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México : El informe sobre Ayotzinapa dejó sin piso el relato oficial sobre la tragedia de Iguala

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Protestan en Guatemala contra las elecciones de hoyAyotzinapa: el fuego, las cenizas

El relato oficial sobre la tragedia de Iguala quedó reducido a cenizas. La verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam fue devorada por el fuego de las evidencias. El informe del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demolió desde sus cimientos la versión gubernamental de los hechos. Como dijo una madre de familia: Sabíamos que era mentira.

Según el informe del GIEI, los ataques a los normalistas rurales de Ayotzinapa en Iguala, el 26 de septiembre pasado, buscaron impedir que los tres autobuses tomados por los jóvenes en Iguala y los dos en los que habían llegado salieran de la ciudad. También castigar a los muchachos.

Es falso que –como dijo Murillo Karam– los estudiantes pretendieran sabotear el acto de María de los Ángeles Pineda como presidenta del DIF de Iguala. Cuando ellos llegaron a la ciudad el evento tenía una hora de haber terminado.

La agresión contra los alumnos fue masiva, escalonada e indiscriminada. Se desarrolló en nueve distintos lugares y en diferentes momentos (durante tres horas), bajo una dirección y coordinación.

La magnitud y sofisticación de los ataques requirieron de niveles complejos de comunicación, infraestructura y coordinación que ni remotamente corresponden a los que posee el grupo de Guerreros unidos en la zona. No hay en Iguala antecedentes de un operativo de esta magnitud ni en los asesinatos, ni en las desapariciones, ni en el ocultamiento de restos humanos en fosas. Alguien más, con más recursos, conocimiento y capacidad de actuar en el terreno, tuvo que hacerse cargo de esa tarea.

El operativo contra los normalistas tuvo dos etapas distintas: las dos caras de una misma moneda. En la primera, la del ataque a los autobuses y a quienes participaban en la conferencia de prensa para denunciar los ataques iniciales, los agresores no ocultaron su identidad y no les importó actuar ante testigos. En la segunda, la de la desaparición forzada de los jóvenes, los perpetradores buscaron ocultar y borrar las huellas del crimen y su identidad. La decisión de desaparecer a los estudiantes tuvo continuidad con la violencia desatada contra ellos desde el inicio. Ambas fueron parte de una misma operación.

Según los especialistas de la CIDH, un peritaje calificado e independiente mostró, fehacientemente, que es insostenible la versión gubernamental de que los 43 normalistas fueron asesinados por un grupo de sicarios y sus restos incinerados en un basurero del municipio de Cocula. Así, el corazón del relato gubernamental naufragó estrepitosamente.

El informe no sólo muestra que la verdad histórica fue mentira. También abre serias interrogantes sobre la responsabilidad de funcionarios públicos e instituciones de seguridad en las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los atentados contra los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Las policías estatal, municipal y federal, así como el Ejército, estuvieron informados en tiempo real, y prácticamente en todo momento, de los trágicos acontecimientos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento a través del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de lo que los normalistas de Ayotzinapa hicieron desde su salida de su escuela, faltando un minuto para las 6 de la tarde, hasta que fueron atacados y detenidos.

A pesar de que agentes de diferentes fuerzas de seguridad o del Ejército supieron que los estudiantes de Ayotzinapa estaban siendo atacados violentamente por uniformados y por civiles armados, no hicieron nada por evitarlo. No obstante que policías y soldados se encontraban en el lugar mismo de los hechos, permitieron que los jóvenes fueran salvajemente agredidos.

Sin embargo, hay dos momentos en que las comunicaciones en el C-4 en poder del GIEI desaparecieron. Curiosamente esa falta de información coincide con el tiempo posterior al primer ataque en la calle Juan N. Álvarez y al instante en que se perpetra una segunda agresión en el mismo lugar. De acuerdo con un documento oficial de Protección Civil de la coordinación de Chilpancingo, la transmisión de información a partir del C-4 se suspendió en ciertos periodos porque la comunicación fue intervenida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Esto significa que, por alguna razón que no se ha esclarecido, el Ejército bloqueó la comunicación del C-4 justo en el momento en el que se efectuaron dos de los ataques claves contra los normalistas. El porqué lo hizo es una pregunta sin respuesta.

No son los únicos casos en que el informe señala la participación de militares en la noche de Iguala. Elementos del 27 batallón de infantería estuvieron presentes en varias escenas del crimen, buscaron infructuosamente estudiantes detenidos en la comandancia de policía e interrogaron (y amenazaron) a los jóvenes que se encontraban en la clínica Cristina solicitando que uno de sus compañeros fuera atendido.

La tragedia de Iguala es hoy un terreno de lucha entre la memoria y el olvido. El gobierno apostó a dejar atrás los ataques, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas de los normalistas. Los padres de familia de las víctimas no han cejado en que se llegue a la verdad de los hechos y se haga justicia. El informe del GIEI es un punto a favor de la lucha por la memoria. Un paso adelante en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Luis Hernández Navarro

Twitter: @lhan55

Fuente : La Jornada, 8 de septeimbre de 2015


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Iguala: malabares y funambulismos

Y ahora, tras la presentación del informe sobre Ayotzinapa presentado el domingo por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, medio gobierno está metido en el afán imposible de conciliar lo asentado en ese documento con las contradicciones, omisiones y narrativas truculentas de la versión que el propio peñato ofreció a la opinión pública en su prisa por cerrar el caso a como diera lugar. Se ordena incorporar el torpedo a la nave que se hunde, Arely Gómez hace malabares para afirmar que el documento del GIEI confirma la investigación oficial y el jefe policial Tomás Zerón se aferra a la leyenda de la pira de Cocula, en cuya construcción él mismo tuvo una destacada participación.

Pero las implicaciones del #InformeAyotzinapa van mucho más allá de la demolición de la verdad histórica cuya presentación fue adelantada en noviembre del año pasado para que Enrique Peña tuviera en el ámbito interno un decorado de misión cumplida a fin de irse de viaje a China a resolver negocios fallidos. El documento coloca al régimen ante un problema de difícil solución: no puede rechazarlo ni desmentirlo por el simple hecho de que las observaciones contenidas en él son verdaderas y fundamentadas en documentos oficiales y hechos comprobados, pero tampoco puede aceptar las conclusiones inevitables que se extraen del documento y que obligan a admitir la existencia de cosas mucho más graves que imperfecciones y errores de procedimiento en el proceder de las instancias oficiales.

Del texto del GIEI se desprende, en efecto, que la autoridad encargada de esclarecer y procurar justicia incurrió, cuando menos, en omisión, alteración, destrucción y ocultamiento de pruebas y posibles actos de tortura, a fin de fabricar culpables y/o dar sustento a líneas de investigación que se caían por sí mismas, como aquel cuento de que el 26 de septiembre José Luis Abarca ordenó la agresión, el asesinato y la desaparición de los normalistas para que éstos no irrumpieran en un acto público de su esposa (http://is.gd/Mguazw); o, peor aún, aquel otro según el cual todo se debió a una confusión de la banda de Guerrero unidos (http://is.gd/yCEil5), presentado el 27 de enero con un video que recuerda aquella fabricación salinista (1993) para hacer creer que el cardenal tapatío Juan Jesús Posadas Ocampo había sido asesinado porque “lo confudieron con El Chapo”.

El documento ha revelado también que la autoridad se abstuvo de recabar pruebas videográficas de los hechos, que adulteró y luego descartó la línea de investigación derivada del quinto autobús tomado por los normalistas, que no recurrió a cateos y escuchas telefónicas autorizadas, que escondió durante 11 meses ropas y objetos personales de los desaparecidos, que dio más crédito a los dichos de los presuntos agresores que a los testimonios de los normalistas sobrevivientes, que descartó injustificadamente investigar a efectivos militares y de las policías Federal y estatal y que realizó, en suma, una pesquisa increíblemente desaseada y que ha porfiado en ello pese a las innumerables inverosimilitudes y fallas de sentido común señaladas con insistencia por científicos y organizaciones sociales.

O sea que, en el curso de la investigación, la autoridad encargada de procurar justicia ha incurrido ella misma en delitos de diversa gravedad que deben ser investigados y sancionados, a menos que el grupo en el poder se haya resignado a mantener en números rojos sus índices de credibilidad.

No puede dejarse de lado que el propio Peña Nieto ha dado por buenas en varias ocasiones las mentiras históricas de la PGR de Murillo y que sobre ellas ha construido discursos exculpatorios (recuérdese que en los primeros 11 días posteriores a la agresión sostuvo que ésta “no era su problema), posicionamientos demagógicos como las expresiones de supuesta empatía para con los familiares de los asesinados y desaparecidos y exabruptos cínicos, como aquel ya supérenlo formulado en Coyuca de Benítez a principios de diciembre. De esta manera, ha contaminado su presidencia, de por sí tocada por escándalos como la compra de votos en 2012 y las casas blancas, con una investigación que más parece una trama delictiva con propósitos de encubrimiento que una simple suma de estupideces burocráticas y policiales.

Falta, desde luego, saber a ciencia cierta qué pretende encubrir el sórdido desempeño de la PGR en el caso de Iguala: si la participación de elementos militares y policiales en la atrocidad del 26 de septiembre de 2014, si la madeja de complicidades entre autoridades de los tres niveles y la delincuencia organizada o si ambas cosas, o algo más.

Entre el grotesco desfiguro que significaría interrumpir de un manotazo la labor del GIEI en el país o resignarse a la perspectiva agónica de que este equipo termine por sacar a la luz lo que falta, el peñato opta por la salida de ganar tiempo y pretender que su investigación y el informe de los expertos independientes no sólo no son mutuamente excluyentes sino que hasta resultan compatibles. Eso explica los malabares y funambulismos de un régimen que está pasando por horas y días amargos. No tan amargos, desde luego, como los casi tres años que la población lleva de padecerlo.

Pedro Miguel

navegaciones.blogspot.com

Twitter: @Navegaciones

 

Palabras clave:México  Ayotzinapa  tragedia de Iguala  normalistas rurales  informe  Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI)  Peña Nieto  mentiras históricas  insostenibilidad  versión gubernamental  Luis Hernández Navarro  Pedro Miguel  

 

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