la realización de Cabildos Abiertos, como el escenario natural y administrativo, pero ni éste mismo es tenido en cuenta, y cuando lo hacen es manipulado por los sectores políticos hegemónicos o los gobiernos territoriales de turno.

COLECTIVO LIBERTARIOS AFROMAGDALÉNICOS – PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS

AFROLIBERTARIOS - PCN

Barrancabermeja, Julio 10 y 11 de 2014


[1] Los últimos 3 Párrafos son tomados de un artículo de Renán Vega Cantor: historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia.  Autor de Gente muy Rebelde, Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Premio Libertador, Venezuela, 2008

Lea en La Pluma:

¿Cuántos muertos nos cuesta cada gol de la selección de Colombia?

 

Especial: Colombia Foro regional víctimas


Palabras clave:Colombia  Juan Manuel Santos  Mesa de dialógos de La Habana  Cuba  Proceso de Comunidades Negras  Foro Regional de Víctimas  locomotora minera  modelo extractivista  genocidio  expoliación  desterritorialización  diaspora africana  Multinacionales  Pacific Rubiales  AngloGold Ashanti  abusos de la memoria  Cumunidades en resistencia  Terrorismo de Estado  

Actualizado ( Lunes, 14 de Julio de 2014 20:50 )  

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