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Colombia: Los alumnos de Circe

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Colombia: Foro regional víctimas

Recuerdo que en la escuelita la profe hablaba a cerca de la región Eea, una isla mítica, muy remota, situada varias millas al oeste de la península griega donde, según Homero, vivía la diosa Circe, capaz de hechizar personas crédulas a quienes invitaba a su palacio para posteriormente manipularlas. Sin embargo, sus víctimas conservaban la razón y sabían que habían sido engañadas.

Seis razones, por las cuales Juan Manuel Santos no cumplirá su promesa.

Primera. Rige una dictadura civil.

La oligarquía colombiana alardea de su democracia participativa, cuando históricamente al pueblo lo han mantenido al margen de las decisiones que definen el interés nacional;  habla de democracia representativa, auto proclamándose representaciones que el pueblo nunca les ha conferido. La realidad muestra una democracia restringida, como mamparo para ocultar la dictadura civil.

La dictadura civil, debería ser considerada por la sociología del derecho por ser la rama que estudia las implicaciones concernientes a las relaciones entre el derecho y la sociedad.   

Una mentira relatada varias veces, se transforma en historia, y ésta en doctrina.

Desde temprana edad se inculca a niños escolares el paralogismo, haciéndoles creer que las dictaduras están representadas por personajes vestidos de verde olivo. De ser así, en tan sólo 12 años de gobierno transcurridos entre Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, Colombia no habría superado la represión y asesinatos de las dictaduras que se sucedieron en América latina.

En la última dictadura Argentina, según defensores de los derechos humanos y las Madres de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia, cuantifican cifras superiores a 30.000 desaparecidos.

De acuerdo con investigación documentada por la organización internacional de derechos humanos, en Bolivia, durante el período en que se sucedieron las dictaduras impuestas por Estados Unidos, entre 1964 y 1982 se practicaron ejecuciones extrajudiciales donde murieron más de 20.000 disidentes.

El informe Sobre las desapariciones Forzadas en Chile, elaborado por Asociación de Familiares de Muertos y Desaparecidos, reportó 40.000 víctimas durante el régimen de Pinochet.

Un documento denominado “Derecho a la Memoria y la Verdad”, realizado por la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República de Brasil, rebela 3.000 víctimas de desaparición forzada.

En los períodos regidos por dictaduras militares de Uruguay, surgida tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973 – 1985 -, de los miles de desaparecidos sepultados en fosas colectivas, sólo han documentado 200 asesinatos. 

Durante el régimen de Stroessner, una de las dictaduras más espantosas por su método brutal, las víctimas, según cifras oficiales, 4.000 paraguayos murieron violentamente asesinados por el ejército nacional y la policía.  

La dictadura instaurada por la oligarquía colombiana bajo disfraz democrático, después del asesinato de Jorge Eliecer Gaitán y la creación del paramilitarismo chulativa,  se volvió más agresiva a partir del primer  año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante el gobierno uribista - santista, el paramilitarismo tomó fuerza como estrategia contrainsurgente, expresada como terrorismo de Estado. Ejemplo clásico: extendieron el terrorismo fuera de sus fronteras, dejando manifiesta una política terrorista como doctrina de Estado, que rige la manera de pensar y de obrar defendida por un  grupo partidista.

En sólo   12 años de gobierno dentro del esquema “democrático”, más de 6 millones de colombianos han sido violentamente expulsados de sus territorios, y  aniquilados más de 300 mil opositores al régimen, exterminio superior al de las naciones suramericanas bajo dominio estadounidense,  donde implantó y apoyó feroces dictaduras militares.

Segunda. Plan Colombia

Muchos colombianos no percibieron que el Plan Colombia, implementado entre Andrés Pastrana, el imperio estadounidense, y las poderosas transnacionales, debe entenderse como el resurgir del Plan Marshall, destinado a “impedir” el avance del comunismo, previsto por los gringos después del despeje de San Vicente del Caguán. Pero fue durante el gobierno de Uribe y Juan Manuel Santos cuando se institucionalizó y reestructuró. Ya no como Plan Colombia o Plan Marshall, sino como el reemerger del Plan Cóndor dirigido manifiestamente por la CIA. Las Fuerzas Militares Nacional, la Policía Nacional y paramilitares asesorados por el pentágono,  coordinaron vigilancia, detenciones, interrogatorios con tortura, desapariciones y asesinatos de personas consideradas por el régimen Uribe- Santos como subversivas o contrarias a su pensamiento político o ideológico.

El Plan Colombia paramilitarista, constituido como organización clandestina para la práctica del terrorismo de Estado,  sigue cometiendo asesinatos y desaparición de  opositores, en su mayoría pertenecientes a movimientos de izquierda política.

La guerra de la dictadura autoproclamada “democracia”, impuso su proyecto político, económico y social, no sólo contra las guerrillas, involucró toda la sociedad victimizada por la ideología anticomunista que profesan los gobiernos y las fuerzas armadas, la cultura política forjada durante medio siglo de violencia extrema, la corrupción, el clientelismo adulador, la cultura política paramilitarista, la influencia de la mafia en distintos estamentos del Estado, y la incitación del imperio.

En 2008 estalló el escándalo de los crímenes de Estado, conocidos con el eufemismo “falsos positivos”, pero desde el gobierno de Ernesto Samper, estas prácticas criminales de las Fuerzas Militares, crecían en espiral magnificada.

Desde el período Chulavita hasta nuestros días, la oligarquía colombiana practica una política terrorista adoctrinada, recurrente y sistemática, y deja evidente que el paramilitarismo nació antes de las guerrillas de izquierda, las cuales se organizaron como respuesta a la violencia estadal. El paramilitarismo fue resultado de una estrategia del Estado planeada por el imperio que involucró múltiples actores de la oligarquía colombiana, a partir de la violencia Liberal-conservadora después que asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán  y firmaron el Pacto de Sitges o Pacto Nacional -1957 -. A partir de la fecha, establecieron la convocatoria de un plebiscito para ratificar los convenios acordados entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Los dos personajes, actuando en representación de la oligarquía, presentaron una reforma constitucional de 14 artículos entre los que se contemplaba la sucesión exclusiva en el poder de los partidos de la oligarquía, liberal-conservadora por 16 años y la repartija de los cargos públicos. Y concesiones al imperio para “desarrollar la economía nacional”

Tercera. Paramilitarismo institucionalizado.

En febrero de 1962, el general William Yarborough – comandante de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, después de desarrollar la estrategia y táctica militar de “Boinas Verdes” - unidades especializadas en contrainsurgencia -, visitó Colombia para imponer un acuerdo denominado “Stay  behind” – estar detrás -, involucró personal civil y militar en actividades paramilitares y sabotajes terroristas contra partidos comunistas, a quienes se debía eliminar por considerarse amenaza futura. La Misión Yarborough representada por oficiales de alto rango, puso en marcha la ejecución clandestina de planes desarrollados por el Gobierno de los Estados Unidos, proporcionando asistencia de personal de contra-insurgencia, para ser entrenada por el ejército nacional bajo la asesoría técnica de EE. UU, según el documento oficial del ejército estadounidense firmado en Bogotá.

El mandato del imperio para crear la estrategia paramilitar firmada en 1962 se adoptó tres años después por el Estado colombiano mediante el decreto 3398 de 1965. Y tres años después, la ley 48 de 1968 autorizó la fuerza pública para conformar juntas de autodefensas; promover el entrenamiento y vinculación de la población civil en el conflicto; técnicas de combate y dotación de armas, conjugando un estrecho vínculo del paramilitarismo con las fuerzas armadas colombianas. Conocer la historia permite entender que la crisis política y social, trasciende más allá de Uribe y de sus antecesores, quienes históricamente han  sido instrumentos de un sistema definido por una estructura nefasta aplicada mediante una idea rectora que orienta el pensamiento y la acción de la oligarquía colombiana.

Cuarta. Relegalización del paramilitarismo

En 1991, César Gaviria Trujillo - asesor y jefe de campaña de Juan Manuel Santos -, cambió la definición paramilitar por “Estrategia Nacional contra la Violencia”, que significó una reorientación de la doctrina  Yarborough, adoptando medidas para legalizar el paramilitarismo bajo la figura conocida de las “Convivir” creadas con el decreto 535 de 1993 y luego mediante el decreto 556 de 1994 o “Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”. Ningún colombiano, ni siquiera analistas políticos y “lideres” de izquierda, observaron que el decreto 556 de 1994, fue una ruptura apocalíptica de la constitución recientemente consagrada – 1991 -  que facultó al ejército nacional para entrenar y asesorar grupos civil – militares en operaciones contra insurgentes; dotados de armas de combate, municiones, desplazamiento mecanizado terrestre y aéreo, y logística financiera para los mercenarios. En todo este proceso de reorientación estratégica, Juan Manuel Santos, a la sazón miembro del gabinete de César Gaviria, jugó papel esencial.

El gobierno Uribe - Santos, revivió los episodios de la historia escrita de Arthur Miller – Las Brujas de Salem -. Toda voz disidente se consideró objetivo militar, enemiga desenmascarada del Estado. Acusación que desencadenó un proceso expansivo de delaciones, acusaciones infundadas, testigos sin rostro, denuncias, interrogatorios, procesos irregulares, y listas fatales suministradas por políticos y jerarcas de la iglesia, fiscalías y directores de instituciones académicas, contra personas sospechosas de ser comunistas. Infundio incorporado en un manual de formación de oficiales, editado por la Escuela Superior de Guerra José María Córdoba.

En el futuro, la historia política colombiana dirá que para aniquilar a los revolucionarios  y socialistas sinceros, la oligarquía ha utilizado idénticos métodos Macarthistas para desencadenar una caza de brujas alegando conspiración comunista contra el sistema. Ejemplo clásico:

Durante los últimos 12 años de dictadura civil, 2000 – 2014, las fuerzas armadas han usado prácticas brutales: desaparición y torturas de opositores al régimen, cuya legitimación a esas violaciones de los derechos humanos, ha sido “justificada” con el argumento de acabar con los “terroristas” de las  FARC- EP.

A partir del gobierno de Uribe, y el primero de Juan Manuel Santos, el Centro de Investigación y educación Popular – CINEP -, ha documentado 1.741 asesinatos del Estado contra jóvenes mostrados ante los medios de comunicación vistiendo traje de campaña militar, y acusados de guerrilleros caídos en el campo de batalla. Colombia en los últimos 12 años de “democracia”, documenta más de 300 mil asesinatos. 3 mil masacres, 6 mil desapariciones, 7 mil torturas crueles, 2 mil incinerados en hornos crematorios, 3 mil devorados por cocodrilos, donde los saurios eran los jueces. En su edición del 9 de junio de 2009, la revista Semana dijo que las investigaciones de la Fiscalía General, descubrieron que los paramilitares no sólo descuartizaban vivas a sus víctimas con sierras de cadena, sino que también las arrojaban vivas en lagunas infestadas de caimanes y cocodrilos. También dijo que los militares ordenaron a Carlos Castaño la creación de hornos crematorios al sur del país, para desaparecer la evidencia, porque las cifras de muertos eran demasiadas.

Miles de inocentes siguen siendo detenidos al salir de sus lugares de trabajo, de las universidades. Desaparecidos de las calles, de los parques, de sus lugares frecuentados, sacados del calor del hogar familiar, o desaparecidos en un retén militar. La única promesa garantizada que tiene el pueblo colombiano de los alumnos egresados de la escuela de encantamiento de Circe, es la continuidad del régimen terrorista del Estado, su estructura es así, con un programa ideológico lítico.

Quinta. “Siete bases militares”

Después de entrar en vigor la doctrina Monroe de 1823, revisada en 1938, diversos gobiernos colombianos han celebrado acuerdos militares con EE.UU. Invocando como fuente jurídica acuerdos militares para defensa de la soberanía nacional, particularmente en temas de cooperación militar.

Al final de la segunda guerra mundial, los vínculos de Colombia con EE.UU en materia militar se fortalecieron, hasta tal extremo de haber sido el único país Latinoamericano en subordinar su ejército bajo el mando militar del imperio en la Guerra de Corea en 1950.

En abril de 1952, Colombia fue el primer país Latinoamericano en firmar el Programa de Asistencia Militar con EE.UU. Sucesiones de misiones, convenios, planes y acuerdos que dieron origen al fatídico pacto de Seguridad Latinoamericana – Plan Laso -1960 -, continuarían para enfrentar la "influencia comunista".

Diez bases militares colombianas están bajo administración del imperio estadounidense. Pretextadas para “combatir” la mafia  de droga criminal. Pero su objetivo es monitorear  todos los países de América Latina y del Caribe, con despliegue de tropas de combate en todo el sur del hemisferio. Estas instalaciones, ahora bajo control de Estados Unidos, mayoritariamente están dotadas de centros de espionaje electrónico satelital para ser utilizadas como plataforma para el despliegue de operaciones coordinadas desde el comando sur.

Así lo establece el Acuerdo para la Cooperación y Asistencia  Técnica en Defensa y Seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos. Transcripción textual:

Artículo IV

“El gobierno de Colombia, cooperará con los Estados Unidos, para llevar a cabo actividades acordadas en el marco del presente Acuerdo permitiendo el acceso y uso a las instalaciones de la base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero;  la  Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la base Aérea Capitán Luis Francisco Gómez Niño – Apiay -, Florencia; la base Naval ARC Bolívar en Cartagena, y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga y permitirá el acceso y uso de todas las instalaciones militares ubicadas en Colombia.

Las autoridades Colombianas, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a los Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo operaciones militares.

El personal de los Estados Unidos, Los contratistas de los Estados Unidos y los empleados de los contratistas de los Estados Unidos tendrán acceso y la capacidad de moverse libremente en territorio colombiano”.

Artículo VI

Pago de tarifas y otros cargos

“Las aeronaves de los Estados Unidos, cuando se encuentren en el territorio de Colombia, no estarán sujetas al pago de derechos  incluidos los de navegación aérea, sobrevuelo, aterrizaje y parqueo en rampa.

Los buques de los Estados Unidos recibirán el mismo tratamiento y privilegios que los buques de guerra, y en consecuencia no estarán sujetos a la paga de tasas de señalización marítima y fondeo.

4. De conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la práctica, las aeronaves y buques de los Estados Unidos no se someterán a abordaje e inspección  de las autoridades colombianas

Artículo VII

Estatus del personal

De conformidad con los artículos 5 y 11 del acuerdo de Misiones Militares de 1974, Colombia otorgará al personal de los Estados Unidos y a las personas a cargo, los privilegios, exenciones e inmunidad otorgadas al personal administrativo y técnico de una misión diplomática.

Artículo XXV

Entrada en vigor

El presente acuerdo entra en vigor en la fecha de su firma.

En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, suscriben el presente acuerdo en los idiomas español e inglés, en textos igualmente válidos y auténticos. Hecho en Bogotá el 30 de octubre de 2009”.

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Jaime Bermúdez Merizalde,

Ministro de Relaciones Exteriores.

Fabio Valencia Cossio

Ministro del interior y de Justicia.

Gabriel Silva Lujan,

Ministro de Defensa Nacional.

POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

William R. Brownfield,

Embajador

El gobierno liberal-conservador, renegando en representación de la oligarquía colombiana su compromiso de lealtad a la patria, eligieron la traición defraudando el orgullo nacional. Cuatro sombríos personajes de la élite colombiana, una mañana de octubre de 2009, mancillaron impunemente el honor de Colombia. Mediante este convenio de perjurio conspirativo al pueblo colombiano, negociaron 800 Km2 del territorio. Superficie equivalente 34 veces a la Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que podría ser poblado por 1.870.000 habitantes, tomando como referente la población de este archipiélago. Y al mismo tiempo, dejaron las bases militares a disposición de las fuerzas de la OTAN.

Así lo establece el tratado de Washington firmado el 4 de abril de 1949, el cual constituye un sistema de defensa colectiva de la OTAN. En el tratado, la organización contempla la defensa de sus Estados miembros según lo establece el Artículo 6, numeral b)…”se considera ataque armado contra los Estados miembros, contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de los miembros de la Alianza Atlántica, que están en dichos territorios o sobre ellos, o en cualquiera otra región en la que estuviesen estacionadas fuerzas de ocupación de las partes”.

La OTAN, sinónimo de devastación, de destrucción de pueblos y cultura, es antítesis de ideologías progresistas y gobiernos que les son incómodos.

La eventual presencia de la OTAN en las bases que ahora pertenecen a uno de sus Estados miembros, serán plataforma de agresión contra las naciones Latinoamericanas, teniendo como polígono la Revolución Bolivariana de Venezuela y como objetivo, desintegrar la unidad de las naciones que rehusaron ser sus colonias.

Si este acuerdo antinacional, no es imposición de una doctrina colonialista, ¿entonces, que es colonialismo  y qué es traición a la patria?

Sexta. Tratado de Libre Comercio – TLC -.

Un negocio entre gobernantes de países ricos, con gobernantes de países pobres que tuvieron coraje para firmar la sentencia condenatoria contra su propio  pueblo, cuyas ventajas comparativas obtenidas nunca beneficiarán a los países menos desarrollados. El TLC está estructurado como política de imposición y condición de intercambio comercial no equivalente impuesta por el condicionador. Prueba de ello, el sector productivo de los países productivos es seleccionado por el condicionador.  El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD -, dice que la sociedad campesina colombiana, según registra el censo poblacional de 2005, ascendería a 7.1 millones de personas, cifra que permite entender que el 64 % de la población colombiana, infravalorada por la oligarquía, tiene truncada la oportunidad de una vida digna, condenada a la ruina del sector primario, y al éxodo masivo hacia los extramuros de las grandes ciudades, en la búsqueda desesperada por hallar una alternativa que al pasar los días se transforma en pesadilla.

El tratado de libre comercio – TLC -, consecuencia de la devastadora política neoliberal, tiene como uno de sus gestores, al flamante Juan Manuel Santos Calderón, ministro de Comercio Exterior de César Gaviria Trujillo, quien abrió, a través de su política neoliberal, las puertas a la ruina del campesinado.   

Ramón Alcides Ávila Peralta para La Pluma, 17 de julio de 2014

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Artículos de Ramón Alcides Ávila Peralta publicados en La Pluma:

Hidroeléctrica Urrá, tragedia humanitaria

Palabras clave:Colombia  Juan Manuel Santos  dictadura civil  Plan Colombia  Paramilitarismo institucionalizado  Relegalización del paramilitarismo  Siete bases militares  Tratado de Libre Comercio(TLC)  Alcides Ávila Peralta para La Pluma  

Actualizado ( Viernes, 18 de Julio de 2014 16:54 )  

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