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20 septiembre 2018 - 18:34
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México: "En pie de lucha"

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john_ackermanbisBis1Juan Armando Hinojosa no solamente construye casas, sino que también las destruye. Gracias a la generosidad del compadre de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera hoy puede pasear tranquilamente por su millonaria “Casa Blanca” probando vestidos y perfumes extravagantes y de mal gusto. Y debido a la ambición y la avaricia del mismo empresario con cientos de millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con los #PanamaPapers, el dirigente otomí Armando García Salazar ya no tiene dónde pasar la noche. 

El pasado lunes, 11 de abril la maquinaria pesada de la empresa Autovan, filial del Grupo Higa, avanzó en contra de los pobladores de Xochicuautla con el fin de limpiar el camino para la construcción de una nueva carretera de cuota en beneficio de las cuentas bancarias de Hinojosa. Los empleados de la constructora actuaban en violación de una suspensión judicial que tiene detenida las obras en defensa de los derechos de los pobladores de la zona. Pero la ley importa poco cuando se cuenta con el respaldo de la fuerza despótica del Estado neoliberal. 

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Cientos de granaderos del Estado de México armados con la recién aprobada “Ley Atenco”, que legaliza la violación generalizada de los derechos humanos de manifestantes y activistas sociales, acompañaron a los trabajadores de la empresa de la construcción. La empresa primero aplastó el campamento de “la digna resistencia” del Frente de Pueblos en Defensa de los Recursos de la Madre Tierra, para después pasar a destruir la casa de García Salazar y de otros pobladores de la zona. Mientras, los policías repelieron con la fuerza a los habitantes que querían ingresar a su propiedad. 

Llama la atención la inversión total de la historia en comparación con el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador en 2005. En aquella ocasión, también se buscaba construir una carretera, pero tanto las circunstancias como las consecuencias fueron radicalmente diferentes. Hace una década el predio era propiedad de un empresario poderoso, el camino tenía el objetivo de facilitar el acceso a un hospital y el Jefe de Gobierno no violó amparo alguno porque había suspendido por completo la obra. Aun así, se utilizó toda la fuerza del Estado y de los medios de comunicación para descalificar, desaforar y enjuiciar al popular político tabasqueño con el fin de desencarrilar su eventual candidatura presidencial. 

Hoy ocurre todo lo contrario. Si bien Eruviel Ávila, Hinojosa y Peña Nieto se han visto obligados a suspender temporalmente su obra, no habrá ninguna consecuencia mediática o jurídica de las graves violaciones ya cometidas en agravio al pueblo de Xochicuautla. Se ratifica una vez más el doble estándar autoritario de los poderes mediáticos y judiciales con respecto a la aplicación de la ley. 

Como ha señalado Jenaro Villamil en estas mismas páginas, llamó la atención que en el mismo momento en que ocurría el desalojo ilegal de los indígenas Otomís de sus tierras en el Estado de México, Peña Nieto paseaba con el Presidente de Alemania, Joachim Gauck, presumiendo las piezas olmecas exhibidas en Berlin como parte del “Año dual México-Alemania”. La simultaneidad de estas dos acciones captura con gran elocuencia la profunda hipocresía que caracteriza al gobierno actual. 

El próximo día, el martes 12 de abril, ocurrió otra coincidencia esclarecedora. En el mismo momento en que el presidente mexicano presumía con los gobiernos europeos su supuesto respeto por los derechos humanos, uniformados procedían a desalojar violentamente a los normalistas de Michoacán que protestaban por la falta de pago de becas y de gastos operativos para las ocho escuelas normales de la entidad. Con gran valentía, los normalistas reclaman el pago de un monto, 8 millones de pesos, que equivale menos de una docena de spots gubernamentales en Televisa y una pequeña fracción del costo del nuevo avión presidencial. 

Pero los normalistas de Michoacán no son compadres del presidente. Así que en lugar de acceder a sus demandas, el gobernador del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles, recibió la orden de reprimir a los activistas sin piedad alguna. Recordemos como apenas hace unos meses, en diciembre de 2015, Aureoles envió docenas de normalistas a la cárcel como presos políticos en castigo por su dignidad rebelde. 

El próximo día, miércoles, 13 de abril, un grupo de indígenas tarahumaras clausuraron el aeropuerto Barrancas del Cobre en la ciudad de Creel, Chihuahua en protesta por el incumplimiento de una sentencia judicial que demanda una reparación de daño a la comunidad por el daño ambiental y social generado por la construcción del aeropuerto. Los indígenas reclaman acceso a agua potable, el saneamiento de dos ojos de agua, reforestación y la liberación de veredas naturales que les permiten acceso a escuelas, hospitales y otros servicios públicos. Denuncian que lo único que han recibido de parte de las autoridades han sido pretextos y tácticas dilatorias. 

Cada día el pueblo tolera menos los abusos del poder gubernamental y de una economía controlada por una mafia de compadres. La tasa de aprobación para el Presidente de la República hoy se encuentra en su punto más bajo en las últimas décadas y cada vez menos personas creen que el país “va por buen camino” (sólo 13% de acuerdo con el último sondeo del periódico Reforma). 

Los mexicanos están despiertos y se encuentran en pie de lucha a lo largo y ancho del territorio nacional. Ya inició el proceso de relevo político tan necesario para salvar a la patria.

John M. Ackerman جُون م. آکِرمان para la Pluma, 11 de abril de 2016

www.johnackerman.blogspot.com

Twitter: @JohnMAckerman

Publicado en Revista Proceso No.2059, 18 de abril de 2016

Artículos de John Ackerman publicados por La Plum

 

Palabras clave:México  Xochicuautla  Enrique Peña Nieto  Grupo Higa  Estado neoliberal  violacion generalizada de los DDHH  represión manifestantes  acitivistas sociales  abuso de poder  “Ley Atenco”  medios de comunicación  destrucción de viviendas  manifie  

 

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