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Colombia FARC-EP: De las armas a las palabras

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Colombia: nuevo acuerdo de paz será firmado el 24 de noviembre Comunicado

Por nuestra parte queremos decirlo con convicción: Si hemos venido a la política es para quedarnos, para influir en ella, para transformarla. Vamos de las armas a las palabras

Señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Señores expresidentes Pepe Mujica y Felipe González Saludo en la distancia a Jean Arnault, delegado del Secretario General de NNUU para el proceso de paz en Colombia…

De las armas a las palabras

Cordial saludo a los mandos de las Fuerzas Armadas, anfitriones de este certamen. 

Hoy estamos dando inicio a la segunda fase del proceso de Dejación de Armas en el Departamento del Cauca donde antes hubo guerra y ahora florece la esperanza. Esta tierra ha abierto, generosa, los pliegues de sus cordilleras para iniciar el vuelo de nuestro sueño colectivo de reconciliación. 

Ayer en la Comisión de implementación CSIVI, con Juan Fernando Cristo, Rafael Pardo y Sergio Jaramillo, realizamos el balance de la actividad del pasado 7 de junio, día en que las FARC completó el almacenamiento del 30% de sus armas en los contenedores de Naciones Unidas, honrando así la palabra empeñada.

No es un hecho desconocido por la opinión nacional que existen compromisos de las partes que deben ser cumplidos para que el tránsito crucial de las armas a la política se surta sin sobresaltos.  La mencionada reunión de balance proseguirá el próximo jueves para extraer de ella los argumentos concretos que permitan decirle a los guerrilleros congregados en las 26 zonas y puntos transitorios de Normalización, que el cumplimiento de los compromisos por parte del Gobierno, indican que hay que continuar la tarea.   

Señor Presidente Juan Manuel Santos: nos ha dado usted su palabra que cumplirá lo acordado con las FARC, que está jugado con la paz y la reconciliación de Colombia… desde aquí, desde la Base Aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali, le decimos que creemos en su compromiso.

Usted tiene en sus manos la potestad constitucional del manejo exclusivo de la paz y puede usarla para defenderla si fuere necesario.  Asistimos a una historia de medio siglo de confrontación en que el Estado estuvo cohesionado para hacer la guerra y aplastar la resistencia del pueblo en armas.

Ahora aspiramos a que esa cohesión y persistencia se oriente a que todas las ramas del poder público, toda la institucionalidad, se conjuguen en colaboración armónica para construir la paz.  Existe una amenaza de hacer trizas el proceso y la Jurisdicción Especial para la Paz que no podemos desestimar, porque la consumación de tal despropósito puede empujar nuestra reconciliación al abismo del fracaso. Algunos actores institucionales ya tienen alieneados sus órganos de puntería contra ella argumentando presupuestos deleznables, como la sustitución de la Constitución.  Otros, en medio de la exacerbación de la guerra sucia, se atraviesan en la concreción del compromiso de poner en marcha la Unidad Especial de lucha contra el paramilitarismo porque quieren, y ojalá Dios no, proteger a terceros involucrados en el conflicto. Ni rajan ni prestan el hacha: no hacen nada para combatir el paramilitarismo y al mismo tiempo se oponen a la Unidad Especial, que es una institución autónoma subsidiaria, que solo actúa si la Fiscalía no lo hace.

Estos mismos enemigos de la concordia, solamente para trivializar el hecho extraordinario de la Dejación de armas, se inventaron el distractivo de que ahora hace falta la entrega de la chequera, y sobre bases pantanosas sostienen, que con la creación del fondo fiduciario que cobijará a las víctima y a la reincorporación, lo que se producirá es una operación de blanqueo de dinero, sin tomar en cuenta el hecho incontrovertible de que nadie en las FARC ha luchado 50 años para generar riquezas personales. En este contexto ya está en marcha una cacería de brujas persiguiendo judicialmente los bienes de los campesinos.   Hoy, el mayor problema que siembra incertidumbres en la implementación de los acuerdos, es la inseguridad jurídica.

Presidente, como en ningún otro proceso de paz en el mundo, avanza de manera lenta, lentísima, la aplicación de la Ley de amnistía aprobada hace 6 meses por el Congreso de la República, cuando la excarcelación de combatientes sin tanta dilación, debió constituirse en incentivo para acelerar el paso de la insurgencia a la actividad política legal. 

La reincorporación económica y social no posee aún el músculo y la institucionalidad que ella demanda, más allá de medidas básicas para resolver aspectos en extremo básicos de los individuos, que responden a una política de asistencia. La dimensión estructural de la reincorporación -que solo puede ser provista con las condiciones propias de una economía estable- está precariamente dibujada. Aún hay insólitas resistencias para darle tierras a los guerrilleros y guerrilleras que pronto dejarán de serlo, a fin de realizar sus proyectos productivos. Y nuestra seguridad física, no cuenta aún con las condiciones básicas. Ni jurídicas, ni de organización institucional. Todo está en trámite.  

En este proceso la preocupación central no puede ser solamente la del destino de las armas, sino la del destino de los hombres y mujeres que comienzan a dar sus pasos hacia la construcción de un nuevo país. De ahí la necesidad fundamental de definir las soluciones para la reincorporación socio-económica, que no es otra cosa que la tierra, la vivienda, la salud, la educación, la solución de las necesidades básicas que posibiliten vida digna en un país reconciliado.  Demostrado está que el 82% de los acuerdos de paz firmados en el mundo entre 1989 y 2012, que solo incluían medidas de desarme, no fueron exitosos. Nuestra experiencia no puede ser la del fracaso. 

No ayudan para nada los debates que con cuestionable intención se instalan en los medios de comunicación para poner en duda nuestra indeclinable voluntad de cumplir con todo lo acordado. No sólo dejan dudas en la opinión pública, que se construyen sobre falsedades o medias verdades; también nos generan inquietudes acerca de si hay una orquestación en curso para buscar someternos a la justicia penal y justificar la extradición por parte de sectores que quieren impedir la concordia nacional. 

La persistencia de grupos paramilitares, y el asesinato de líderes sociales, confirma que la implementación temprana de los acuerdos transcurre en un contexto por demás difícil. Pese a todo ello, estamos avanzando porque existe voluntad y decisión política, que en términos generales se la reconocemos al Gobierno. 

Aunque el camino que transitamos es tortuoso y lleno de obstáculos, vamos hacia adelante, con la firme convicción de que estamos iniciando una nueva página en la historia de nuestro país. Presidente, no le fallemos a Colombia. Por nuestra parte queremos decirlo con convicción: Si hemos venido a la política es para quedarnos, para influir en ella, para transformarla. Vamos de las armas a las palabras.

Estado Mayor Central de las FARC-EP, 12 de junio de 2017

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Palabras clave:Colombia / FARC-EP / Juan Manuel Santos / Dejación de armas / Proceso de paz / Cumplimiento / Compromiso / Verdad / Política  

Actualizado ( Sábado, 17 de Junio de 2017 21:14 )  

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